Información Pública estudia la auditoría a los ocho años de Colau en Barcelona
La Comisión admite a trámite la petición para examinar los dos mandatos de la alcaldesa al frente del ayuntamiento
8 enero, 2024 15:17Noticias relacionadas
Información Pública analiza la queja de un colectivo vecinal que ha pedido auditar los dos mandatos de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. La Comisión de Acceso ha admitido a trámite una petición para examinar al detalle la gestión de los comunes en la Ciudad Condal entre 2015 y 2023.
Según la resolución a la que ha accedido este medio, el organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña admite a trámite la solicitud vecinal y se dirige al Ayuntamiento de Barcelona. Le ha pedido la "remisión del expediente, de los antecedentes y un informe jurídico". Asimismo, se dirige a la Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) por si la auditoría afectada a información privada.
El nuevo gobierno lo ha descartado
El procedimiento emana de una petición ciudadana impulsada por la asociación Avís del Barri de Bon Pastor, que pidió al Ayuntamiento de Barcelona una auditoría completa de los ocho años de Colau y los comunes en la Administración local.
Por lo pronto, el gobierno municipal de Jaume Collboni (PSC) ha descartado el análisis completo. Ha explicado que se trata de un examen "muy complejo" en elaboración o "reelaboración". Ahora revisa la petición el organismo de la Generalitat que es garante de la transparencia en Cataluña.
Compras de pisos
Los demandantes pidieron revisar operaciones como las compras de pisos de titularidad privada para hacer vivienda social para conocer si se ajustaron a los precios de mercado.
También señalaron la concesión de subvenciones de la estructura municipal a diferentes asociaciones y oenegé, una de las polémicas de los mandatos de la exalcaldesa.
Balmes o Gracia
Los vecinos alegan que los Ejecutivos locales de BComú adquirieron propiedades en zonas prime como la calle Balmes o el barrio de Gracia, como explicó este medio, y que existen indicios de que fue un despilfarro de recursos públicos.
Entre ellos, las viviendas sociales situados en la calle Encarnació. La operación la gestionó el entonces concejal de distrito de Gràcia, el actual diputado en el Congreso Eloi Badia. Cada unidad costó cerca de 600.000 euros, una tarifa mucho más elevada que el precio de los inmuebles de VPO en el mercado.