José Domingo: “La amnistía es discriminatoria y genera desigualdad”

José Domingo (Barcelona, 1959) es letrado de la Seguridad Social y presidente de Impulso Ciudadano (IC), una de las entidades constitucionalistas que han expresado su rechazo a la concesión de una amnistía a los dirigentes y encausados del procés secesionista de Cataluña. Esta medida de gracia se baraja como parte de las negociaciones del Gobierno para obtener el apoyo de ERC y Junts a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente, razón por la cual esta asociación ha hecho público un escrito -bajo el lema “no todo vale”- advirtiendo “sobre la deriva antiliberal y anticonstitucional” del candidato socialista.

Además de eso, IC estará presente en movilizaciones de protesta como la del próximo 8 de octubre en Barcelona, y recurrirá a cuantas instancias sea posible para evitar que una posible amnistía salga adelante, tal como explica Domingo a Crónica Global.

- ¿Por qué consideran que Pedro Sánchez está incurriendo en una “deriva antiliberal y anticonstitucional”?

Las palabras que motivaron nuestro escrito fueron las que el presidente del Gobierno pronunció en Nueva York, con motivo de su asistencia a la sede de Naciones Unidas. En un entorno tan simbólico, censuraba el hecho de que se hubieran adoptado acciones judiciales respecto al procés independentista, y apeló a la “desjudicialización” de la política. Eso nos parece grave, en primer lugar, porque no le corresponde a un mandatario o a un miembro del Ejecutivo decidir qué acciones se judicializan o no. Los ciudadanos y las fuerzas policiales tienen la posibilidad de acudir a la justicia, y los fiscales tienen la obligación legal y el mandato constitucional de perseguir el delito. No es que los jueces o los fiscales actúen contra los políticos, es que si hay un delito, y se ha efectuado por un político o un ciudadano corriente y moliente, tienen la obligación de perseguirlo.

- ¿Supondría esta medida una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley?

Claro. Todos estamos cortados por el mismo patrón de cara a los tribunales, y no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En este caso, lo que se pretende es un privilegio: ‘yo puedo cometer un delito pero, por ser quien soy, no puedo ser perseguido’. No deja de ser sorprendente que determinada gente y formaciones que critican que el Rey constitucionalmente sea inviolable reivindiquen para ellos una suerte de inviolabilidad que haga que los delitos, por ser cometidos por personas de una determinada ideología, no puedan ser objeto de persecución.

Estos días hemos visto algunos sucesos que me han llamado la atención. Por ejemplo, el hecho de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, considerara que la acción judicial contra personas que habían tratado de limitar derechos constitucionales, como el de libertad de reunión de los chicos de S’ha Acabat en la Universidad Pompeu Fabra, no merecen ser encausados. Y lo atribuía, además, a un ánimo represor del Estado. Se está pidiendo con ello que determinadas protestas que tienen un contenido claramente violento no sean perseguidas porque las cometen personas de determinada ideología, en este caso independentista. Estamos ante una degradación de los principios básicos del funcionamiento de una democracia y del Estado de Derecho. Y lo sorprendente es que gente que mantiene esas tesis sea considerada con normalidad demócrata.

- De hecho ustedes denuncian que se pueda aplicar el Código Penal en función de la ideología…

Claro. Es que se está pretendiendo que existen opciones de impunidad en función de la ideología que se tiene, y eso no puede ser. En ningún referente de democracia moderna y consolidada se sostienen esas tesis. Y sin embargo, fundamentalmente entre el nacionalismo se han asumido con normalidad, y cualquier tipo de actuación en contra de esas personas que lleven a efecto los tribunales es cuestionada. Sin ir más lejos, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, se ampara en una supuesta ideología suya para intentar evitar ser perseguida por un delito de corrupción política como es el fraccionamiento de los contratos administrativos públicos. Es decir: se trata de desacreditar a los operadores jurídicos, judiciales, con ese motivo. Y no es aceptable.

Uno de los principios que sustentan la democracia es la separación de poderes, dejar trabajar con normalidad al Poder Judicial. Y si no se está de acuerdo con sus decisiones, existe la vía de los recursos judiciales, que es el procedimiento idóneo. Pero el amedrentamiento, la descalificación pública del Poder Judicial que se lleva a efecto por parte de los nacionalistas es muy preocupante. Y si fuerzas políticas que hasta ahora eran reconocidas como constitucionalistas y que defendían con normalidad el Estado del Derecho (hablo del PSOE en este caso) asumen ese lenguaje, se sitúan en una línea contraria a los principios esenciales de la democracia.

- Ya en la pasada legislatura se derogó el delito de sedición y se modificó a la baja el de malversación, en una reforma del Código Penal que, al fin y al cabo, benefició a los dirigentes del procés. ¿Esto sentó un precedente?

Antes de las elecciones generales del 23 de julio, presentamos 20 propuestas para mejorar el Gobierno de España. Y expresábamos nuestra preocupación por varios hechos. Uno, porque existían, a nuestro juicio, pocas garantías institucionales frente a los ataques al Estado democrático. En este sentido, en España se ha despenalizado la sedición y se ha pretendido atenuar la malversación. Nos parecía muy sorprendente que se considerara menos nocivo socialmente la financiación de una causa ilegal, como era la proclamación de un Estado independiente, que hacerlo para el lucro personal de un político. No sé qué es más grave, si coger dinero y destinarlo ilegalmente a un fin innoble, como es la ruptura del marco constitucional, o dedicar parte de ese dinero a hacer un viaje de placer. Por eso entendíamos que era necesario actualizar el Código Penal, para evitar lo que llamamos golpes posmodernos, que muchas veces están orquestados desde las propias instituciones y preparados con la complicidad de grupos civiles externos, y que a lo mejor no tienen un componente especialmente violento, pero sí una enorme gravedad, porque ponen en entredicho el orden constitucional y la integridad territorial. Es un poco, no en ese sentido, lo que ha formulado el candidato a la investidura Alberto Núñez Feijóo cuando habla del delito de deslealtad institucional. No puede ser gratuito poner en peligro las instituciones básicas y el funcionamiento del Estado de derecho.

- ¿Cree que, con medidas como la amnistía, se desprotegería no sólo al Estado, sino también a la ciudadanía, y en especial a la que no es nacionalista? Es decir, ¿quedarían indefensos los ciudadanos ante nuevos embates del secesionismo, teniendo en cuenta, además, que los dirigentes del procés nunca han mostrado arrepentimiento ni pedido perdón?

Es que esos hechos que se pretende dejar sin condena ni respuesta jurídica afectaron a muchísima gente. Muchas personas fueron víctimas. Entre ellos, ciudadanos que vieron vulnerada su protección de datos con la utilización indebida de bases de datos, o policías que fueron atacados de forma violenta… Incluso el propio erario público, que se destinó a un fin innoble, como era poner las bases y dedicar dinero para la secesión de Cataluña, cuando tenía presupuestariamente otros fundamentos. Existen una serie de personas directamente perjudicadas que tienen derecho a ser reparadas moral y económicamente. El hecho de que se despenalicen ese tipo de acciones deja indefensas y sin protección a todas estas personas. Y hay procesos abiertos, acciones que no han prescrito y personas que pueden tener interés en reclamar sus derechos.

Si finalmente se aprueba una ley de amnistía, ya hemos anunciado que acudiríamos ante el Defensor del Pueblo para que ejerciera su facultad de interponer un recurso de inconstitucionalidad; y también al orden internacional, si ha lugar, puesto que no se pueden declarar impunes determinados delitos porque el autor es una persona privilegiada. Todos sabemos por qué se van a dictar ese tipo de normas: por una necesidad política, no por el bien común.

- ¿Cómo valoran la visita de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al expresidente de la Generalitat fugado, Carles Pugdemont, en Bélgica?

Con profunda preocupación. Es absolutamente inusual, inverosímil, que una vicepresidenta del Gobierno de España se entreviste entre risas con una persona que los tribunales de su país están persiguiendo por graves delitos, y que está fugado de la justicia española. Desde el punto de vista institucional no es de recibo, no ya que se llegue a acuerdos, sino que ni siquiera se establezcan con luz y taquígrafos; ni que en un ambiente de gran camaradería, una persona como la vicepresidenta (que intenta deslindar su papel del de portavoz de Sumar, aunque no son separables) departa alegremente con un fugado de la justicia española sobre el que existe una orden internacional de busca y captura.

En este sentido, una de las ideas que se transmiten desde Impulso Ciudadano es que la amnistía no es un debate entre progresistas y conservadores, sino entre principios democráticos o no…

Claro. Uno de los ejes de nuestro documento “No todo vale” es rechazar el argumento de que quien está a favor de la amnistía es un progresista y el que está en contra es un conservador o un reaccionario. No. El debate es otro: el que está a favor de la amnistía, que genera desigualdad y que favorece privilegios a determinados políticos y que, en definitiva, es profundamente discriminatoria en relación con los ciudadanos es, desde este punto de vista, una persona que no es demócrata. Y que está en contra de los principios del Estado de derecho, como por ejemplo la separación de poderes. Es inaudito que se trate de evitar el posible enjuiciamiento y la valoración por parte de los jueces de hechos muy graves, y que consideramos claramente delictivos.

- Ustedes apelan a los militantes y simpatizantes del PSOE a que asuman que la amnistía pone en riesgo los principios democráticos. ¿Creen que existe desacuerdo entre ellos?

El PSOE, hasta ahora, ha sido un partido que ha primado la defensa del Estado de derecho, de la separación de poderes, en definitiva, un partido claramente democrático y constitucional. En esa órbita queremos que siga. Y estoy seguro de que muchos demócratas que forman parte del PSOE se sienten incómodos, como ya han expresado algunos de ellos, algunos de sus líderes más relevantes. No se puede hacer prevalecer el interés personal al general, y dejar al margen los principios democráticos.

- La amnistía no aparecía en el programa electoral del PSOE, e incluso en la pasada campaña el propio Pedro Sánchez llegó a decir en alguna entrevista que no la habría. ¿Consideran que hacer lo contrario podría considerarse un fraude electoral?

Nosotros consideramos que todas las manifestaciones de dirigentes socialistas en los últimos meses iban en la línea contraria a la concesión de una amnistía y al reconocimiento del derecho de autodeterminación. Con ese programa se han presentado a las elecciones generales del 23 de julio. De ahí que nos parece ilegítimo que el amparo y la razón de ser de la investidura se fundamente en unas tesis contrarias a las que presentaron a los españoles. Conozco a bastantes socialistas que me han hecho llegar su malestar e incomodidad por ese hecho. Y es más, me han llegado a decir que si llegan a saber lo que podía ocurrir, no hubieran votado al PSOE. Es un caso de libro de fraude electoral.

Llegados a este punto, ¿qué creen que se debería hacer ahora? ¿Una repetición electoral, un pacto entre los dos grandes partidos?... ¿Cuál puede ser la salida?

Nosotros, ante el resultado de las elecciones, abogamos públicamente por una colaboración, que se puede plasmar en una coalición de partidos entre el PSOE y el PP. Entendíamos que ante momentos tan difíciles había que llegar a un acuerdo entre las dos formaciones políticas. O formar un Gobierno de coalición. Lamentablemente, parece que esa posición no va a ser posible, porque no existe voluntad política. Y en estas condiciones, fracasando la investidura de Feijóo, si se produce un acuerdo entre PSOE y Sumar, con las 15 formaciones que la integran, más las fuerzas nacionalistas y separatistas, preferiríamos una repetición de las elecciones, en las que se ofertara al pueblo español la realidad. Si la realidad va a ser que el PSOE va a conceder una amnistía, que se diga para que los españoles tengan conocimiento de ese hecho cuando voten. Si la realidad va a ser que se va a trabajar a favor de una posible consulta en Cataluña o en otras autonomías que se consideran naciones para favorecer el derecho de autodeterminación, que se diga, para que todos lo conozcamos y se pueda votar con un profundo conocimiento de los programas verdaderos de los partidos políticos. Lo que no puede ser es que el programa de gobierno final que sirve para una investidura sea completamente dispar o distinto al que los españoles apoyaron hace poco en las urnas. No nos parece democráticamente aceptable. Es muy grave.

ERC, Junts y la CUP han perdido muchos votos y apoyos en las pasadas elecciones municipales y generales. ¿Creen que ahora se está contribuyendo, negociando con ellos una amnistía, a resucitar el procés?

En el debate de política general del Parlament de esta semana hemos tenido experiencias bastante desagradables. Formaciones que en las últimas elecciones fueron minoritarias en Cataluña (ERC quedó cuarta y Junts, quinta en las generales) condicionan la política de España. Y están diciendo que no les va a bastar una amnistía, sino que se tiene que reactivar el proceso para realizar un referéndum. Eso es algo que la mayoría de catalanes creíamos que ya estaba superado, que no estaba de actualidad, y que no era una prioridad para el conjunto de los ciudadanos. Pero los nacionalismos vuelven a las pantallas de siempre: a reivindicar la autodeterminación y a condicionar la política española. Y, además, retoman el viejo discurso victimista del España nos roba, dando cifras absolutamente fantasiosas de que la deuda con Cataluña asciende a 450.000 millones. Justifican otra vez intentar vender a los catalanes un proyecto absolutamente idealizado, que es que aquí viviremos mejor con el dinero que nos está robando España. Ese discurso parecía que iba a la baja, como también el grado de tensión social. Impulso Ciudadano realiza estudios periódicos sobre la violencia política en Cataluña (que casi siempre tiene origen independentista), y este año habíamos apreciado que había bajado. Pues ahora volvemos otra vez a darle aire a esas formaciones y a una ideología que se ha demostrado especialmente perversa para el conjunto de la ciudadanía y para los intereses de Cataluña, que nos ha empobrecido.

Sí, yo creo que el Gobierno de España está, equivocadamente (no digo que de mala fe), insuflando aire a unas formaciones que estaban boqueando por falta de oxígeno independentista.