David Madí, exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), se ha librado de declarar en calidad de imputado en una pieza separada del caso 3%, en la que se le investiga por la supuesta adjudicación irregular de la gestión del transporte sanitario en Cataluña a Ambulancias Egara, como avanzó en exclusiva este medio.
La vista, prevista para este jueves en la Audiencia Nacional, ha quedado aplazada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Se trata de la tercera vez que se pospone la declaración del que fue mano derecha del expresidente catalán Artur Mas, y que será citado de nuevo en los próximos días.
La macrolicitación, bajo investigación
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, lo imputó en marzo a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación que instruye el juez titular de la Sala Central de Instrucción número 5 considera que Madí planificó desde su despacho de paseo de Gràcia de Barcelona la operación de Ambulancias Egara. Por estos hechos se investiga a seis personas.
La Fiscalía Anticorrupción, que lidera José Grinda, trata de esclarecer si los hombres de confianza de Madí se reunieron con uno de los propietarios de Ambulancias Egara para convencerle de que debía venderles la empresa a cambio de concederles lotes de una macrolicitación en ciernes. En caso de demostrarse, pondría de manifiesto que el procedimiento fue manipulado.
Por su parte Ambulancias Egara siempre ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que los contratos de transporte sanitario público en Cataluña le han sido adjudicados de forma transparente. Es más, su propietario, Óscar Simón, declaró ante el juez que no había tenido ningún trato de favor por parte de CDC en las adjudicaciones públicas a su empresa.
La financiación de CDC
La causa de Ambulancias Egara está relacionada con el conocido como caso 3%, sobre la presunta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya, entre otras, a través de la productora Triacom.
De hecho, Madí fue condenado en octubre por un Juzgado de Barcelona a 14 meses de prisión y multa de 219.750 euros por delito fiscal y falsedad documental por su participación en una trama de facturas falsas vinculada a Triacom.
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