El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses más la instrucción del caso Volhov, que investiga el papel de la trama rusa sobre el presunto desvío de fondos públicos en Cataluña para sufragar el proyecto independentista.
En este caso se investiga, entre otros, al jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; al exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya, Víctor Terradellas; y al informático Jaume Cabaní.
El manuscrito de Tarradellas
El auto, al que ha tenido acceso Crónica Global, precisa que esta prórroga comenzará cuando finalice el actual plazo, el 27 de febrero, y se alargará seis meses más. El juez alega que la instrucción debe prorrogarse porque de esta “derivan las demás piezas separadas" de la Operación Volhov, "por si resulta necesario practicar más diligencias de pruebas comunes a las demás”.
Aguirre destaca una conversación entre Terradellas y David Madí, en el que el primero asegura que el expresidente Carles Puigdemont le había hablado de criptomonedas.
"Parece inferirse que la intención última es provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios de los que puedan disponer en la actualidad o en el futuro en criptomoneda con la finalidad de evitar las acciones de control de los poderes públicos, como así se desprende de la afirmación que el propio David Madí le aporta a Víctor Terradellas cuando le dice que ellos pueden prohibir la peseta, pero no pueden prohibir ir con bitcoins", ha asegurado el juez.
Aguirre también incluye en su escrito un manuscrito de Terradellas en el que aparece el nombre de Putin, Trapero, Artadi y MHP (Molt honorable president), aunque "hasta el momento, los investigadores no han podido aclarar la relación" entre los mencionados en el escrito.
Conexiones con Rusia
A quien sí se investiga es al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Alay, ya que constan acreditadas varias conversaciones entre él y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, "que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes" rusos, y varios viajes a Rusia.
El juez expone que esos contactos con personalidades rusas "se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella, cuando Terradellas ya no era el punto de contacto en el ámbito ruso" (al ser detenido) y fue sustituido por Alay.
Artadi también se reunió con emisarios rusos
También recuerda un episodio en el que emisarios rusos se reunieron con la exdirigente de Junts y persona de confianza de Puigdemont, Elsa Artadi, en el hotel Colón de Barcelona, para hablar de "bitcoins".
Artadi declaró en su testimonio en sede judicial que participó en dos reuniones con Terradellas y dos personas más, "cuyos nombres dijo desconocer", y que ella asistió por indicaciones que le habían dado de ir a escuchar y luego informar a Puigdemont.
"Estrechas relaciones" con la extrema derecha europea
El juez del caso Voloh considera además que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha de Alemania e Italia y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.
El juez cree que el entorno de Puigdement trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos" y concluye que Rusia tenía interés en el procés por su propósito de "desestabilizar la Unión Europea".