La presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, se incluye entre los "represaliados independentistas" y, por lo tanto, sostiene que ella debería beneficiarse, también, de una hipotética ley de amnistía, a pesar de que ella está condenada por un caso de corrupción totalmente ajeno a sus ideas y hechos políticos.
Borràs ha reaccionado de este modo a una publicación de Nació Digital en la que se informa de que Junts incluye su caso en esa hipotética ley de amnistía que exige al PSOE para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, y añade que es víctima de "lawfare = persecución política y represión". Ella está condenada por corrución.
Cuatro años y medio de cárcel
Fue el pasado 30 de marzo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo al informático Isaías Herrero y evitar licitarlos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.
Sin embargo, la misma sala solicitó un indulto parcial de la pena de prisión, que considera "desproporcionada". Borràs, que ha recurrido al Tribunal Supremo, dijo durante todo el proceso que veía "persecución política" su caso, bien que su causa era ajena al procés y la justicia defendió su decisión con las pruebas recabadas.
Amnistía como "punto de partida"
"Si buscáramos soluciones individuales, yo ya habría pactado con la fiscalía, pero mantuve y mantengo el pacto con la verdad", escribe ahora Borràs, para quien la "amnistía para todos los represaliados independentistas" debe ser el "punto de partida para solucionar el conflicto político".
De hecho, esta es la principal petición de Junts en las negociaciones con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez, pues los votos favorables de sus siete diputados son imprescindibles para que el presidente en funciones siga otros cuatro años en la Moncloa.