Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló
Jordi Fàbrega
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La falta de agua en Cataluña, los desastrosos resultados del informe educativo PISA o el colapso sanitario no bastan para que los mandatarios secesionistas aparquen sus reivindicaciones ni el gasto público en cuestiones identitarias. La supuesta defensa del catalán -eufemismo bajo el cual ocultan su rechazo al bilingüismo y al uso del castellano- se ha convertido desde hace años en su nuevo caballo de batalla. Ya sea desde la Generalitat o desde los ayuntamientos, como es el caso del de Sant Pere de Torelló (Barcelona), cuyo alcalde acaba de crear un área de "lengua y catalanidad" (sic) dentro de su Consejería de Cultura.
La cosa no acaba ahí, pues el primer edil de este municipio de unos 2.500 habitantes, Jordi Fàbrega (ERC), también ha presumido en sus redes sociales de que su ayuntamiento ha repartido un millar de pegatinas a los vecinos con los lemas "en català, si us plau" -"en catalán, por favor"- y el adhesivo "CAT" para poner en las matrículas de los vehículos.
"Estamos comprometidos con el país, con nuestra nación: Cataluña", dice Fàbrega, henchido de ardor patriótico, en un vídeo difundido en sus redes sociales. Una proclama ultranacionalista que, como tantas otras de sus correligionarios, casa muy mal con la realidad de la gestión de partidos como el suyo, Junts per Catalunya o la CUP -entre otros-, todos ellos responsables en mayor o menor medida de los problemas que han asolado la región en la última década. Un cúmulo de despropósitos que afectan de forma directa y grave a los ciudadanos que gobiernan, hablen la lengua que hablen.
