José Domingo: “Ninguna ley puede alterar las sentencias lingüísticas”

José Domingo (Barcelona, 1959) es letrado de la Seguridad Social y presidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano (IC), una de las entidades que, desde Escuela de Todos, reclaman la ejecución de la sentencia, ya firme, que insta a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña.

Exvicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), y ex diputado en el Parlament de 2006 a 2009, también es uno de los fundadores de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Su activismo político en los últimos años se ha centrado en la defensa de los derechos constitucionales, del pluralismo político y cultural, y en la denuncia de los abusos del nacionalismo y de la política lingüística de la Generalitat.

Domingo conoce bien, por tanto, en qué punto se encuentra la ejecución de esa sentencia que, una vez ejecutada, pondrá fin a la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán. Un proceso que aún no ha acabado, pues el pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un plazo de diez días a la Abogacía del Estado y a la Consejería de Educación para que se pronuncien y presenten alegaciones frente a la demanda de ejecución forzosa de AEB para cumplir ese mínimo legal de castellano en las escuelas

- ¿En qué punto se encuentra esa demanda de ejecución de la sentencia sobre el castellano en las escuelas de Cataluña? ¿Cuándo la veremos aplicada?

Quedan varios pasos por dar. En esos diez días, la Generalitat y la Abogacía del Estado tienen que decir si consideran ejecutada la sentencia, y se entrará a valorar la legitimación de las partes que se han personado como afectados. Después, el tribunal tendrá que resolver si considera que la Generalitat ha cumplido o no, y también valorar las partes que considera legitimadas para solicitar la ejecución. Si el tribunal no la considera ejecutada, tendrá que hacer los oportunos requerimientos y concretar cómo se ejecuta la sentencia, quién tiene que ejecutarla, las consecuencias que tiene si no se hace, el plazo para hacerlo… Calculo que a primeros de mayo podremos tener una resolución sobre la intención del tribunal.

- ¿Qué le parece la propuesta de reforma de la Ley de Política Lingüística planteada por ERC, PSC, En Comú Podem y JxCat? ¿Chocará con las sentencias si se aprueba en el Parlament a final de abril, es una estrategia para esquivarlas?

Nosotros entendemos que no, porque la sentencia del TSJC y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo es muy clara. Y se debe establecer que las dos lenguas deben ser vehiculares. El tribunal ha fijado un porcentaje razonablemente, y no lo ha hecho de una manera arbitraria, puesto que ese mismo criterio se está aplicando en la ley valenciana. No es una situación anómala. Sobre esa modificación de la ley, desconocemos cuál es la razón oculta por la que consideran que viene a dar cumplimiento a la sentencia, pues ésta se cumpliría si dijera lo que establece en sus términos literales, que es que al menos el 25% de la enseñanza debe hacerse tanto en castellano como en catalán. Y eso [la reforma de la ley] no lo dice, únicamente dice que el castellano puede ser también lengua de aprendizaje en función de lo que digan los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Y deja abierta la ejecución a los centros, con lo cual no concreta. No da satisfacción. La satisfacción la tiene que dar la Administración educativa, no una ley.

- La exposición de motivos de la propuesta para modificar la ley alude a un concepto sobre el cual había hablado antes el Síndic de Greuges, que es la “holística”. Algo con lo cual éste parecía dar a entender que se deberían considerar como horas de castellano el uso de las lenguas en el patio, en el comedor y la que hablan los alumnos entre sí en clase. ¿Teme que se puedan burlar las sentencias de esta manera?

Eso es una trampa que no puede colar. Lo que hablen los alumnos en el patio o en las extraescolares no puede ser computado como actividad docente. Se está confundiendo el uso de la lengua con el conocimiento. La actividad docente está destinada a dar el conocimiento de las lenguas y a conocer las materias en esas lenguas. En cambio, el uso de las lenguas es una actividad privada. Imaginemos que en un colegio hay una presencia generalizada de niños ucranianos que hablan en ese idioma en el centro, ¿tendría que computarse ese uso lingüístico entre los niños como una actividad docente? Carece de sentido ese concepto “holístico” que ha aplicado el Síndic, siempre tan dispuesto a salvar al nacionalismo lingüístico y político de Cataluña. A efectos de cumplimiento de la sentencia no es aceptable.

- Sin embargo, desde el espacio de los comuns, por ejemplo, se ha llegado a decir que la reforma de la Ley de Política Lingüística sirve para reforzar la inmersión...

Es todo un paripé. No es verdad, la inmersión lingüística obligatoria monolingüe es ilegal. Estamos en una situación ridícula. Primero, porque se plantee un modelo como el de Cataluña, único en Europa, que impide a una de las lenguas oficiales ser vehicular. Y resulta que lo quieren llevar a una ley para hacerlo de una forma disimulada. No tiene ninguna posibilidad de prosperar esa tesis. Otra cosa es que quieran alargar una agonía. Las cartas están ya muy marcadas. Para lograr lo que pretenden, tendrían que reformar la Constitución.

- En los últimos días se ha especulado también con la posibilidad de que el Gobierno pacte alguna fórmula con la Generalitat para blindar esa inmersión lingüística. ¿A usted qué le parece?

Desconozco el contenido. Imagino que sería un pacto para cerrar los ojos, que el Gobierno central no haga nada, que no solicite la ejecución de la sentencia, y dejar a la Administración educativa catalana el terreno para hacer lo que quiera, e intentar engañar a los tribunales o, lo que es peor, a los ciudadanos. Porque, en definitiva, los grandes perjudicados de todo este proceso son los alumnos catalanes, que no ven garantizados sus derechos lingüísticos. Los alumnos catalanes tienen el derecho a ser escolarizados en las dos lenguas oficiales, ese derecho no puede serles hurtado. Ningún pacto que puedan hacer en la trastienda o con oscuridad va a impedir que aflore la luz constitucional, que en este caso es el bilingüismo integrador y el modelo de conjunción lingüística.

- ¿A qué se enfrentan las escuelas que no cumplan con ese mínimo del 25% de castellano que marca la sentencia?

Se pueden enfrentar a muchas cosas, dependerá de los términos en que establezca el tribunal que se ha de ejecutar la sentencia. Nosotros entendemos que la responsabilidad mayor puede ser del consejero de Educación por no ejecutar la sentencia en sus propios términos. Las sentencias deben cumplirse en sus propios términos, no pueden ser alterados, y ninguna otra ley va a impedirlo. Es un derecho adquirido por todos los alumnos catalanes, puesto que esa sentencia es firme y no va a haber ninguna posibilidad de hurtar ese derecho. Aparte de las consecuencias de tipo penal que puede conllevar si hay una desobediencia recalcitrante, o una prevaricación administrativa. Hay que tener en cuenta que la orden de ejecutar la sentencia afecta a todo el Departamento de Educación, desde el conseller hasta el último del personal administrativo, también a los directores de los centros educativos. Con lo cual, aquellos que impidan la ejecución de la sentencia, bien mediante la aprobación de proyectos lingüísticos que son contrarios a la norma, o bien mediante dictar resoluciones, o programar en contra de la norma, también son corresponsables. Y eso tiene unas consecuencias, la prevaricación administrativa, que es un tipo penal, previsto en el Código Penal. Esto puede tener este tipo de secuelas, lamentables a nuestro juicio, pues no tendría que llegarse nunca a esos extremos. Y además, unas responsabilidades económicas, por el daño que se está produciendo a los alumnos catalanes al no garantizar sus derechos lingüísticos, eso puede suponer responsabilidad patrimonial de la Administración, que tuviera que indemnizarles.

Es decir, pueden haber medidas de orden administrativo, como las multas, de orden penal, como la imposición de condenas, y además la responsabilidad patrimonial de la Administración. Hay una amplia cobertura frente a la actitud obstruccionista o contraria a la ejecución de la sentencia...

- ¿Les sorprende que hayan tenido que ser plataformas ciudadanas las que pidan ejecutar la sentencia del 25%, y que no lo haya hecho el Gobierno?

No nos sorprende, porque sabemos con qué estamos jugando. Los intereses partidistas muchas veces prevalecen sobre los de los ciudadanos. Es asombroso lo que está aconteciendo, o más bien decepcionante. Las Administraciones, el sector público en su integridad, están obligadas a cumplir la Constitución, la ley y las resoluciones judiciales. Uno de los principios de su funcionamiento es el de la buena fe, de desarrollar sus actividades conforme al buen fin. De hecho, los administrados confiamos en ellas para que eso sea así. Y sin embargo en España, y especialmente en Cataluña, tenemos algunas Administraciones que son desleales, que van contra la buena fe administrativa, son conscientes de que realizan actividades contrarias a la Constitución o a la ley, y siguen haciéndolo para dificultar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En este caso, el derecho a la Educación en los términos planteados por los tribunales, en las dos lenguas. Y eso cuenta, no sólo con el beneplácito, sino con el impulso del Gobierno central, lo cual resulta desolador. De ahí que los ciudadanos tengamos que suplir esas carencias e ir a los tribunales.

- El otro día, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decía que con estas sentencias que acaban con la inmersión está en juego “la nación” catalana. ¿Existe una instrumentalización nacionalista de la lengua?

La lengua catalana ha sido utilizada por el nacionalismo como estandarte de la “nación catalana”. Y la aspiración a la independencia se sustenta en que en Cataluña existe el catalán y que para salvarlo se necesita un Estado independiente. Eso carece de sentido. El catalán tiene ahora más hablantes que nunca, nunca ha sido tan conocido. Numéricamente, está mejor que nunca. Otra cosa es que en un mundo interrelacionado convive y coexiste con otras lenguas. Desde el momento en que tú quieres que la tuya sea la exclusiva, la única, pues te sientes frustrado, o se pueden sentir frustrados los nacionalistas, en la medida en que se ven obligados a compartir el espacio con más gente que habla otras. Ahora dicen eso del “derecho a vivir plenamente en catalán”… El derecho a vivir plenamente en una lengua no existe en ninguna, nadie tiene ese derecho, ni los españoles, ni los chinos, ni los ingleses, ni nadie. En un mundo plurilingüe, siempre hay alguien que a lo mejor no conoce tu idioma. Estamos ante una situación imposible, el nacionalismo tiene un componente hispanofóbico: lo que le molesta no es tanto la presencia de otros idiomas, sino que sea el castellano. No les gusta la realidad de la comunidad en la que viven, que es bilingüe. Y con esos términos se producen discusiones alarmistas, catastrofistas, que carecen de razón de ser. Es ridículo llamar a rebato y tratar de generar malos cuerpos, con una puesta en escena como si el catalán estuviera en peligro.

– Impulso ciudadano ha denunciado la falta de neutralidad de las instituciones catalanas, por ejemplo, personándose como acusación popular en el caso de Torra con las pancartas partidistas en la Generalitat, y los tribunales les han dado la razón… ¿Prácticas de desobediencia como estas están aún muy extendidas?

Cuando la Administración desobedece la ley, lo hace con una finalidad. La Constitución española en su artículo 4 obliga, por ejemplo, a que la bandera de España esté presente en el exterior de los edificios públicos y tenga una presencia preferente en el interior, en el salón de Plenos, además de una ley de banderas de 1981 que desarrolla cómo se tiene que ejecutar ese mandamiento. Eso, que a alguien le puede parecer una tontería, resulta que es desobedecido de una manera intencionada por parte de la Generalitat en salones principales, o cuando su presidente se dirige a la ciudadanía y sólo está la bandera de Cataluña. Con eso se está amputando la identidad de una gran parte de Cataluña. Y eso se proyecta de forma intencionada. En Impulso Ciudadano hicimos un estudio sobre los ayuntamientos de Cataluña, y observamos que casi el 90% no tenían la bandera de España. Es una barbaridad. Además, se obvia que el sector público y la Administración están destinados a respetar y a defender los intereses generales, de todos. Y no lo hacen. Y se atreven a poner en la fachada de los ayuntamientos e instituciones consignas políticas de corte partidista, cuando no todos los catalanes son independentistas. Por desgracia, tampoco Administraciones que deberían velar por el cumplimiento de la norma ponen interés en eso. Y vuelven a ser ciudadanos particulares o asociaciones como IC los que defienden ante los tribunales lo obvio: la neutralidad institucional. Se tiene que gobernar para todos, la Administración debe servir con objetividad, no puede tomar partido por una ideología haciéndola suya.

– Ustedes también elaboran informes en los que denuncian la existencia de violencia política en Cataluña por parte del nacionalismo, acentuada a raíz del procés. ¿Ha cambiado esta situación, o todavía es palpable?

La violencia en las calles ha bajado por razones obvias. La pandemia ha tenido sus efectos, los números cantan. En 2019, cuando se conoció la sentencia del procés, hubo una violencia enorme, esa semana de octubre fue trágica en cuanto a incidentes. Muchas veces habría que ver la espontaneidad de esos incidentes, porque me da la impresión de que están trabajados por detrás, y que no son tan espontáneos, sino que determinadas fuerzas trabajan para ello. Ahora se constatan menos actos de violencia, pero nos preocupa el aumento de la hispanofobia en redes sociales contra castellanohablantes o gente que se considera española. Por suerte, la violencia extrema de 2019, o en momentos puntuales como durante el ingreso en prisión de Pablo Hasél, se está reduciendo, y eso es positivo. Pero insisto, esa violencia muchas veces creo que tiene un origen trabajado por determinados sectores. Sobre todo, en el independentista. El 95% de esos incidentes están originados por personas u organizaciones que se sienten vinculadas a esa causa.

- ¿La Generalitat y otras instituciones catalanas protegen lo suficiente a quienes discrepan del nacionalismo y sufren esos episodios de acoso? ¿Hace la Generalitat todo lo que puede?

Pedagógicamente no, y tenemos muchos casos. Por ejemplo, no condenan de manera firme los incidentes que sufren las personas o entidades constitucionalistas o partidarias de la unidad de España. Hay una entidad machacada en ese sentido, que es la agrupación de jóvenes S’ha Acabat, que ha sufrido acosos permanentes y reiterados, y sin embargo no ha encontrado ni siquiera el respaldo ni la aprobación de resoluciones parlamentarias por parte de los grupos nacionalistas. Eso es triste. También se es muy huraño al condenar los ataques que sufren los rivales, en función de que sean más o menos afectos. Eso no tiene razón de ser. Estoy pensando, por ejemplo, en hechos ocurridos en las campañas electorales de PSC, Vox, Cs y PP. Ni siquiera el Síndic de Greuges, lo cual le desacredita como institución al servicio de los ciudadanos. Si quienes tienen que velar por la neutralidad y la libertad de expresión y participación no lo hacen...

– Ustedes hicieron un informe el año pasado, llamado “a más nacionalismo, menos servicios”, en el cual calculaban que la “construcción nacional” que hace la Generalitat cuesta 1.000 millones al año. Gastos como los destinados a medios, subvenciones a instituciones y entidades nacionalistas, a la lengua, al Diplocat, al Síndic… Y planteaba alternativas equivalentes a las que se podría destinar ese dinero. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Eso es un muestreo, la cantidad puede ser superior. Es terrible que parte del Presupuesto público se destine al fomento de una causa. Por ejemplo, ahora que comienza la campaña de la Renta, se fomenta mediante la deducción de cuotas que se entregan a asociaciones que fomentan el catalán, pero no a otras: con eso se está alentando una discriminación, puesto que muchas de estas asociaciones no son especialmente independientes. Desde el punto de vista institucional, se dedican muchos millones de euros al fomento del independentismo. Y eso no es de recibo.