La Generalitat insiste en sancionar a los municipios por el agua sin asumir responsabilidades

Sin pacto político, sin alcanzar los acuerdos necesarios respecto a las medidas a emprender y con reproches mutuos de electoralismo: así acabó la mal llamada cumbre de la sequía del pasado viernes, que se topó con la negativa de la oposición a sancionar a los ayuntamientos que no presenten un plan de emergencia para paliar la falta de este preciado y escaso bien pese a la insistencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que justifica su falta de inversiones en la gran deuda contraída y traslada la responsabilidad a los municipios.

La cumbre, pues, fue un fracaso aunque, con ella, el Govern quería escenificar la necesaria e imprescindible unidad de acción para afrontar la grave situación que vive Cataluña, con las reservas de los embalses en caída libre y las perspectivas de lluvias abundantes cada vez más lejos. Es la peor sequía en 50 años, recuerda la Generalitat. Ya son más de dos años sin apenas agua caída del cielo.

La cumbre de la sequía, en el Palau de la Generalitat, a 31 de marzo de 2023, en Barcelona / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Pantanos casi vacíos

Sin embargo, el mismo Ejecutivo autonómico ya había dinamitado la pretendida unidad mucho antes de convocar la reunión, al decidir aprobar un decreto ley de medidas contra la sequía sin consensuar su contenido con el resto de partidos. Ni siquiera contó con Ciudadanos, PP y Vox en las reuniones previas a esa cita, mientras que ningún representante de la formación de extrema derecha estuvo presente en el infructuoso encuentro.

Así, lejos de mostrar la voluntad de colaboración en defensa del bien común, la reunión del pasado viernes no ha hecho más que evidenciar la falta de conexión de la clase política con la sociedad. Una sociedad que observa angustiada cómo las reservas de agua continúan descendiendo ante la incapacidad de los políticos de alcanzar un gran pacto nacional. Los embalses de la región de Barcelona --donde viven 5,7 millones de personas-- se encuentran al 14% de su capacidad, cuando por estas fechas deberían situarse al 75%. Algo mejor están en Girona (38,78%), Lleida (41,75%) y, sobre todo, Tarragona (83,97%).

Multas de hasta 150.000 euros

El principal obstáculo para el acuerdo sigue siendo la obstinación del director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, por trasladar la responsabilidad de la situación a los gobiernos locales de más de 20.000 habitantes y sancionar a quien no haga los deberes, con amenazas de multas de hasta 150.000 euros. Pero olvida que la primera que no los ha hecho ha sido la misma ACA, pues lleva años sin invertir en mejoras en la red por, según esta entidad, una gran deuda contraída. Una deuda agrandada por unas decisiones mejorables y cargadas de irresponsabilidad que se han sucedido en los últimos tiempos.

La situación actual, mientras los embalses de las cuencas internas siguen a una cuarta parte de su capacidad, y bajando, es que el Govern ha decidido tirar para adelante con las inversiones que considera urgentes, sin consensuarlas con el resto de fuerzas del Parlament, mientras mantiene el capítulo de sanciones activado y amenaza a los municipios con ejecutarlo en su contra si no asumen sus responsabilidades.

Piscinas llenas

Un escenario de desencuentro entre partidos y entre Administraciones que no contribuye a generar confianza en la política ni en las instituciones, con la ACA actuando como un verso suelto, con su director regalando titulares que no hacen más que aumentar aún más la incertidumbre, como el de que “esta sequía la tenemos que pasar como podamos”, y con una consellera, Teresa Jordà, reconociendo que el mensaje que se traslada a los ciudadanos “no es” el que deberían “dar como clase política”. Sea como sea, la última novedad al respecto es que se permitirá el llenado de piscinas públicas y comunitarias por tratarse de una razón “de salud pública”, con lo que se modifica el anterior decreto de restricciones en este punto.