Las elecciones catalanas 2024 pillaron a la Generalitat con una polémica candente: la seguridad en las prisiones. Los funcionarios llevan años denunciando la situación, pero el asesinato a cuchillazos de una cocinera en Mas d’Enric por parte de un reo condenado por asesinato fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces, han sido múltiples las manifestaciones de sindicatos y trabajadores.

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Hoy por hoy, la situación en los centros penitenciarios es una de las problemáticas que sufre Cataluña. Por eso, los partidos han aprovechado la campaña para los comicios del 12 de mayo para explicar sus propuestas. Aquí algunas respuestas que ofrecieron los candidatos a Crónica Global.

PSC 

La número dos del PSC, Alícia Romero, tiene claro que se ha tratado de un problema  de "gestión”. Hay pocos recursos, falta de seguridad y “de medios para garantizar la seguridad de los propios funcionarios”.

Si bien apuesta por “el modelo de reinserción”, tal y como establece la Constitución, subraya que se ha de ofrecer “todos los recursos suficientes para que se puedan hacer las cosas con garantías”. De hecho, expresa su rotunda condena con lo sucedido en Tarragona: “No se puede permitir un asesinato en una cárcel por parte de un preso. Llegados a este punto hay que dar un golpe en la mesa y cambiar cosas, reforzar la seguridad en las cárceles y poner todos los medios para que los funcionarios hagan su trabajo”.

Vox

Para el candidato de Vox Sergio Macián, lo que ha fallado es que “se ha puesto al delincuente en el centro de las políticas penitenciarias, se ha maltratado a los funcionarios y se ha olvidado a la víctima”. Pone el ejemplo de “la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a violadores y ha rebajado las penas a miles de delincuentes sexuales”.

El número uno por Tarragona del partido de extrema derecha considera que “la principal misión de una administración penitenciaria es proteger a los que nos protegen y poner fin a las agresiones que sufren los funcionarios”. Para ello proponen tres medidas: aumentar la plantilla de vigilantes, que se les reconozca la condición de agentes de la autoridad y que se les permita usar todos los medios coercitivos. Entre los cuales “los aerosoles, que tanto Gemma Ubasart --consellera de Justicia en funciones-- como Amand Caldero se niegan a usar”.

Ciudadanos 

Su homólogo en Ciudadanos, Matías Alonso, coincide en cierta medida con Macián. “La situación derivada del sesgo ideológico”, sostiene. Y acusa a la Generalitat de ser copartícipe en esta situación.

“El Govern antepone los derechos de los reclusos a los derechos de los funcionarios de prisiones y a todos aquellos que trabajan en las cárceles y cuya función no es solo el internamiento, sino dar las mejores condiciones de reinserción”, señala. Por eso, su propuesta es que los trabajadores de prisiones cuenten con el apoyo de la Administración publica.

PP 

La portavoz del PP Lorena Roldán cree que muchas de estas situaciones se deben a “la política buenista de los últimos años y en la falta de autocrítica”. Recuerda que “600 funcionarios han sido agredidos en el último año”, por lo que reclama “tomar medias”.

Sólo está de acuerdo en una de las explicaciones que da el Govern, “el perfil de los internos ha cambiado también, tenemos otra realidad que exige otras soluciones”. En cualquier caso condena la situación sucedida en Mas d’Enric y, como medida para evitar situaciones como esta, el PP pide “que los funcionarios sean considerados agentes de autoridad”.

Ninguna mención en los programas, casi 

Como el resto de partidos no han atendido a las preguntas de Crónica Global, este diario ha acudido a los programas políticos para conocer qué proponen para el sistema penitenciario. Junts apenas los menciona. Sólo una vez, para hablar de la política lingüística y su aplicación en las cárceles catalanas.

ERC sólo menciona las cárceles para hablar de los presos del procés y Sumar y Alhora, directamente, no dice nada al respecto. Quien sí le dedica un punto en su programa electoral es la CUP.

CUP

En lo que se refiere a los funcionarios de prisiones y al modelo penitenciario, los anticapitalistas apuestan por dotar a los centros penitenciarios “del pertinente personal especializado para una atención específica a la población reclusa que sufre algún tipo de problemática mental y tomar las medidas para evitar la presencia de internos con trastornos mentales en los módulos ordinarios”, así como “constituir un grupo de trabajo sobre contenciones mecánicas”.

A partir de allí, propone medidas que tiene que ver con la población reclusa, como no acordar aislamientos penitenciarios, limitar el uso de la IA para la detección de rostros, asegurar un servicio jurídico gratuito para reos. Por último, hablan de “asegurar una remuneración digna para la población penitenciaria que decide trabajar” y que ofrezca “la cobertura necesaria a familias de la población reclusa”.

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