El sudoku de las cárceles catalanas: la herencia envenenada de Aragonès al próximo Govern

Los cuatro sindicatos de prisiones que habían convocado la huelga prevista para este viernes, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral -UGT, mayoritario en el sector, CCOO, Intersindical e IAC-CATAC- han negociado contrarreloj con el Departamento de Justicia. Lo han hecho pese a que una parte de la plantilla había expresado su negativa a que los representantes sindicales se reunieran con el actual Govern.

Los trabajadores, que esta madrugada han arrancado el compromiso de mejoras retributivas y en materia de seguridad, están en pie de guerra desde que el pasado 13 de marzo un preso condenado por matar a una mujer, asesinara a la cocinera de la prisión de Mas d'Enric, Núria López, y después se suicidara. 

Brecha con la plantilla

El brutal asesinato de Núria fue la gota que colmó el vaso, después de que los sindicatos alertaran durante los últimos años de la falta de medidas de seguridad en los centros penitenciarios y de un aumento de las agresiones a funcionarios.

De hecho, en las últimas horas, el personal de rehabilitación de Mas d'Enric había desmentido a la consellera. En un comunicado al que ha tenido acceso Crónica Global, los especialistas expresaron que es "sorprendente escuchar en palabras de la consellera Ubasart que el responsable del crimen era un interno ejemplar", pues "había renunciado a asistir a cualquier tipo de programa para rehabilitarse y no se arrepentía del delito cometido". Tampoco se puede hablar de "ejemplaridad" en su conducta, pues no reparó el daño causado aunque cobraba un sueldo trabajando en la cocina de la prisión, pese a que a su primera víctima la asesinó a cuchilladas. 

Con el único trabajador público asesinado en su puesto de trabajo en la historia de la democracia española y con las peores cifras de agresiones hasta la fecha, los funcionarios catalanes se plantaron y pidieron de forma reiterada la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y de su mano derecha, el secretario general de Medidas Penales, Amand Calderó. Esta fue la condición sine qua non que pusieron los trabajadores para sentarse a negociar y así se lo trasladaron a los representantes sindicales tras una multitudinaria manifestación en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

ERC frena la huelga 'in extremis'

Sin embargo, cuatro de los seis sindicatos de prisiones (CSIF y ACAIP son los únicos que se levantaron de la mesa de negociaciones) se han aproximado al Departamento de Justicia y han entablado conversaciones para lograr mejoras en el sector.

Los dos últimos encuentros tuvieron lugar el miércoles y el jueves -este último de más de 12 horas- para tratar de desconvocar una huelga que ERC quería evitar por todos los medios en el primer día de campaña electoral y que la plantilla ya avanzó que no secundaría.

La plantilla, firme

Los funcionarios consultados dicen estar en desacuerdo con el camino que están tomando estos cuatro sindicatos, que acordaron reunirse con el actual Govern en funciones, al que a estas alturas del conflicto ya no consideran un interlocutor válido, pese a que sus portavoces hayan ido cambiando. 

“Así lo expresamos, de manera asamblearia, con los cierres de los centros penitenciarios y con una rueda de prensa en Barcelona que ofrecieron los representantes elegidos en cada uno de los centros, en la que se explicó tanto a la Administración pública como a los sindicatos cuál era el sentir de la plantilla”, recuerdan.

También en una manifestación en Madrid sin precedentes. “Ha quedado constatado tanto en los grupos de Whatsapp como de Telegram, donde han organizado las acciones, que la plantilla no quiere este camino”, subrayan.   

Los compromisos arrancados

Sin embargo, ven con preocupación que la resolución del asunto la pueda utilizar ERC en campaña para hacer creer a la opinión pública que el problema de las prisiones se ha solucionado. Por su parte, los sindicatos, conscientes de que no tienen el apoyo de la plantilla, han aceptado la oferta de Justicia. Esta incluye un aumento de sueldo del 13% al 22% que "en la mayor parte de los casos puede suponer un aumento de 10.100 euros anuales" y complementos retributivos, entre otros.

En materia de seguridad, y siempre según los sindicatos, el acuerdo contempla formación en defensa personal para todos los trabajadores penitenciarios, renovación y mejoras del material y la revisión de protocolos de emergencia y seguridad, así como del procedimiento disciplinario y sancionador. También la renovación de los equipos de respiración autónoma, la ampliación de la bolsa de trabajo en 500 efectivos como mínimo.

Una promesa que podría quedar en papel mojado 

Pese a las críticas, fuentes sindicales aseguraron a este medio que se sienten legitimadas por sus afiliados para negociar y añaden que cuentan con el apoyo de la mayor parte de la plantilla, pues en noviembre más del 60% de los funcionarios votaron en las elecciones sindicales, las que menor absentismo registraron de todos los sectores de la Generalitat de Cataluña. 

Así las cosas, el miércoles consiguieron que, con la mediación de la Consejería de Trabajo, Justicia ofreciera 30 millones de euros para mejorar la seguridad en las prisiones y otros tantos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y para ampliar la plantilla.

Una promesa de un Gobierno en funciones que podría quedar en papel mojado, como ya sucedió con las mejoras pactadas en Educación con los sindicatos UGT y CCOO y que nunca llegaron a materializarse después de que los comunes retiraran su apoyo a ERC en los presupuestos. 

La herencia envenenada 

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, salvan esta crisis, pero dejan una herencia envenenada que pasará al próximo Gobierno.

Aun así, Aragonès no lo tendrá fácil, pues las fuentes consultadas deslizan que la plantilla aprovechará la campaña electoral para continuar con sus protestas.