La Síndica de Greuges considera las cárceles "un reducto del pasado"

"Un reducto del pasado". Con estas palabras define a las cárceles la sucesora de Rafael Ribó como nueva Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas. La equivalente al defensor del pueblo catalán es partidaria de cambiar el paradigma del sistema de prisiones en la autonomía, no para suprimirlas del todo, pero sí para hablar más de "penas alternativas".

Giménez-Salinas ha dado a conocer este lunes en el Parlament los ejes y las prioridades de su mandato como Síndica. Allí ha expuesto su intención poner en el centro del debate el tema penitenciario. Y para ello ha citado el artículo 25.2 de la Constitución Española, en el cual se indica que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Asimismo, ha recordado la Ley Orgánica Penitenciaria aprobada el año 1979, "que no se ha cambiado", y cuyo primer artículo indica que las instituciones penitenciarias "tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados".

"Desjudicializar"

La Síndica ha reiterado su voluntad de "desjudicializar" los conflictos para que lleguen a tribunales solo los más graves, así como desincentivar la prisión al considerar que hay maneras "más efectivas, menos costosas y menos represivas", según ella, para combatir la delincuencia.

A su modo de ver, "las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas a la reinserción" y, aunque las prisiones no son un centro educativo, cree que podrían hacer esta tarea educativa en un futuro si se cambia el modelo.

Malestar

Esta consideración de la Síndica sobre las prisiones ha causado controversaria con los diputados de Ciudadanos (Cs), Ignacio Martín Blanco, y de Vox, Sergio Macián, quienes han alertado sobre el efecto de prevención general que tienen las penas de prisión, sobre todo en delitos en los cuyos autores no son reinsertables.

Giménez-Salinas, sin embargo, ha insistido en su opinión de que el sistema de prisiones responde a una sociedad de los siglos XIX e incluso XVIII, y cree que la justicia restaurativa "es más eficaz". A su modo de ver, las cárceles no son centros en los que se haga actualmente una tarea educativa para la reinserción, y no se podrían eliminar del todo.

La diputada del PSC Helena Bayo ha celebrado la actitud "transformadora" de la nueva síndica porque quieren un "cambio real y efectivo" en la institución y, desde Junts per Catalunya, el diputado Joaquim Jubert ha aplaudido la voluntad de Giménez-Salinas de modernizar las administraciones públicas.

Sanidad, educación y residencias

En el ámbito de la salud, Giménez-Salinas ha puesto el foco en las listas de espera, las condiciones de los profesionales y en la necesidad de rediseñar el sistema sanitario para que dé respuesta a los retos de salud actuales.

También ha lamentado el número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza en Cataluña y el número de menores en riesgo de pobreza infantil: "Tenemos más recursos, pero ¿la distribución es la adecuada? Hay más dinero pero no se mejora la situación".

Otra de las cuestiones a abordar, a su juicio, es el abandono escolar prematuro --déficit en el cual Cataluña es la peor región de Europa--, y lo "poco" que se ha avanzado en segregación escolar y educación inclusiva en los últimos años.

También anunciado que la Sindicatura prepara un informe monográfico, para dentro de dos o tres meses, sobre las residencias en las que viven las personas mayores, que ha visitado y que la han impactado "mucho".

Otras cuestiones

Giménez-Salinas, por otra parte, ha abogado por que se atienda a todos los inmigrantes que llegan a Cataluña tal y como se ha hecho con los ciudadanos ucranianos; que la Administración sea "más amable y eficaz, que escuche" a la ciudadanía y que los trámites sean más accesibles a las personas, con otro tipo de lenguaje más asequible.

"La cita previa no puede ser nunca obligatoria", ha opinado, para añadir que "si el teletrabajo perjudica al ciudadano, se deberá recuperar la presencialidad" para atender mejor.

La Síndica ha precisado que el 50% de las quejas que recibe la Sindicatura son del ámbito social y, especialmente, por la vivienda, por lo que ha recomendado la consecución de un "Pacto Nacional por la Vivienda" en Cataluña.