La Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña está metida en un nuevo lío. Los sindicatos denuncian esta vez el “amiguismo y el enchufismo” en la contratación de profesores para el próximo curso escolar, que arrancará el 6 de septiembre en esta autonomía. Concretamente, UGT ha detectado "irregularidades en el proceso de contratación" para cubrir las llamadas plazas perfiladas en Girona. Es decir, las que pueden elegir directamente las direcciones a través de una entrevista que no siempre cumple con la normativa.
Tras las sospechas, la organización ha llevado a cabo una investigación en la que ha comprobado de primera mano que "los procesos de selección no se adecúan" a la norma, que dicta que durante la entrevista personal con el candidato deben haber tres personas: el director, un miembro del equipo directivo o un coordinador de ciclo y un profesor del consejo escolar. Unas condiciones que no se cumplieron en ninguna de las entrevistas que realizó el miembro sindical implicado en este proceso.
Tras esta indagación, desde UGT se pusieron en contacto con la consejería dirigida por Anna Simó, pero no han recibido respuesta. Por eso, avisan a la consellera de que no cesarán "hasta lograr la transparencia" en los procesos de selección del profesorado, por lo que se plantean acudir a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) o al Síndic de Greuges, tal y como ha confirmado a este medio el delegado de educación pública de UGT en Girona, Jordi Perales.
El decreto de plantillas, el origen
Lo cierto es que no es la primera vez que los sindicatos denuncian esta mala praxis, que tiene su origen en 2014, con la aprobación del decreto de plantillas. Eso es, una norma que facilita que las direcciones de los colegios e institutos puedan elegir a dedo hasta el 50% de las plazas docentes, provocando en ocasiones “abusos, discriminaciones y arbitrariedad” en la oferta de puestos de trabajo en el sector. Y es que, aunque no todos los actúan de la misma forma, hoy por hoy no siempre se tienen en cuenta cuestiones como el mérito y capacidad para la elección del personal, sino la “afinidad” con la dirección.
De hecho, cabe recordar que todas las organizaciones iniciaron en su día un proceso judicial contra la consejería al considerar que sus cambios normativos implantaron un sistema de provisión de puestos de trabajo "arbitrario y que genera discriminación". En este sentido, Perales denuncia que se propicien “favoritismos” a la hora de contratar a amigos o familiares, tal y como ha comprobado él mismo en Girona.
Discriminación a embarazadas
Pero resulta mucho más grave cuando este tipo de prácticas dejan fuera del sistema a los más vulnerables, como embarazadas o personas con problemas de salud. Es el caso de una delegada de CCOO en esa misma provincia, que no fue renovada por “pedir permisos para cuidar a su hijo con discapacidad”.
“Los efectos de las entrevistas son devastadores y fomentan la ilegalidad, pisoteando y vulnerando los derechos de las personas como, por ejemplo, mujeres embarazadas que son rechazadas simplemente por ser gestantes. Actitudes impropias de la Administración pública y de un servidor público que tendría que velar por los principios de igualdad, capacidad y mérito”, agrega también Jesús Martín de UGT.
Prácticas frecuentes en Girona o Lleida
Aunque este tipo de situaciones se dan en toda Cataluña, los profesionales consultados por este medio aseguran que son más frecuentes en Girona o Lleida que en Barcelona o Tarragona. “Los ámbitos metropolitanos son, habitualmente, más abiertos que sociedades rurales o de interior”, expresa Martín.
En la misma línea se posiciona Xavier Díez de Ustec, a quien le sorprende “la endogamia” que hay en las ciudades gerundenses. “Allí todo el mundo se conoce y, en las escuelas, todavía más”, expresa. Y es que, según dice, “en Girona, mucha gente ha estado en la misma universidad. Son amigos, se conocen o son familia. En Barcelona y Tarragona hay más anonimato”, añade.
Consecuencias en el alumnado
El hecho de que las direcciones tengan tanto poder a la hora de elegir a sus trabajadores lleva a que éstos no cuestionen sus decisiones. “Es la manera que ha tenido la conselleria de hacer que cualquier orden que venga de arriba, se cumpla”, dice Díez, que advierte de que muchas veces la continuidad o no en un centro escolar dependerá de “no contestar o no cuestionar las decisiones” del director.
Eso explica, en cierta medida, “la caída de los niveles educativos”. Porque, evidentemente, como “no hay nadie que proteste ni nadie capaz de sincerarse con una idea que no funciona”, se sigue haciendo pese a saber que no dará sus frutos al alumnado.
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