El preacuerdo entre PSC y ERC para investir la próxima semana a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, si las bases republicanas lo bendicen, implica que una “financiación singular” que implicará el desarrollo de un “nuevo sistema basado en una relación bilateral con el Estado” y un “incremento sustancial de la capacidad normativa y de la capacidad de gestión que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat”. Así lo indica la letra pequeña del pacto que ha trascendido casi 14 horas después de que la portavoz republicana, Raquel Sans, avanzara los grandes avances.
Sí se defiende que la singularidad catalana será “compatible con la contribución equitativa al sustento del gasto del Estado”, ya que se apuesta por dar un primer paso hacia un “modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección, así como una gobernanza de las inversiones públicas desde Cataluña y para Cataluña”.
Más poder para la Agencia Tributaria Catalana
Para llegar a este objetivo, resulta capital reforzar la Agencia Tributaria Catalana (ATC), el verdadero instrumento de la llamada “hacienda catalana”. El preacuerdo suscrito implica que será una “prioridad” del Ejecutivo de Illa el desarrollo del nuevo sistema, que implicará que la Generalitat, al final, “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa con coordinación del Estado y la Unión Europea”. Sólo queden al margen los gravámenes locales.
De izquierda a derecha: el presidente catalán, Pere Aragonès; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la portavoz, Raquel Sans
También se define que la “aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos” y que la cuota de solidaridad tendrá que ser “explícita y se deberá reflejar de forma transparente”. La Generalitat se compromete a mantenerla, pero siempre con el límite puesto en el “principio de ordinalidad”.
Modificación de la LOFCA
Se implementará en 2025, cuando en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros Estado-Generalitat se trasladarán las “modificaciones legislativas necesarias” para cumplir con el objetivo.
Allí se “calendarizará el nuevo modelo de financiación”, que se iniciará con el “impulso de las modificaciones de la LOFCA, de la Ley de financiación de las autonomías y la Lei de cesión de tributos a Cataluña. En el sentido que sea necesario para “la implementación” del objetivo de la relación fiscal bilateral entre el Estado y la Generalitat.
IRPF, IVA de las pymes y de arrendamientos turísticos
En cuanto a los impuestos que se verán afectados en el preacuerdo para mejorar la “autonomía de gestión y espacio fiscal propio”, la ejecución empezará por el IRPF. Es una tasa que ya se gestiona de forma parcial desde la ATC, ya que es la encargada de limitar el tramo autonómico del gravamen; pero a partir de 2026 -la declaración de la renta de 2025- y la gestionará y ejecutará de forma íntegra.
A partir de aquí, se deberán lanzar propuestas de cómo la Generalitat asume la gestión de, como mínimo, otros dos impuestos. Se trata del IVA que abonan las pymes, que se asumirá “en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo”; y el IVA de arrendamientos turísticos, que tendrá a conocer qué dice sobre esta figura Bruselas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno en el que la Ley de Amnistía fue votada en el Congreso, el pasado 30 de mayo
“Cuando se apruebe la directiva europea, se establecerá en la ley del IVA un sistema de opción para que Cataluña pueda decidir la aplicación del impuesto de los arrendamientos turísticos en su territorio o en parte, cosa que permitirá determinar cuál es el régimen de atribución de la recaudación más oportuno”, reza el preacuerdo firmado por los socialistas y los republicanos.
Más recursos para Cataluña mientras se desarrolla
Y mientras el cambio fiscal no llega a buen puerto, ERC ha incluido en el preacuerdo de investidura una cláusula de transitoriedad que implica el “incremento sustancial de recursos” para “compensar los desequilibrios” del modelo de financiación actual. Además, define que la aportación al sistema estatal será el blindaje real de la “ordinalidad” y el fin de la infrafinanciación que, de no abordarse a nivel estatal a lo largo de 2025, requerirá “medidas compensatorias” para el territorio.
Asimismo, se reconoce que Cataluña ejerce un conjunto de “competencias singulares” que no tienen otros territorios y que en el cálculo de cómo se financian se tendrán en cuenta “todas las variables relevantes, como el incremento de la población en edad escolar o el envejecimiento”. También se creará un “consorcio para las inversiones” con el objetivo de revertir la baja ejecución de los proyectos del Estado.
200 millones en un año al "pacto nacional por la lengua"
El preacuerdo entre el PSC y ERC define Cataluña como “nación” donde el catalán es “lengua propia” y debe seguir siendo la “lengua común y de progreso”.
Salvador Illa, en el funeral de la escritora Rosa Regàs en Barcelona
En este sentido, y ante el “retroceso” de su uso social, el nuevo Govern se compromete a crear un Departamento de Política Lingüística; a aprobar y calendarizar, en los primeros 100 días de la legislatura, un Pacto Nacional por la Lengua dotado con 200 millones de euros para el primer año, y a “garantizar” que el catalán sea “la lengua de uso normal” de las Administraciones y de las instituciones catalanas tanto en las relaciones internas como en las comunicaciones dirigidas “a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán”.
Se mantiene y refuerza la inmersión lingüística
En el ámbito académico, el catalán debe ser la lengua “normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje”, así como la empleada para la acogida de los inmigrantes. Eso sí, PSC y ERC se comprometen a que el alumnado termine la etapa educativa obligatoria con la “competencia oral y escrita plena en catalán y en castellano”. Además, “la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza” estará basada “exclusivamente en criterios pedagógicos recogidos en el proyecto lingüístico de cada centro”, y nunca “a partir de parámetros impuestos”.
Mochilas de alumnos en clase
En esta línea, los profesores deberán acreditar un nivel C2 de catalán y se garantizará que “todos los graduados en universidades catalanas” en grados de salud, derecho, trabajos sociales, ciencias de la comunicación y otros asuman el nivel C1 “como competencia lingüística necesaria para atender a los usuarios del país”. Del mismo modo, se pretende establecer un calendario de capacitación del personal de los ámbitos de la salud y los derechos sociales para que puedan atender en catalán de forma activa.
Más audiovisual y extraescolares en catalán
También se comprometen a que el catalán sea la lengua utilizada en las actividades extraescolares y de deporte, de base y ocio, por medio del desarrollo progresivo de los Planes Educativos de Entorno en todos los municipios. Y que se garantice el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos; esto es, que se rotule y se atienda al menos en catalán.
Otro de los puntos indica la preocupación por impulsar el catalán en el audiovisual y el entorno digital, por lo que firman el aumento de películas y series producidas, dobladas o subtituladas en catalán, más cine en dicha lengua, más catalán en las plataformas, así como en las redes sociales, los videojuegos y las principales tecnologías.
Más ‘embajadas’ y selecciones catalanas
Por lo que respecta a la “proyección europea e internacional de Cataluña”, el PSC se compromete con ERC a que mantendrá el Departamento de Acción Exterior y ampliará la red de embajadas, “con especial atención en América Latina y Asia” y el refuerzo de la acción exterior en África. A partir de ahí, también hay la intención de que la Generalitat esté presente en la Unesco, la OSCE, la Unión por el Mediterráneo, así como que el audiovisual catalán esté en los entes reguladores europeos.
La 'consellera' de Acción Exterior y UE, Meritxell Serret, durante la visita a la Prefectura de Kyoto con el gobernador Nishiwaki y el vicegobernador Yamashita
Finalmente, “se continuará trabajando para el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos los niveles” y se promueva “la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas”. En este sentido, se creará una Oficina del Govern adscrita al Consell Català de l’Esport con estos cometidos, y que también defenderá la participación de Cataluña en aquellas modalidades en las que la federación autonómica se haya constituido antes que la nacional, “y de acuerdo con el arraigo social e histórico en Cataluña”.
Reconocimiento nacional sin referéndum
En clave de relato independentista, el documento rubricado por las cúpulas de ERC y PSC contempla la aplicación de la Ley de Amnistía como el hito que debe culminar “la tensión institucional y social” y abrir una nueva fase en las relaciones entre Cataluña y España, la cual debe articularse a través del diálogo y la negociación para resolver el conflicto político y abordar “el reconocimiento nacional de Cataluña”, así como explorar la “forma de vehicularlo institucionalmente y jurídicamente”.
El texto reduce las expectativas de convocar un referéndum de independencia pactado y dentro de los márgenes de la Constitución, tal como el Govern de Pere Aragonès estudió en abril, para confluir en la creación de una “convención nacional para la resolución del conflicto político” e “impulsar el debate”. Dicha comisión estaría presidida por un representante de Esquerra, de ella formarían parte los grupos parlamentarios y su objetivo final sería el de presentar en el hemiciclo sus conclusiones sobre la materia.
Pedro Sánchez y Pere Aragonès
El documento expone que la investigación académica que ha realizado la Generalitat en los últimos meses “constata la necesidad de dar voz a la ciudadanía para conocer sus preferencias sobre la organización territorial”. Pese a que los firmantes no se comprometen a que la cuestión territorial llegue a las urnas, sí plantea que los acuerdos alcanzados “sean refrendados por la ciudadanía” y “favorezcan la creación de un consenso sobre el futuro de Cataluña”.
Coexitencia institucional
Según el diagnóstico en el que PSC y ERC han confluido, el conflicto que ahora se comprometen a solucionar nace de “las dificultades de encontrar un reconocimiento nacional satisfactorio para la ciudadanía de Cataluña en la estructura institucional y el ordenamiento legislativo del Estado”. También sitúa el punto de inflexión que ha conducido a la situación actual la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló parte el Estatuto de Autonomía.
En este sentido, ambos partidos reconocen como “imprescindible en toda democracia avanzada” la coexistencia de la legitimidad parlamentaria y popular de Cataluña, con la misma legitimidad institucional y constitucional del Estado.
Reindustrialización
Otra de las grandes carpetas del preacuerdo es la que hace referencia a dar "continuidad", tal y como han descrito desde ERC, al mandato de Pere Aragonès. Elpunto de partida empresarial del futuro Govern pasa por dar continuidad a las políticas de reindustrialización de la consejería de Empresa y Trabajo liderada por Roger Torrent. Todo, con el objetivo de llegar a un peso industrial del 25% del PIB catalán en 2030.
Imagen del consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent
Como novedad, el acuerdo da mayor protagonismo al concepto de proyecto estratégico. En fiscalidad, la propuesta principal es el mantenimiento del impuesto de sucesiones y el de patrimonio en los actuales tipos. Para revertir la burocracia y fortalecer el sistema público, los firmantes aprueban una futura ley de organización de la administración y el resto del sector público.
Más presencia en la gestión de El Prat
El futuro del aeropuerto de El Prat ocupa una parte destacada de la carpeta de movilidad. El documento mantiene la reivindicación de un papel “determinante” para la Generalitat en los órganos de gestión de los equipamientos aeroportuarios.
En este sentido, pese a reforzar el peso de la vigente comisión técnica Estado-Generalitat, las dos partes validan todas las reformas legales necesarias para dar autoridad a dos nuevos organismos: el Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña y la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. Más allá de la gestión, las dos organizaciones también nacen con el objetivo de agrupar las competencias de la Generalitat relacionadas con el mundo aéreo.
Imagen de la T1 del Aeropuerto de El Prat
No se hace referencia a la reciente ampliación de la Zona Especial Protegida para Aves (ZEPA) del Delta de Llobregat aprobada en el último Consejo Ejecutivo del Govern en funciones. La iniciativa biológica bloquea, de facto, la ampliación de la infraestructura y ha generado oposición incluso entre las agrupaciones locales de ERC de la zona.
Completar el traspaso de Cercanías y mejorar el transporte
Sin dejar el aeropuerto, ERC y PSC mantienen que una futura ampliación de las instalaciones debe respetar las leyes medioambientales y, a la vez, garantizar la viabilidad del desarrollo del Puerto de Barcelona. Respecto de la movilidad, a corto plazo, el objetivo pasa por completar el traspaso de Cercanías con las inversiones complementarias pertinentes. Además de Barcelona y su área metropolitana, el documento también prioriza la implantación de un sistema ferroviario en el resto del territorio (Tarragona, Costa Brava, Pirineo y Ebro).
En el ámbito energético, el acuerdo recoge la consolidación de la empresa pública L’Energètica como el elemento tractor del nuevo modelo energético catalán. Siempre con el protagonismo del autoconsumo y las comunidades energéticas.
En clave climática, el futuro gobierno de la Generalitat debe asumir el reto de que, en el 2030, Cataluña se pueda abastecer a partir de las infraestructuras de agua regenerada, sin depender de ningún trasvase. Con el recuerdo de la crisis de la sequía aparece el compromiso de completar las inversiones estructurales para evitar futuras situaciones de emergencia.
Seguridad y 50.000 pisos
En materia de seguridad se mantiene la voluntad de realizar una convocatoria anual de 900 plazas de Mossos d’Esquadra para cumplir el objetivo de llegar a un cuerpo de 22.000 agentes en seis años. Se sigue el mismo camino con nuevas convocatorias en los cuerpos de bomberos y agentes rurales.
Agentes de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo
Con la denominación de la Cataluña justa, esta carpeta trata los proyectos de vivienda, educación, salud, derechos sociales y cultura. En el primer ámbito, hasta el 2030, la Generalitat deberá construir 50.000 pisos para resolver las necesidades actuales.El pacto detecta la necesidad de incrementar los esfuerzos para la regulación de los alquileres de temporada y las viviendas de uso turístico.
Educación y pobreza energética
En educación se quiere llegar a la gratuidad para la etapa 0-3, el avance del calendario escolar y la eliminación del concierto para los centros que segregan por género.
El refuerzo de la oficina de la pobreza y energética o la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios monopolizan el capítulo de salud y derechos sociales. El futuro ejecutivo de Salvador Illa también se compromete a mantener el departamento de Igualdad y Feminismos.
Las bases de ERC votan el viernes
Una vez conocida la letra pequeña del pacto, queda esperar que las bases de ERC se pronuncien sobre el texto. Cerca de 8.700 afiliados podrán votar de forma remota o presencial el próximo viernes. Hasta entonces, la investidura del socialista sigue en el aire.