La vía libre a la impunidad a los delitos de malversación de caudales públicos cometidos en el procés secesionista de Cataluña ha abierto la veda para que los numerosos dirigentes nacionalistas condenados por ello se acojan a la recién aprobada Ley de Amnistía. Entre ellos se encuentra el exconseller de Interior, Miquel Buch (Junts), que tras haber sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por ese motivo, ahora argumenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no se lucró al haber fichado como asesor de su conselleria a un mosso al que hizo ejercer de escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mientras éste estaba fugado en el extranjero.

Buch, según han informado a EFE fuentes judiciales, ha pedido que se extinga su responsabilidad penal porque cree que no concurre ninguno de los supuestos de exclusión para que no se le aplique la amnistía, dado que su sentencia no describe afán de lucro personal y los hechos encajan a su juicio en el perdón.

La decisión, el 25 de julio

La sala de apelaciones del TSJC, que tiene pendiente de resolver el recurso que Buch y el del exescolta de Puigdemont Lluís E. interpusieron a su condena, se reunirá el próximo martes, 25 de junio, para deliberar y votar si se trata de un caso amnistiable.



En septiembre del pasado año, la Audiencia de Barcelona condenó a Buch por malversación y prevaricación, los mismos delitos por los que impuso cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación al exsargento de los Mossos Lluís E., que en 2017 ayudó a huir de España a Puigdemont y que en los 224 días que fue asesor en la conselleria de Interior, entre 2018 y 2019, cobró 52.712 euros de fondos públicos.

Según la condena, tras la etapa de aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuando Buch fue nombrado conseller de Interior en el Govern de Quim Torra, fichó como asesor a Lluís E. para que pudiera seguir prestando servicios de seguridad a Puigdemont, que estaba huido de la justicia española.

Argumentos de la defensa: fue un gasto del 'procés'

Para que le apliquen la amnistía, Buch esgrime, según las fuentes, que los hechos probados de su condena detallan una conducta consistente en prestar asesoramiento, protección o seguridad a Puigdemont, por lo que están vinculados al proceso independentista.



Por este motivo, la defensa de Buch insiste en que no concurre en su caso ninguno de los supuestos de exclusión de la ley de amnistía y también descarta que la malversación por la que fue condenado no pueda ser perdonada porque la sentencia no describe afán de lucro personal.



Buch alegó en el juicio que no malversó, justificó el fichaje del mosso porque le necesitaba como asesor, y negó que lo contratara para que siguiera haciendo de escolta de Puigdemont, por lo que recurrió su condena, al considerar que en este caso era más importante que él fuese independentista y no lo que hizo o dejó de hacer mientras era conseller.

"Persecución política"

También recurrió la condena el exsargento -que ya no forma parte del cuerpo de los Mossos-, alegando que sufrió un proceso de "persecución política" al dar por hecho que había sido castigado sin pruebas por haber ayudado a Puigdemont a abandonar España el 29 de octubre de 2017, tras su destitución por el artículo 155.



Al estar recurrida la sentencia de la Audiencia de Barcelona, es la sala de apelaciones del TSJC -que debe resolverlos-, la que, siguiendo lo establecido por la ley de amnistía, decida si les aplica el perdón.

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