Los policías imputados por el 1-O piden ser amnistiados

Una decena de agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona han pedido al juez instructor que les aplique la amnistía porque "en ningún caso" cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes, las dos excepciones que fija la norma de gracia para quedar fuera del perdón.

Así lo han solicitado los abogados de 9 de los 41 agentes del CNP que están siendo investigados por el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona por su intervención el 1-O para evitar el referéndum ilegal. 

Actuaron de acuerdo con la constitución 

Los policías, representados por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats de la Ciudad Condal, solicitan al juez que, en virtud de la ley de amnistía --publicada este martes en el BOE-- archive su procedimiento y extinga su responsabilidad criminal. Según su relato, "las exclusiones fijadas en la ley de amnistía no son aplicables a los hechos que se les atribuyen".

El escrito destaca que "prácticamente la totalidad" de los policías que intervinieron en el 1-O en Cataluña lo hicieron en defensa de la legalidad y del orden constitucional, "en cumplimiento de sus funciones". Además, añaden que actuaron con la proporcionalidad y la mesura necesaria, de acuerdo con una "compleja situación" y con los "escasos medios de que fueron dotados", para evitar "la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación".

Irídia se opone 

Por su lado, la entidad Irídia, que ejerce de acusación popular y particular en esta causa, anunció este miércoles que se opondrá a que se amnistíe a los agentes, ya que opina que sus actos fueron constitutivos de tortura o tratos inhumanos o degradantes. Por el contrario, la defensa de estos nueve policías remarca que no existe ningún fundamento para concluir que su actuación fuese constitutiva de estas excepciones para ser amnistiados.

Dudan de la ilicitud de los actos denunciados

El escrito resalta que el preámbulo de la ley de amnistía deja claro que con ella no se pretende la "criminalización" de los funcionarios que actuaron para evitar el 1-O y que además especifica que su objetivo es "aliviar" la situación procesal de los investigados.

En este sentido, apunta el escrito de la defensa que en el caso de esta decena de agentes están siendo investigados basándose en "meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal, sino incluso administrativa".

Una imagen de un agente de la UIP de la Policía Nacional Ministerio del Interior

Los sindicatos se oponen

En paralelo, el sindicato policial Jupol ya manifestó "su profunda decepción por la aprobación" de dicha ley, pues, con la aprobación de la norma de gracia "los policías nacionales podrían ser los únicos que van a pagar las consecuencias" de los hechos que se sucedieron a raíz del procés y del referéndum ilegal en Cataluña. 

En este sentido, para el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, "la aprobación de esta ley es una falta de respeto a los cientos de policías nacionales que estuvieron en Cataluña entre 2017 y 2019 para hacer cumplir la Ley". A lo que añade que "los policías que actuaron en Cataluña lo hicieron en todo momento de acuerdo con la legalidad vigente, cumpliendo órdenes del Gobierno de España y un mandato de la Justicia".