El Govern salva su decreto ley frente a la sequía entre críticas de la oposición por su imprevisión

El Govern catalán ha convalidado este martes en el Parlament su decreto ley con medidas para hacer frente a la sequía con el voto a favor del grupo de ERC y del diputado no adscrito Antonio Gallego, las abstenciones del PSC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y la CUP y el rechazo de PP, Ciutadans (Cs) y Vox.

El pleno ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto, con el voto en contra de ERC. La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, se ha mostrado dispuesta a llevar a cabo dichas modificaciones una vez se celebre la cumbre sobre la sequía el próximo 31 de marzo, lo cual ha facilitado las abstenciones del PSC y Junts.

Sanciones

Jordà considera el decreto una "caja de herramientas" frente a la sequía que afecta a Cataluña desde hace ya más de dos años y los bajos niveles de las reservas de agua, con los pantanos a apenas el 27% de su capacidad. La consellera ve ahora "más necesario que nunca asegurar el abastecimiento de agua y activar las palancas necesarias" para maximizar los recursos hídricos de Cataluña, además de asegurar las inversiones previstas para este año.

El decreto ley, que el Govern aprobó el 28 de febrero, contiene "medidas extraordinarias y urgentes" para garantizar el abastecimiento del agua, incrementa la penalización en caso de incumplimiento de las normas de aprovechamiento y prevé sanciones para ayuntamientos que no hayan presentado sus planes contra la sequía. A pesar de ello, Jordà ha sostenido que la "vocación" del decreto no es sancionar a ningún municipio, sino "disuadir y que todos hagamos los deberes".

Falta de consenso

En el debate parlamentario, tanto PSC como Junts han coincidido en criticar la falta de consenso con la que el Govern ha llevado este decreto al Parlament.

Así, la diputada socialista Sílvia Paneque ha criticado el orden con el que el Govern ha operado: "El decreto debería ser el resultado de la cumbre, y no al revés", le ha afeado. Una de las demandas del PSC es introducir un periodo transitorio de un año a la hora de aplicar las sanciones previstas en el decreto.

Por parte de Junts, el diputado de Junts Salvador Vergés ha arremetido contra el Govern --del cual su partido formó parte hasta el pasado octubre-- por haberle encontrado el gusto a "gobernar a golpe de decreto", aunque ha celebrado la "rectificación" del Ejecutivo catalán en materia de sequía.

"Falta de planificación" de la Generalitat

Desde la CUP, Dani Cornellà ha reconocido la preocupación de su partido "por la falta de planificación y el retraso en tomar medidas por parte del Govern" y ha abogado por empezar a restringir macroeventos, macroproyectos y actividades relacionadas con el turismo que empeoran la situación de sequía.

La escasa previsión de la Generalitat, y su tardanza en tomar medidas, ante un problema que viene de lejos, ha sido una crítica casi unánime por parte de la oposición, que ha rebatido de forma contundente el argumento del diputado de ERC Eugeni Villalbí, según el cual el problema de la sequía "no pasa ni por un decreto ni por acciones que el Govern o el Parlament puedan hacer, sino que pasa porque llueva".

"Antes sancionaría al Govern por inacción"

Los grupos parlamentarios han reprochado a ERC "la inacción y la falta de acción del Govern durante los últimos años", según palabras de Paneque (PSC). Algo en lo que ha coincidido la diputada de Ciutadans (Cs) Marina Bravo, quien ha recordado que el Ejecutivo secesionista debería haber actuado de una forma más decidida desde hace años para estar preparados frente a una situación de emergencia como la actual. "Antes sancionaría al Govern por inacción", ha dicho, en alusión a las posibles sanciones a municipios.

Desde el PP, el diputado Daniel Serrano ha apuntado que la falta de previsión, la reacción tardía y las medidas insuficientes hacen que el decreto no sea suficiente: "No es la caja de medidas que usted piensa que es", le he dicho a la consellera.

Plan hidrológico y desalinizadoras

El diputado de Vox Ramón López ha defendido que el agua "es de todos y no solo de las regiones donde se encuentra, por lo que es imprescindible contar con un plan hidrológico nacional con los principios de solidaridad y de bien común".

Lucas Ferro (En Comú Podem) ha destacado que se deberían de tener también otros debates, como sobre el modelo de gobernanza se quiere para el agua en Cataluña, "donde se debería hablar sobre quién está poniendo obstáculos para su municipalización".

El diputado no adscrito Antonio Gallego, por su parte, ha dicho que le parece bien "que se multe a los ayuntamientos que durante años no han presentado el plan de emergencia", y ha instado a la Generalitat a hablar con el Gobierno español para impulsar la construcción de una desalinizadora de gran capacidad.