Impulso Ciudadano denuncia ante la UE el "ataque" del Gobierno al TC y a la independencia judicial

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha remitido una carta al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en la que, a raíz del conflicto desatado por el recurso de amparo relativo a las enmiendas a la reforma del Código Penal, pide un pronunciamiento de la Comisión Europea “sobre los ataques del Gobierno de España al Tribunal Constitucional (TC) y a la independencia judicial”, así como sobre las implicaciones que estos puedan tener “en lo que respecta a la limitación del derecho de acceso a los tribunales de los ciudadanos y de sus representantes”.

En la misiva [se puede leer en este enlace] se detallan evidencias de esos ataques y se recuerdan los posicionamientos del Consejo de Europa y de la propia Comisión Europea sobre las críticas del poder ejecutivo a las decisiones judiciales, que han de hacerse “con mesura y no de forma tal que pueda deslegitimarse a los tribunales o contribuir a la pérdida de confianza de la opinión pública respecto a los tribunales”.

La reforma del Código Penal

Impulso Ciudadano --entidad creada en 2009 para defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España-- explica en su carta que la situación se remonta al 11 de noviembre de 2022, cuando PSOE y Podem presentaron la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, fruto de un acuerdo con ERC con la finalidad de lograr "la exculpación o la minoración de las penas de las personas condenadas o pendientes de juicio por haber participado en los hechos relacionados con el ilegítimo intento de secesión de Cataluña de España durante el año 2017".

Durante la tramitación de esta reforma del Código Penal, los partidos que forman parte del Ejecutivo "introdujeron dos enmiendas, completamente desconectadas del texto de la ley que se estaba tramitando y que suponían modificaciones esenciales tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, afectando de manera significativa a la elección de magistrados de dicho órgano, así como al control de su idoneidad antes de acceder al cargo".

Enmiendas sin conexión

"El Tribunal Constitucional español --recuerda Impulso Ciudadano-- tiene establecido que es inconstitucional aprovechar la tramitación de una iniciativa legislativa para, por vía de enmienda, introducir adiciones de disposiciones que no guarden ninguna conexión material con el contenido de la iniciativa. El motivo de esta regla es evitar la limitación del debate parlamentario, más reducido en lo que se refiere a la aprobación de las enmiendas que respecto a las iniciativas legislativas".

"La inconstitucionalidad de la admisión de enmiendas absolutamente desconectadas del texto" que se estaba tramitando "fue advertida por los letrados del Congreso; pero pese a esa advertencia, las enmiendas fueron admitidas por la Mesa del Congreso para su votación". Diputados del Congreso presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional español "a fin de que se declarara la vulneración de su derecho y se adoptaran medidas cautelares a fin de protegerlo, pidiendo que se ordenara la paralización de la votación de las enmiendas". El TC inició los trámites para el estudio del amparo solicitado por los mencionados diputados. Se convocó un pleno para el día 15 de diciembre que continuará el día 19 de diciembre".

Críticas de Sánchez

En respuesta a esos trámites, el presidente Pedro Sánchez criticó a la oposición “política, judicial y mediática” y exigió al Tribunal Constitucional "que obre de acuerdo con el sentido común". Apuntó que “estamos ante un intento de atropellar la democracia, no solo de la derecha política, sino de la judicial, jaleada por la mediática” y "la democracia va a prevalecer frente al atropello ya sea de los magistrados conservadores, la derecha política o la mediática que ha intentado esta operación incalificable” .

Explica la entidad que el Consejo de Europa y la Comisión Europea "han establecido con claridad que cuando el poder ejecutivo critica las decisiones judiciales ha de hacerlo con mesura y no de forma tal que pueda deslegitimarse a los tribunales o contribuir a la pérdida de confianza de la opinión pública respecto a los tribunales".

"Magistradores conservadores"

"Si las declaraciones de miembros del poder ejecutivo no son respetuosas con los tribunales, ¿con qué libertad podrán decidir jueces y tribunales que ven cómo el presidente del gobierno afirma que la “derecha judicial” está intentando atropellar la democracia y que la democracia prevalecerá frente a los 'magistrados conservadores'? ¿Tendrán esa misma libertad quienes decidan acudir a los tribunales a exigir el respeto a sus derechos fundamentales cuando el ejercicio de este derecho es calificado por el presidente del gobierno como 'operación incalificable'"?, se pregunta Impulso Ciudadanos.

A juicio de Impulso Ciudadano, "en el espacio de la Unión Europea es inadmisible que el ejercicio del derecho de acceso a los tribunales merezca el calificativo de 'golpista' por miembros del Gobierno de España. También es reprobable que el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en la tramitación de los recursos presentados por los ciudadanos, haya sido tildado por el Presidente del Gobierno de España de atropello a la democracia".

Por todo ello, instan a la Comisión Europea a que se pronuncie "sobre los ataques del Gobierno de España al Tribunal Constitucional y a la independencia judicial" y "sobre las consecuencias que pueden tener, en lo que respecta a la limitación del derecho de acceso a los tribunales de los ciudadanos y de sus representantes, las manifestaciones descalificadoras de los miembros del Gobierno de España hacia los que reclaman sus derechos ante los órganos jurisdiccionales competentes".