Cataluña “hace caja” con las prestaciones sociales que recibe del Estado

Tres informes de expertos en pobreza denuncian que los recortes en políticas sociales aplicados durante la crisis económica en Cataluña no se ha revertido, así como el laberinto de ayudas con que se encuentran las personas con riesgo de exclusión, ya que la Generalitat no ha actualizado el mapa de prestaciones –un total de 138—desde 2015. Asimismo, denuncian que el Govern "hace caja" con el dinero recibido para invertir en dependencia, sin que aumente el número de personas atendidas.

Replantear el modelo 

En un escenario económico complejo a consecuencia de la pandemia y la guerra en Ucrania "es necesario y urgente replantearse el modelo de los servicios sociales en Cataluña. Estos no pueden seguir funcionando como hasta ahora, por inercia, a golpe de crisis y dependiendo del sobreesfuerzo de los gobiernos locales y de los profesionales", denuncia Estrella Argüelles, experta en Psicología política y social.

Informe de FOESSA sobre los índices de pobreza por comunidades FOESSA

Definir un nuevo modelo unificado de intervención social, acabar con la infrafinanciación, incorporar las tecnologías como el big data al sistema de gestión y atención de los servicios sociales y mejorar el trabajo transversal entre departamentos "son aspectos fundamentales de la necesaria reconstrucción del sistema de servicios sociales básicos en Cataluña", afirma Argüelles, una de las autoras del Informe social. Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta publicado por la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC.

Riesgo de exclusión

La experta subraya que los servicios sociales básicos hace años que ya no se dedican únicamente a la gestión y contingencia de la pobreza y a la exclusión social. "Actualmente estos servicios juegan un papel muy relevante en los municipios a la hora de garantizar niveles óptimos de cohesión social, a la hora de garantizar derechos, en evitar y/o ayudar a corregir trayectorias vitales de exclusión".

Miembros de la Xarxa de Suport Mutu Clot Camp de l'Arpa durante un reparto de alimentos contra la pobreza en Barcelona / EP

En Cataluña los servicios sociales se organizan territorialmente en Áreas Básicas de Servicios Sociales (ABSS). Con la llegada de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) y la crisis económica, los servicios sociales vieron ampliado su público potencial “pero no lo suficiente como para poder afirmar que se trata de un servicio universal”.

Mapa de prestaciones

Actualmente existe una cartera de prestaciones gestionadas directamente por la Generalitat integrada por 138, de las que 108 son servicios, 26 son prestaciones y cuatro, ayudas técnicas. Una cartera que, desde 2015, no se ha actualizado a pesar de las reclamaciones efectuadas por el portavoz de PSC-Units, Raúl Moreno, lo que convierte el acceso a las mismas en un verdadero laberinto para personas con riesgo de exclusión que, en ocasiones, no siquiera conocen su existencia.

Argüelles denuncia que, durante la crisis económica (2008-2012), Cataluña recortó en sanidad, educación, políticas sociales, servicios sociales, PIRMI, atención a la dependencia, pero “con un agravante, y es que a fecha de hoy, muchos de esos recortes y falta de inversión de políticas sociales se mantienen y se consolidan”. La situación se ha visto agravada por el Covid y la guerra en Ucrania.

Tiempo de espera

En el 2020 los servicios sociales básicos atendieron a 887.512 personas, un total del 11,49% de la población. Con una tasa de cobertura nada uniforme que va del 38,23% la más alta, al 5,54% la más baja. El tiempo de espera medio para acceder a los servicios sociales se sitúa en 12,6 días, con diferencias muy sustanciales según los municipios.

"Los servicios sociales mantienen niveles muy altos de demanda, a la vez que se ha incrementado sustancialmente la complejidad y cronificación de los casos y se confirma un crecimiento constante relacionado con el bienestar emocional, la salud mental, la pobreza infantil, la exclusión residencial, la atención a las personas mayores, las personas con discapacidad o la violencia machista".

Tasa AROPE

La pobreza infantil, unida a la falta de recursos para atender a la infancia y adolescencia, es uno de los problemas que actualmente más ocupan y preocupan a los servicios sociales. En Cataluña, el 28,6% de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza, y la tasa AROPE en hogares con menores se sitúa en un 31,5,%. El porcentaje de la infancia y adolescencia con trastornos mentales en rentas bajas es del 14% y en rentas altas del 3%. En la actualidad, el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes catalanes.

Desigualdades

Las desigualdades sociales también se incrementan entre las personas mayores y/o con discapacidad. Las personas afectadas o sus familiares (mayoritariamente mujeres), en muchos casos aun beneficiándose de la cartera de servicios de la LAPAD, expresan su incapacidad emocional, económica y de tiempo para hacer frente a unos cuidados que en muchos casos requieren 24 horas de atención 365 días.

En el 2021 en Cataluña se beneficiaron de la LAPAD 172.604 personas. Entre los servicios y prestaciones más utilizados destacan 23.390 Teleasistencia, 31.695 Servicios de Atención a Domicilio (SAD), 8.717 Prestaciones vinculadas a SAD y 89.681 Prestaciones de cuidador/a no profesional y 83 de Asistente Personal.

Las mujeres, doblemente afectadas

El 64% de las personas beneficiarias son mujeres y el 36% hombres. 47.906 personas son menores de 64 años, 34.032 personas tienen de 65 a 79 años y 90.666 personas tienen más de 90 años. “Estos datos nos confirman nuevamente que los cuidados se realizan mayoritariamente en los domicilios y que las mujeres están doblemente afectadas por ello, ya que hay más mujeres en situación de dependencia y la gran mayoría de cuidadoras (profesionales o no) también lo son” afirma Argüelles.

En este sentido, resultan demoledores los datos publicados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. “Once gobiernos autonómicos hicieron caja en 2021 con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes. Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido por la Generalitat de Cataluña (-55,1 millones) y del Gobierno de Canarias (-43,6 millones), comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas respectivamente”.

Gasto en dependencia en Cataluña según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

Según esta asociación, Cataluña atendió en 2022 a 20.999 nuevos dependientes, un 12,58 % más que en el ejercicio precedente, mientras el resto de las comunidades lo hicieron en un porcentaje medio inferior al 7,47%. El número de personas desatendidas “limbo” no sólo descendió, sino que aumentó en 5.156 (+7%) personas desatendidas, cuando el resto de CCAA la redujo de media en un - 16,7%.

"Cataluña sigue teniendo la peor tasa limbo de todas las CCAA, con más del 27,1% sobre el total de las personas solicitantes, cuando la media se sitúa en el 11,9%. Y de seguir el ritmo de atención de los últimos tres años, aún tardaría 8 años en atender la lista de espera de las 69.770 personas dependientes que se hallan a la espera de recibir una prestación (limbo)", afirma el XXIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia vinculado a la citada Asociación.

Discriminaciones

Más del 60% de las personas atendidas en los servicios sociales son mujeres que acuden a los mismos por temas relacionados con ellas directamente (violencia machista, problemas emocionales o de salud mental, precariedad laboral, discriminación por razones de sexo, edad y procedencia…), o para solicitar ayuda para el conjunto de la unidad familiar/convivencia (cuidados, relaciones interfamiliares, la falta de recursos de subsistencia…).

El último informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) entidad impulsada por Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social de España, asegura que las personas en situación de exclusión social representan el 29,1% de la población catalana, lo que implica que algo más de una de cada tres personas, en torno a 2.260.000 personas, se encontraban en 2021 en una situación de exclusión, ya sea moderada o severa. "La situación catalana resulta, comparativamente hablando, algo peor que la observada en el conjunto de España", advierte.

Por ello, los expertos creen urgente poner fin a la infrafinanciación de los servicios sociales municipales, aumentando la inversión y los ratios de profesionales, y mejorar la financiación a las administraciones locales.