La conselleria de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña y la Agencia Catalana del Agua seguirán adelante con su plan de reducir los caudales de varios ríos para tratar de prolongar en el tiempo las pocas reservas de agua de la comunidad: "Si debemos ir a los juzgados, iremos, es nuestra obligación garantizar el agua para las personas".
Lo ha asegurado el consejero David Mascort en la comparecencia de este jueves acompañado del president Pere Aragonès, en la que han anunciado la declaración de emergencia en 202 municipios más y nuevas restricciones que pesarán sobre 6 millones de catalanes a partir del 2 de febrero.
A pesar de la denuncia ecologista
La declaración de emergencia de las cuencas internas, las del sistema Ter-Llobregat, permite a la Generalitat llevar a cabo la reducción de caudales en los ríos Ter, Muga y Llobregat.
Todo ello a pesar de la denuncia de Ecologistes de Catalunya contra el director de la ACA, Samuel Reyes, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona por "presuntos delitos contra el medio ambiente". La organización ecologista ha pedido que el ministerio público investigue el impacto que consideran "gravísimo" sobre estos espacios naturales de manera incomprensible", dado que además son espacios protegidos por la Red Natura 2000.
El río Muga reducirá su caudal de 1.200 a 40 litros por segundo; el Llobregat de 4.300 a 250; y el Ter de 5.500 a 600.
Permitirá aplazar 136 días el agotamiento del agua
Las reducciones de caudales tienen "el objetivo de preservar más agua en los embalses de las cuencas internas", según fuentes de la conselleria. En este sentido, la Generalitat calcula que esta medida permitirá aplazar 136 días el fin de las reservas en los embalses.
Mascort ha aseverado que esta medida no solo está amparada en el Plan especial de la sequía, sino también en los acuerdos de la Mesa del Ter. Fuentes de su oficina también agregan que llevarán a cabo unos "incrementos de caudal" dos veces por semana "para el mantenimiento de unas condiciones ecológicas".