Borràs recurre al Tribunal Supremo su condena por corrupción

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia por la que fue condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por trocear contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La defensa de la presidenta suspendida del Parlament de Cataluña, encabezada por el letrado Gonzalo Boye, ha presentado un recurso de casación, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la sentencia del 29 de marzo emitida por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la condenó por prevaricación y falsedad documental. El escrito solicita que se dicte una nueva sentencia "absolviendo a Borràs de los delitos por los cuales viene inicialmente condenada".

Se niega a pedir el indulto

Cabe recordar que la misma sentencia que la condenó recogía una petición de indulto parcial para rebajar la pena hasta los dos años de prisión y evitar así su entrada en la cárcel. Así lo solicitó la Sala, que explicó que para el delito continuado de falsedad documental la Ley “obliga” a imponer una pena privativa de libertad que “en ningún caso puede ser inferior a los cuatro años, seis meses y un día”. Una condena, a juicio de los propios jueces, “desproporcionada y excesiva” para la realidad que subyace tras los comportamientos delictivos de Borràs.

Para solicitar el indulto se requiere una sentencia firme del Tribunal Supremo. Una vez emitida, la defensa de Borràs podrá solicitarlo, pero el documento se elevará entonces al Consejo de Ministros, el encargado de decidir si lo admite, lo desestima o lo aprecia solo de forma parcial. Sin embargo, este jueves la presidenta de Junts ha avanzado que no se plantea esta opción. "Yo no tengo nada que ver con la corrupción. No me arrastraré por un indulto. No necesito que me digan si me lo concederán o no, porque no pediré ningún indulto", ha asegurado en un vídeo colgado en Youtube.

"No he beneficiado a nadie"

Borràs ha aprovechado esta plataforma para defender su inocencia. Ha criticado su condena por falsedad documental argumentando que "no ha habido ningún tipo de lucro o beneficio económico". "No he beneficiado a nadie ni me he beneficiado yo. Tampoco he perjudicado a la Administración Pública", ha argumentado. Por eso, denuncia que le impusieran una multa económica "de acuerdo a sus circunstancias personales y a su formación académica" superior a la de los otros juzgados --de 36.000 euros-- cuestionando que todos sean iguales antes la ley. "Esto es un escarnio, ya hemos visto que no hay la misma pena para todos, ni la misma multa para las mismas penas". 

Borràs se ha aferrado a que la sentencia condenatoria incluye el voto particular de la jueza María Jesús Manzano. "Es una voz disidente, una jueza que se llevó las manos a la cabeza al ver las vulneraciones del derecho a la defensa", continúa Borràs. Por eso, remarca la "disconoformidad" de la magistrada e insiste en que "si existe este delito de prevaricación debe ser para todo el mundo" y que el de falsedad "no existe". Sin embargo, el tribunal que la condenó considera probado que la neoconvergente troceó contratos y los adjudicó a dedo a su amigo Isaías Herrero cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2017. De hecho, la sentencia refleja que Laura Borràs dio instrucciones al informático para que elaborara y aportara tres presupuestos comparsa por cada concepto con el único fin de ocultar la "contratación prevaricadora". Con este mecanismo "hizo quebrar todos los principios" de publicidad y transparencia que rigen en la contratación pública y adjudicó al informático un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.700 euros.