Estrasburgo señala la trama rusa y el papel de Boye

El Parlamento Europeo, ese santuario en el que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí iban a mostrar al mundo que España era una sangrienta tiranía opresora de catalanes, se ha convertido en un potro de tortura para el independentismo. La mayoría de la cámara de Estrasburgo no le compra el mensaje a Puigdemont. El mundo es muy grande y a la vez, muy pequeño. La internacionalización del "Procés" ha acabado por definir un contexto de grises en el que España no es una dictadura, no todos los catalanes son independentistas y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia ocupado en restañar el honor perdido en el maletero de un coche prestado.

La eurocámara quiere que se investiguen (más) las conexiones del independentismo con el régimen de Vladimir Putin. Las injerencias rusas no se toman a broma en el centro de Europa, a diferencia de lo que ocurre aquí, donde se trata por todos los medios de convertir el asunto en una trama de Mortadelo y Filemón. Pero la estrategia no acaba de funcionar. Igual que eso de meterse con los jueces.

Las relaciones entre nacionalistas y peligrosos elementos rusos viene de antiguo. "Las pruebas de los contactos de Rusia con el nacionalismo catalán que empezaron antes del 'próces' y tienen vínculos con el 3%", apunta un titular de El Mundo que responde a una información de Iñaki Ellakuría: "La presencia de elementos cercanos a Putin en Cataluña, vinculados y a veces indistinguibles de grupos criminales, empieza a ser detectada por los servicios de inteligencia occidentales y las autoridades españolas a mediados de los noventa y están vinculados principalmente a la corrupción política y urbanística para el blanqueo de dinero. Un informe del Partido Demócrata norteamericano, que presentó en el Congreso en 2017, sitúa el desembarco en España de miembros destacados de la mafia de San Petersburgo, del clan Tambov, a finales de la década de los noventa, con Gennady Petrov como capo e instalando su residencia en Mallorca y su campo de operación en Barcelona. El informe asegura que Petrov tenía contactos directos con el círculo de Putin y especialmente con el entonces ministro de Defensa, Anatoly Serdiukov, y con el diputado y líder del partido putinista, Vladislav Reznik".

Sigue Ellakuría: ""La mafia rusa se ha mostrado muy activa en Cataluña desde hace años, construyendo una red de influencia y contactos con políticos y empresarios e intentando sacar partido de la rivalidad y tensiones entre las autoridades regionales y nacionales", apunta el informe norteamericano. Uno de los contactos políticos de la red Petrov es Xavier Crespo, destacado diputado de CiU y alcalde de Lloret de Mar hasta 2015. Año en el que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a nueve años y medio de inhabilitación en su cargo por soborno y prevaricación, al crear con el concejal Xavier Valls un entramado de favores y sobornos para facilitar obras a las empresas de Petrov en la localidad costera. Esta relación tan estrecha entre intereses geoestratégicos y económicos del Kremlin con el nacionalismo catalán va en aumento a medida que el independentismo gana fuerza y se convierte en una amenaza para la estabilidad política de España y la Unión Europea. El informe del Partido Demócrata, citando fuentes de inteligencia, señala que Rusia vio en una Cataluña independiente "como la base para penetrar en otras partes de Europa, donde sus actividades de negocio se han visto restringidas por las sanciones aplicadas por las autoridades de la UE y EE.UU."".

A todas estas, Puigdemont decidió no asistir ayer a la sesión del parlamento europeo en la que se ahondó en los contactos con el putinismo. A cambio, envió una carta cargada de ataques contra el PP, los jueces, Aznar y hasta la propia cámara europea. "Puigdemont denuncia una persecución judicial: “Si hubiéramos apoyado a Feijóo, esto no pasaría”", titula al respecto El Diario. El texto es de Irene Castro: "“Si hubiéramos hecho a Feijóo presidente, todo esto no pasaría”. Es el mensaje que ha dejado Carles Puigdemont al resto de eurodiputados, a los que ha enviado una carta en la que denuncia una persecución judicial. La misiva la ha enviado el mismo día en que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que vuelve a señalar los lazos del independentismo catalán con el Kremlin y piden a las autoridades españolas una investigación sobre las presuntas injerencias rusas. El expresidente catalán compara en esa carta la investigación que está llevando a cabo un juez instructor en Barcelona con la “conspiración del 11M” y aprovecha para relatar todas las “coincidencias” judiciales con acontecimientos relacionados con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez o el proceso de aprobación de amnistía".

Líneas después Castro escribe que "Puigdemont continúa con su relato sobre la “dura reacción” de la derecha y la extrema derecha en lo que considera que ha llegado a niveles “inimaginables” de crispación con “manifestaciones semanales, acoso en las sedes del Partido Socialista y llamamientos a la desobediencia”. El siguiente “espectáculo bochornoso” del que acusa a la derecha es la comparecencia de Sánchez precisamente en la Eurocámara con motivo de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE".

La campaña de las elecciones gallegas tapa las negociaciones entre socialistas y juntaires para desencallar la proposición de ley de la amnistía. En La Razón, sin embargo, tratan de alumbrar la situación. "El abogado de Puigdemont tumba los gestos de Sánchez" se titula la última entrega de Carmen Morodo sobre el minuto y resultado de la cosa: "El pesimismo se ha instalado en las filas de Junts porque cada vez ven más cerca la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo por parte del Tribunal Supremo. La defensa del expresidente, el abogado Gonzalo Boye, es el que está exigiendo que se condicione la negociación desde la posición más dura, en continuidad con el pulso que ha mantenido desde el principio con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre las excepciones que incluye la ley de amnistía para los casos de terrorismo. Boye siempre ha defendido que no hubiera ninguna excepción, y Junts responsabiliza a Bolaños de que la ley haya encallado y de que se haya dejado espacio a los jueces y a los fiscales para complicar el camino a Puigdemont y al más de un centenar de independentistas vinculados a Tsunami Democràtic".

Continúa la pieza: "Los guiños que está lanzado Moncloa, como acotar los tiempos de instrucción, han sido directamente torpedeados por Boye, y la reforma del Código Penal, de la que se llegó a hablar, no echó a andar porque en Moncloa tomaron cuenta rápidamente de que conllevaba el mismo riesgo que la ley del «solo sí es sí», con el agravante de que esta vez, en vez de violadores, empezaran a verse beneficiados condenados por terrorismo sin delitos de sangre. Puigdemont se siente engañado por Sánchez, y la votación en el Parlamento Europeo que avala la decisión de investigar la trama rusa del «procés», con los votos a favor del PSOE, es leída como una traición de los socialistas, pero provocada por la necesidad de evitar la represión de la Comisión Europea. La manera en la que se está complicando el escenario europeo y también judicial está llevando a que dirigentes de Junts empiecen a pensar que Sánchez les está metiendo en un callejón sin salida".

¿Un callejón sin salida? Pero si lo único que tenían que hacer era votar a favor de la ley de amnistía. Es la maldición del faraón. Igual que cuando Puigdemont pudo evitar el 155, la fuga y la cárcel convocando elecciones autonómicas y decidió echarse al monte por un tuit de Rufián.

A todas estas, el sector inmaculado, puro y levitante del independentismo encarnado en la solemne figura de Lluís Llach ha decidido reprochar a Puigdemont que pactara con Sánchez la investidura. De modo que el cantautor ha dejado al prófugo entre reproches sobre la institucionalidad rota del consell de la república. Al respecto escribe Marcos Lamelas en El Confidencial que "la marcha de Lluís Llach del Consell de la República, la manera en que se ha explicitado y la distancia que el cantante ha puesto con Carles Puigdemont elevan aún más la presión sobre el expresident para tumbar el proyecto de ley de amnistía. La dimisión de Llach y sus declaraciones a favor de una lista alternativa para el independentismo ponen a Puigdemont ante una revolución de los más radicales del movimiento, cuyos signos ya llevaban meses produciéndose. Esas primeras señales habían acontecido en los grupos parlamentarios. Primero fue la exconsellera Clara Ponsatí, que abrió fuego contra Puigdemont el pasado mes de julio en el Parlamento Europeo acusándole de mentir a las bases. Luego fueron las diputadas en el Parlament Aurora Madaula y Cristina Casol, ambas del entorno de Laura Borràs. Madaula está de baja por depresión y Casol ha terminado expulsada en el grupo mixto".

Y: "JxCAT quiere operar como un partido, pero es más bien un movimiento. Ponsatí no militaba, pero se había presentado por Junts en las europeas. Las tres, Madaula, Casol y Ponsatí buscaron a la formación, pero podrían estar en la CUP. Igual que Llach, que siempre ha mostrado su simpatía por los anticapitalistas. Es el ala octubrista, donde también se encuentran Laura Borràs, Quim Torra o el exvicepresidente del Parlament Josep Costa. El drama es que todo apunta a que los más puigdemontistas ya no caben en JxCAT".

Por otra parte y en el Abc se destaca que la Audiencia de Barcelona avala el juicio contra 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas durante el 1-O. Del texto de Elena Burés: "La Audiencia de Barcelona ha rechazado todos los recursos de apelación y envía a juicio a 46 policías, procesados por las cargas del 1-O. En una interlocutoria, la Sección 3ª confirma así la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de la ciudad, que consideró que en la actuación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía hubo episodios de violencia «innecesaria» y «gratuita». Además, el juez Francisco Miralles apuntó, cinco años después de la votación, que existen indicios suficientes de que los funcionarios investigados habrían cometido delitos de lesiones y contra la integridad moral. En su auto, fechado este miércoles, 7 de febrero, el tribunal ha descartado imputar a más funcionarios, tal y como solicitaron las acusaciones populares, que ejercen Irídia y Òmnium Cultural, aunque también ha rechazado archivar la causa contra los imputados, como requirieron algunas defensas, con el apoyo de la Fiscalía. Una decisión que ha tardado más de un año en resolver y por la que no entra a valorar los argumentos de los diferentes recursos -medio centenar- porque son «idénticos en gran parte de su contenido»".

Más noticias. "La presidencia belga de la UE vuelve a poner la oficialidad del catalán en la cola", denuncia El Nacional. Escribe Joan Antoni Guerrero Vall: "La oficialidad del catalán en la UE, que hace meses parecía una posibilidad factible pronto, no consigue salir del bucle. Según informa la agencia ACN, los ministros de Asuntos Europeos de la UE no tienen previsto abordar este asunto en la reunión que harán el 20 de febrero. No tratarán la oficialidad del catalán, ni tampoco la del euskera y el gallego. El año pasado, a punto de acabar la presidencia española, se pensaba que este hito se alcanzaría, cosa que finalmente no fue así. Con la presidencia belga actual tampoco parece que las cosas vayan mucho mejor, aunque había unas expectativas puestas. La presidencia belga no está actuando con respecto al catalán mejor que la presidencia española, que había introducido la cuestión en todas las reuniones, si bien se trataba de un interés del Gobierno para facilitar los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. Desde enero, el catalán ha quedado fuera de las reuniones y se ha abordado solo desde un punto de vista técnico".

En el plano local de Barcelona, El País destaca que "La permanencia de Colau en el Ayuntamiento dificulta un pacto tripartito de izquierdas en Barcelona". La exalcaldesa se ha convertido en un "pongo" y nadie sabe qué hacer con ella. Primero sonó como ministra de Vivienda, pero dijo que no quería. Luego, como candidata en las europeas. Y también lo rechazó. Está en fase de búsqueda interior y exterior.

Siguen las protestas de los agricultores y La Vanguardia repara en que "Los supermercados temen una nueva crisis logística por las tractoradas de los agricultores". Escribe Fernando H. Valls: "Los supermercados encienden las alertas. La distribución teme que las tractoradas de agricultores provoquen problemas similares a los de marzo del 2022, cuando un paro del transporte paralizó centros logísticos de toda España y puso en jaque el reparto de alimentos. Entre aquellas concentraciones y las de esta semana hay una similitud: la primera mecha ha prendido a través de las redes sociales. Hoy (por el jueves) han comenzado las concentraciones de las organizaciones profesionales, Asaja, COAG y UPA. Los mismos camioneros que alentaron el colapso de hace dos años se suman, además, a los paros en los próximos días. Las grandes superficies de alimentación ya hablan de una “tormenta perfecta”".

9 de febrero, santoral: Apolonia de Alejandría, Alto, Ansberto, Marón, Miguel Febres Cordero, Rainaldo, Sabino obispo y Teliavo.