Alberto Núñez Feijóo pidió tiempo para negociar su candidatura a presidente del Gobierno. Y la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol se lo ha dado, acortando así los plazos para Pere Aragonès, que afronta un mes de septiembre muy intenso. Investidura, Diada y presupuestos de la Generalitat.
Una ecuación casi diabólica, pues el dirigente de ERC y presidente de Cataluña va a tener que hacer muchos equilibrios este otoño para conciliar su perfil identitario, imprescindible para no perder más apoyos electorales, y el de gestor de un ejecutivo que necesitará, de nuevo, el apoyo de los socialistas para aprobar las cuentas de 2024 e intentar agotar la legislatura catalana. La presión de las entidades sociales independentistas no se lo va a poner fácil, pues las negociaciones para la investidura coincidirán con la celebración del 11 de septiembre, jornada de exaltación secesionista.
El rey Felipe VI recibe al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), en la última de sus siete entrevistas con dirigentes políticos antes de decidir qué candidato propondrá para que se someta en el Congreso a la investidura como presidente del Gobierno , este martes en el Palacio de la Zarzuela
Armengol ha anunciado hoy que la sesión de investidura del futuro presidente del Gobierno español se celebrará los días 26 y 27 de septiembre. Se abre, por tanto, un largo período de negociaciones, precedidas por principios de acuerdo de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas para completar la mayoría parlamentaria que necesita para revalidar su mandato.
Todo apunta a que ERC y Junts per Catalunya (JxCat) permitirán que el socialista vuelva a gobernar, aunque el cruce de advertencias entre ambas partes no cesa. Ayer mismo, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, insistía en que una ley de amnistía destinada a los enjuiciados por el referéndum del 1-O es condición sine qua non para cerrar un pacto con Sánchez. El PSOE rechaza esa exigencia, que los republicanos lanzan a modo de parapeto de los reproches de Junts, pasados y actuales, sobre la fallida mesa de diálogo sobre el conflicto secesionista.
Activismo social
Sin embargo, las presiones más duras proceden de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que todavía lideran un activismo social cuyo máximo altavoz es, todavía, la Diada de Cataluña. Quedan lejos las multitudinarias expresiones de fuerza de anteriores ediciones, pero ese día será utilizado por estos representantes del independentismo ultra para rechazar la negociación con un Estado que –así lo expresaron el pasado martes, en un debate en la Universitat Catalana d’Estiu—“está en guerra con Cataluña”.
Dicho de otra manera, la ANC se ha propuesto bloquear la investidura con una demostración de fuerza en las calles el próximo 11 de septiembre, mientras que Òmnium –que anteriormente se había desmarcado de la radicalidad de Assemblea y de sus invectivas contra Aragonès—no se resigna a perder su posición como garante de las esencias independentistas. La entidad cultural ha hecho un llamamiento a acudir a la Vuelta ciclista con banderas secesionistas.
Sangría de votos
El presidente catalán necesita frenar la sangría de votos que ERC constató en las elecciones municipales y generales. Pero tampoco renunciar a ser determinante en la política española o dar marcha atrás en su estrategia de diálogo. No es ajena a esa posición la necesidad de retener presencia institucional. Hoy por hoy, la estabilidad del gobierno de la Generalitat pasa por el apoyo de los socialistas catalanes, tras la salida del Govern de JxCat. Fue el partido liderado por Salvador Illa el que permitió a ERC aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2023.
El líder del PSC y de la oposición, Salvador Illa, en el Parlament
Aragonès afronta ahora la tramitación de las cuentas de 2024. Y aunque ningún partido reconoce intercambio de cromos en este tipo de negociaciones, lo cierto es que el apoyo de ERC a Sánchez allana la entente entre socialistas y republicanos en Cataluña. No solo en el ejecutivo autonómico.
A finales de julio, Esquerra se incorporaba al gobierno de la muy cotizada Diputación de Barcelona, presidida por la socialista Lluïsa Moret, que también cuenta en su equipo con los comunes. En paralelo, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC) debe decidir si incorpora a su gobierno, no solo a la confluencia de izquierdas –también necesita aprobar sus presupuestos—, sino también a ERC, como dan por hecho los neoconvergentes.
Esto último pasaría por la renuncia de Ernest Maragall como líder municipal de ERC, pues conocido es su rechazo a cualquier tipo de acuerdo con el PSC.