Protección de Datos cambia de sede tras reclamar durante años una reforma de accesibilidad

La mudanza llega tras las peticiones desatendidas por la arrendadora del entresuelo que ocupa la agencia en el 214 de la calle Rosellón. Según el informe justificativo de la adjudicación, la empresa Nova-Exinver no ha corregido los problemas de accesibilidad del edificio pese a que se comprometió a ello en el contrato de alquiler firmado en 2015.

Todo por un salvaescaleras 

Coincidiendo con el vencimiento del arrendamiento el próximo 30 de septiembre, Protección de Datos ha activado la búsqueda de otro casero. En el documento anteriormente mencionado, se explica que "el pacto quinto del mencionado contrato [de alquiler] prevé subsanar un déficit estructural de estas oficinas en relación con la accesibilidad a las mismas". En concreto, la inexistencia de un salvaescaleras para discapacitados.

Tras una intervención de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, se incluyó una adenda en el acuerdo aún más clara al respecto. Pero pese a que la agencia pública entregó en 2017 un estudio de viabilidad de las obras a la mercantil, la solución no se ha materializado en estos siete años.

Oficinas de 800 metros

"A lo largo de estos años la Autoridad ha mantenido diversas reuniones con la propiedad para intentar resolver la accesibilidad de las oficinas y esta lo ha planteado a la comunidad de vecinos, pero a fecha de hoy no se ha encontrado una solución viable y satisfactoria", consta en el informe.

Los pliegos de la licitación especifican que la ubicación deberá tener 800 metros cuadrados de superficie útil total y hallarse a una distancia máxima de tres kilómetros de plaza Cataluña. Además, debe estar bien comunicado con transporte público y garantizar la normativa de accesibilidad. Todo bajo la vocación de que la nueva sede haga visible la "singularidad" del órgano que vela por el cumplimiento de la normativa sobre datos personales en la comunidad.

Propuesta económica

Se exige una capacidad mínima para 44 trabajadores y se detalla que deberá contar con un "despacho de representación institucional, cabinas para trabajo individual y salitas de trabajo colaborativo, biblioteca, archivo, almacén, reprografía, una sala de maquinaria técnica y lavabos".

La renta ofrecida por la Autoridad se fija en un máximo de 16.000 euros al mes (sin IVA) y el contrato se estipula con una duración máxima contabilizando prórrogas de 15 años.