El expresident de la Generalitat de Cataluña fugado en Bélgica desde octubre de 2017, Carles Puigdemont, ha encontrado una oportunidad inesperada para salir de la irrelevancia en el tablero político español. El posconvergente, que capitanea a Junts desde Waterloo, es consciente de que los votos de sus siete diputados serán decisivos para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como ya lo fueron en la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso el jueves.
De hecho, hasta escasas dos horas antes del inicio de la votación que entregaría el bastón de mando de la Cámara Baja a la expresidenta de Baleares, Junts no confirmó que le fiaría sus votos a la socialista. Eso sí, lo hizo con condiciones: la reapertura de la comisión para investigar las “cloacas del Estado”, la creación de una nueva para esclarecer los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 y la petición oficial del Gobierno de que el catalán sea reconocido como lengua cooficial en Unión Europea como muestra del compromiso de Sánchez a cambio de su apoyo a los progresistas.
ERC, a rebufo
Aunque con unas peticiones de mínimos, que marcan el preludio de una negociación más exigente para investir a Sánchez como presidente, la maniobra de Junts le permite, por un lado, ganar tiempo y, por otro, demostrar que lleva la batuta del independentismo y desgastar más a una ERC en horas mejorables, incapaz de aprovechar el Govern que lidera en solitario en Cataluña para demostrar su capacidad de gestión y que ha sufrido una notable pérdida de apoyos en las urnas en las dos últimas elecciones: las municipales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio.
Aunque Puigdemont ha aprovechado la coyuntura de que Pedro Sánchez preside en estos momentos el Consejo de la Unión Europea para reafirmarse en la petición histórica del independentismo sobre el uso de las lenguas cooficiales en la UE, su apoyo a Armengol in extremis no quiere decir que vaya a apoyar también la investidura de Sánchez, que sigue en el aire. De hecho, el principal responsable del referéndum ilegal del 1-O ya ha aseverado que “la investidura está exactamente donde estaba el día siguiente a las elecciones” y ha amenazado con retirar su apoyo al bloque de izquierdas si los socialistas no cumplen con las promesas dadas en el marco de las negociaciones.
¿Ley de amnistía?
Sea como sea, por el momento, ambas formaciones secesionistas han blindado el uso del catalán en las instituciones --ERC solicita su uso en la Cámara Baja (Armengol ha prometido que lo permitirá), mientras que Junts va un paso más allá y pide que sea reconocido como lengua cooficial en la UE-- a cambio de su apoyo, lo que requerirá de una tramitación legislativa. Además, los republicanos insisten en la desjudicialización del conflicto independentista por las "vías legales necesarias", lo que deja la puerta abierta a negociar una ley de amnistía que, si bien tiene cabida con esta Constitución, requiere de un consenso político que, hoy por hoy, se antoja complicado. De hecho, el PSOE la descartó ayer mismo tras la sesión parlamentaria.
Por otra parte, y a cambio de asegurarse los 178 votos necesarios para que la expresidenta de la Baleares dirija la Mesa del Congreso, el PSOE se ha comprometido también a investigar el presunto espionaje a líderes independentistas mediante el software Pegasus y los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017. En su comunicado, Junts reivindica el "derecho a saber la verdad" y pide que se aclare "la vinculación del CNI con el imán Es Satty", así como saber si los aparatos del Estado tenían información sobre el ataque terrorista y, de ser así, "por qué no se evitó". Petición que entronca con el conspiracionismo independentista sobre la doble masacre terrorista de la Ciudad Condal y el municipio de la Costa Dorada.
Las "cloacas del Estado"
Los socialistas se han comprometido con los posconvergentes a reabrir la investigación sobre las "cloacas del Estado" y a ahondar en el caso de presunto espionaje a líderes separatistas con el programa israelí Pegasus. "Es el caso de espionaje a políticos más grande de Europa", reza el comunicado en el que solicitan "una investigación exhaustiva" para aclarar quién compró el software y quién ordenó su uso.
Por el momento, el Tribunal Supremo ha concluido que el CNI no usó Pegasus para espiar ni al expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra ni al exvicepresidente del Parlament Josep Costa a pesar de que ellos denunciaron que sí y señalaron al Gobierno.
Hacia las autonómicas
Negro sobre blanco, la constitución de la Mesa del Congreso ayer y el papel de los dos partidos independentistas tiene muchas lecturas, y una de ellas es la pugna entre ERC y Junts. En este campo, los neoconvergentes se llevaron la mano ayer, pero queda la mayor negociación: la que atañe a la investidura del próximo presidente del Gobierno. Se trata, de nuevo, de una oportunidad para que los secesionistas --que perdieron las elecciones generales frente a un todopoderoso PSC-- consigan dádivas y acontenten a su electorado.
Con la vista puesta ya no solo en el pulso entre ambos, sino en las elecciones autonómicas en Cataluña, que se celebrarán en 2025 si el president Pere Aragonès no las adelanta.
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