La emergencia por sequía extrema decretada este jueves por la Generalitat de Cataluña para intentar hacer frente a la falta de agua en la autonomía afectará no sólo a la población en general, sino a todos los sectores económicos, al verse obligados a reducir hasta en un 80% su consumo. Entre los más afectados por las nuevas restricciones en 202 municipios catalanes se encuentran los agricultores y ganaderos, que temen por la supervivencia de sus cosechas y animales en gran parte de la región. Por ejemplo, en Barcelona y su área metropolitana, las comarcas del Vallès, la Cataluña central, Girona y Lleida, entre otras.

Y es que, con las nuevas restricciones, los payeses se verán obligados a reducir entre un 50% y un 80% el agua que utilizan para regar y cuidar sus cultivos y granjas. En el caso de la ganadería, la Generalitat no autorizará la entrada de animales a nuevas explotaciones ni a sus ampliaciones si se pone en riesgo su bienestar por esa reducción de consumos.

Unió de Pagesos lamenta la falta de un "plan B" del Govern

Algunos payeses se han expresado su alarma ante la posibilidad de tener que sacrificar a sus animales, con los consiguientes daños económicos que ello les causará.

El coordinador de Unió de Pagesos en el Bages, Josep Guitart, ha recordado en TV3 que los ganaderos dependen de fuentes, ríos y balsas para poder dar de beber a sus animales. Y se pregunta si el Govern "tiene un plan B para garantizar agua a todo este ganado".

Posible pérdida de empleos

Otros granjeros temen verse obligados a recurrir a agua de menos calidad. En el Baix Llobregat, por ejemplo, algunos lamentan que la que recibirán de la depuradora de Sant Feliu tendrá altos índices de salinidad y no es apta para todos los cultivos, lo cual pone en riesgo los de frutas y hortalizas como los melones, sandías o tomates. Y, en El Maresme, otras como las lechugas, las coles o las judías.

Todo ello también influye, obviamente, a nivel empresarial. La patronal Pimec ya ha advertido de que para sectores como el agrícola o el de las flores, la falta de agua puede acarrear un descenso de la actividad y, por tanto, despidos y pérdidas de empleos.

Los alcaldes piden que se compense a los damnificados

Por su parte, los ayuntamientos también se ven entre la espada y la pared por esta situación, ya que a la dificultad que les supone controlar las restricciones, se añade su obligación de dar agua a tantas cabezas de ganado como tenga cada granja. De manera que, denuncian, la única opción que queda es que éstas reduzcan su número de animales, por lo que ven necesario que en estos casos se den compensaciones a los damnificados.

Por otra parte, desde Unió de Pagesos también consideran injusto y desproporcionado que se impongan restricciones de un 80% de agua en agricultura, o del 50% en la ganadería, mientras que en el sector industrial sean del 25%.

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