El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ente al que la Generalitat de Cataluña ha aportado alrededor de un millón de euros desde 2019, ha dictaminado este jueves que el Estado español "violó" parte de los derechos del expresidente autonómico Carles Puigdemont por haberle suspendido como diputado del Parlament catalán al procesarlo por rebelión en la causa del procés sin que hubiera condena. Algo que, por otra parte, no ha sido posible porque el ahora eurodiputado de Junts per Catalunya está fugado de la justicia.
El comité resuelve en su dictamen la queja que Puigdemont presentó hace cinco años a través del abogado británico Bem Emmerson, alegando que la justicia española había vulnerado sus derechos políticos al haber sido suspendido como diputado del Parlament catalán a raíz del referéndum ilegal de secesión y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017, razones por las cuales el juez Pablo Llarena lo procesó por rebelión.
En sus conclusiones, el Comité de Derechos Humanos sostiene que España violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque la suspensión automática de Puigdemont como diputado a raíz del auto de procesamiento, sin que existiera condena, "no fue por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos".
Pide información a España
El comité insta además a España a informarle, en un plazo de 180 días, de las "medidas que haya adoptado" para aplicar su dictamen --que, en cualquier caso, no es vinculante--, y le pide que publique y dé "amplia difusión" a su informe.
El dictamen sostiene que "una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos" por delitos basados en "hechos públicos y pacíficos" --como a su parecer fue un referéndum ilegal y unilateral de secesión-- sin que exista una condena previa "no puede considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos".
El fugado saca pecho
En un comunicado, el propio Carles Puigdemont y su oficina de expresidente de la Generalitat --encabezada por el ultranacionalista Josep Lluís Alay-- ha aplaudido el dictamen de este comité, al considerar que supone "la primera vez que Naciones Unidas defiende los derechos de un exiliado".
Con anteriodidad, este mismo comité ya había expresado su respaldo a los mandatarios secesionistas que estuvieron presos por el procés.
Subvenciones de la Generalitat: 200.000 euros sólo en 2022
La Generalitat de Cataluña lleva años aportando ingentes cantidades de dinero al comité independiente de Derechos Humanos de la ONU que, el pasado septiembre, también criticó a España por haber vulnerado, en su opinión, los "derechos políticos" de los exmandatarios del Govern Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull al haberles suspendido de sus funciones públicas como diputados en 2018 por estar encausados por procés secesionista, un año antes de sus condenas por sedición y/o malversación.
Dicho organismo, compuesto por "expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados", recibió 200.000 euros tan sólo en 2022 por parte del Govern catalán. Así se extrae del listado publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR), donde se recogen las "contribuciones voluntarias" de los diferentes países e instituciones que financian su labor.
Más dinero que Italia, Austria o Portugal
En concreto, esos 200.000 euros procedieron de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), dependiente de la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat. Dicha cantidad fue la práctica totalidad de los 231.990 euros aportados desde España en 2022: otros 20.000 euros los aportó el Gobierno vasco.
Dicha cuantía sorprende por su generosidad, y sitúa a Cataluña en la zona media de quienes más dinero aportan a este organismo independiente de la ONU, superando a países como Italia (188.148 euros), Austria (150.602), duplicando a otros como Portugal (100.000) o triplicando a México (67.060), por poner algunos ejemplos. Otros contribuyentes son empresas como Google, que ha abonado 50.000 euros.
Un millón de euros desde 2019
La dadivosidad del Govern secesionista con este comité externo de la ONU --cuyos informes, no vinculantes, suelen ser utilizados a bombo y platillo por los mandatarios y medios afines al nacionalismo gobernante en Cataluña para criticar a la democracia española-- viene de lejos: desde 2019, la Generalitat le ha pagado un total de casi un millón de euros.
En concreto, en 2021, el Govern secesionista le pagó a 290.000 euros; en 2020, 350.000 euros; y en 2019, 150.000 euros.
En mayo de 2019, otro informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Ordinaria, dependiente del mismo comité de Derechos Humanos de la ONU que recibe jugosas aportaciones de la Generalitat, publicó otro informe en el que calificaba de "arbitraria" la prisión preventiva de Junqueras, así como de la de los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, posteriormente condenados por sedición. Todos ellos fueron indultados por el Gobierno español.