El exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol / EP

El exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol / EP

Política

El fiscal pide dos años de cárcel para Albiol por prevaricación

El ministerio público acusa al exalcalde y candidato del PP en las elecciones municipales de instalar dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana sin licencia

9 marzo, 2023 12:46

La Fiscalía reclama dos años y diez meses de prisión, diez años de inhabilitación y multa de 9.500 euros, para Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP a las próximas elecciones municipales, por un presunto delito continuado de prevaricación por la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana sin licencia, según avanza El Periódico.

Las antenas propiedad de Vodafone y Telefónica supuestamente operaron sin ninguna licencia entre 2012 y 2018, cuando fueron desmontadas por estas compañía, según la versión de la acusación pública. En ese periodo, el Ayuntamiento de Badalona, según las pesquisas, dejó de ingresar unos 17.500 euros en impuestos que las empresas debían haber abonado por ocupar un espacio público como es una comisaría.

Lo que dice la normativa vigente

La Fiscalía solicita esta cantidad de dinero como responsabilidad civil. El rotativo añade que las antenas requerían, según la normativa vigente, de una licencia urbanística y ambiental que no se llegó a pedir ni se concedió. El Plan General Metropolitano de Barcelona establece que una instalación de estas características no podía ocupar un equipamiento nuevo como era en esas fechas las dependencias de la policía local de Badalona, situada en una zona elevada de la periferia conocida como Turó d'En Carig.

En su auto de conclusión de la instrucción, el juez indicaba que "no consta solicitudes formales, ni ningún expediente administrativo urbanístico, ambiental o tributario". El magistrado lamentaba que dos empresas "con ánimo de lucro" hubieran ocupado un espacio público sin que esta instalación haya revertido en la población a través del pago de un impuesto. El consistorio cifró ese canon en 617 euros en seis años, aunque la Oficina Antifraude de Cataluña lo eleva hasta los 17.448 euros.