Andorra expulsará a los ‘youtubers’ sin conocimientos mínimos de catalán
Para la primera renovación del permiso de residencia sólo requerirá aprobar el nivel A1 y no será obligatorio hasta el año 2029
13 abril, 2024 16:59Noticias relacionadas
El Gobierno andorrano ha acordado que para tener el permiso de residencia será obligatorio acreditar conocimiento de catalán con lo que, finalmente, todos los colectivos, incluidos los creadores de contenidos como los youtubers que han emigrado al país perineíco para evadir la Hacienda española, deberán aprender el catalán para poder residir en el principado.
Según ha informado la Agència de Notícies Andorrana (ANA), la comisión legislativa de Educación, Investigación, Cultura, Juventud y Deportes cerró el jueves el texto del proyecto de ley de lengua propia y oficial gracias a un consenso de los grupos Demòcrata -el partido de gobierno de Andorra-, de Concòrdia, Socialdemòcrata y Ciudadanos Comprometidos, por lo que se espera que el proyecto de ley sea aprobado con una mayoría clara el próximo 25 de abril.
Los grupos parlamentarios han destacado que el texto cumple "su misión integradora, asocia el progresivo aprendizaje de la lengua por parte de los recién llegados y la acreditación de esta a los permisos de inmigración".
Nivel mínimo
A lo largo del debate de este proyecto de ley ha suscitado polémica la extensión de la obligatoriedad de aprender el catalán a los youtubers que, según la versión del texto del pasado septiembre, quedaban exentos de esta obligación.
Si la ley se aprueba, entrará en vigor el 26 de abril de 2026 y, en el caso de la primera renovación, habrá que acreditar el nivel A1 de catalán, el mínimo en el marco europeo, que consiste en saber presentarse y formar frases simples con vocabulario básico como alimentos, colores, animales o días de la semana. Para la segunda renovación de residencia, el requisito subirá al nivel A2.
Estos niveles de catalán necesarios serán extensivos a todos los permisos de inmigración, una vez haya pasado el periodo establecido de cinco años para que la ley sea de obligada aplicación.