El Govern de la Generalitat de Cataluña mantiene la posibilidad de traer agua contenida en barcos a través del Puerto de Barcelona. La situación es límite en la comunidad, que ha declarado la fase de emergencia por sequía para que entre en vigor el viernes 2 de febrero, con nuevas restricciones sobre 6 millones de catalanes.
La fragilidad de la comunidad ante la falta de recursos hídricos es tal, que la administración catalana mantiene contactos con navieras y puertos de otras ciudades, ha informado el conseller de Acción Climática David Mascort en rueda de prensa.
"Solución de emergencia"
Mascort ha asegurado "trabajar con navieras y destinos" para "tener disponible" esta posibilidad" cuando haga falta". Asimismo, el conseller se ha referido a esta opción como una "solución de emergencia" sobre todo dirigida a "aquellos ámbitos a los que no les puede faltar el agua, como el sanitario".
Sea como fuere, sorprende que esta fuera una medida puesta en marcha en 2008, cuando corría la peor sequía hasta entonces --superada por la actual-- y que, 16 años después, Cataluña se vea abocada de nuevo, acusando la infrafinanciación de proyectos destinados a la regeneración de agua y arreglo de desperfectos de la red.
6 millones de catalanes en emergencia por sequía
La Generalitat ha activado la fase de emergencia I en 202 municipios del sistema Ter-Llobregat, donde viven 6 millones de catalanes, el 80% de la población. Este primer estadio permite el consumo máximo de 200 litros de media por persona y día; en el segundo, se reducirá a 180 litros y, en el tercero, a 160 litros.
Estas cifras incluyen el consumo doméstico, las actividades económicas, los centros sanitarios y los usos municipales.
Reducción de caudales de ríos
Así las cosas, el Govern también reducirá los caudales de los ríos Ter, Llobregat y Muga para "preservar" al máximo las reservas de los embalses. El conseller Mascort asegura que esta medida permitirá aplazar 136 días el agotamiento del agua de las cuencas internas.
Se ha justificado así ante la denuncia de Ecologistes de Catalunya, que ha pedido a Fiscalía que investigue presuntos delitos contra el medioambiente: "Si debemos ir a los juzgados, iremos, es nuestra obligación garantizar el agua para las personas".