Xavier Vendrell, tras declarar por su detención a raíz del 'caso Voloh'

Xavier Vendrell, tras declarar por su detención a raíz del 'caso Voloh' Cedida

Política

El 'exconseller' Vendrell dice que la trama rusa del 'procés' fue "una conversación de bar" y pide la amnistía

El exmandatario de ERC reclama beneficiarse de la ley de impunidad concedida por el Gobierno ya que, según dice, alusiones como la posible ayuda de "10.000 soldados rusos" no supusieron ninguna amenaza "efectiva y real" para España

19 junio, 2024 20:19

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El exconseller de la Generalitat de Cataluña Xavier Vendrell (ERC) ha quitado importancia a la trama rusa del procés secesionista de Cataluña esgrimiendo como argumento que se basa en una "conversación de bar" a la que no da ninguna credibilidad -a pesar de haber participado en la misma-. Y por ello reclama beneficiarse de la Ley de Amnistía concedida por el Gobierno ya que, según dice, no supuso ninguna amenaza "efectiva y real" para España ni se avisó a Defensa de ningún riesgo potencial.


Así lo sostiene el dirigente ultranacionalista en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el cual pide al juez del caso Voloh, Joaquín Aguirre, que le amnistíe al concluir que "en ningún caso" se ha identificado en esta pieza el "menor atisbo", ni "remotamente", de que la injerencia rusa supusiera una "amenaza efectiva y real" o un uso efectivo de la fuerza contra la integridad de España.

Alta traición

La amenaza efectiva y real o el uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial son, de hecho, las dos únicas excepciones que prevé la Ley de Amnistía para que el delito de alta traición no sea perdonado.


"Si alguien hubiese pensado que la cuestión rusa (con fuerzas militares de por medio) tenía la menor credibilidad, la reacción sin duda hubiese sido otra. No consta advertencia alguna al Ministerio de Defensa o a la Agencia Europea de Defensa, acerca de ese potencial aunque en realidad inexistente riesgo", apunta Vendrell.

Pocos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, la Audiencia de Barcelona impidió al juez del caso Voloh seguir investigando las conexiones del secesionismo catalán en Rusia en busca de apoyos para el procés, en una causa que apuntaba al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por delito de alta traición.

10.000 soldados rusos para el golpe secesionista

Vendrell, miembro del "Estado mayor" del referéndum ilegal del 1-O de 2017 -y firmante del reciente manifiesto de ERC que pide la renovación de la cúpula del partido-, asegura en su escrito que la pieza sobre la injerencia rusa en el procés se basa en una "conversación de bar", en alusión a una reunión que mantuvo con el exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, en la cual éste hablaba de intentar obtener la ayuda de "10.000 soldados rusos" a su causa secesionista, según se le escucha decir en dicha charla interceptada por los cuerpos de seguridad del Estado.


Según el exconseller, la cuestión de los "soldados rusos" es únicamente un "aderezo efectista" en la causa, en la que, desde que se abrió la investigación no se ha acreditado a su juicio la injerencia de un Estado extranjero con motivo del proceso independentista catalán.

Quita importancia al contenido de la grabación

En este sentido, Vendrell opina que durante los casi cuatro años de investigación, la cuestión de los soldados rusos o de la injerencia rusa "no ha motivado ni una sola diligencia de investigación", lo que a su juicio "permite concluir rotundamente que nadie interpretó" que se tratara de "una amenaza efectiva y real en contra de la integridad territorial o la independencia política de España".


Por este motivo, insiste que este caso es de "perfecto encaje" en la amnistía, ya que a su modo de ver no se dan las excepciones fijadas en la ley para excluir su aplicación en los delitos de alta traición.

Vendrell recuerda además que la conversación que mantuvo con Terradellas -en la que este aludió a la posible ayuda de los soldados rusos a su causa ultranacionalista-, llegó a manos de los investigadores en diciembre de 2018 y que no fue hasta agosto de 2019 cuando la Guardia Civil la incorporó en un informe que entregó al juez, lo que cree que también demuestra que no se le dio "ninguna credibilidad".