Miguel Ángel Gimeno: “En la gran inversión pública hay un tremendo abuso de poder”

El magistrado Miguel Ángel Gimeno dirige desde 2016 la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), cuyo objetivo prioritario es prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos. En una entrevista con Crónica Global, Gimeno explica que el número de denuncias tramitadas en este organismo, dependiente del Parlament, ha aumentado considerablemente y que "la financiación ilegal de los partidos "es un problema no resuelto en España de manera definitiva".

--PREGUNTA. La Oficina ha elaborado una guía de recomendaciones, un compliance, dirigido a las empresas públicas. ¿En qué consiste?

--RESPUESTA: Viendo el cumplimiento normativo que se hacía en las empresas privadas, a nuestro juicio bastante defensivo para que no se aplique la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos planteamos la situación desde la perspectiva de por qué no lo hacen las empresas públicas también, donde no solo hay empresas mercantiles, también consorcios o fundaciones, que contratan, hacen servicios o son proveedores. Nosotros no buscamos hacer planteamientos defensivos, sino que todas estas empresas, además sean cumplidoras no solo para que no les condenen, sino que tengan las mismas exigencias que le hacemos a un ayuntamiento, el área metropolitana o la Diputación. Les vamos a hacer planes de integridad. Han participado las universidades de Castilla-La Mancha y Santiago de Compostela, la Universidad Autónoma de Barcelona, la UOC. Y también universidades de Italia, que nos llevan mucha ventaja.

--Es curioso, tenemos la imagen de Italia como un país corrupto, poco sensible a estos temas...

--Van bastante más avanzados que nosotros. El artículo 31 bis de nuestro Código Penal no deja de estar inspirado en el decreto italiano de 2001. Su decreto legislativo es de 2001, nosotros hasta 2010 no planteamos la responsabilidad de las personas jurídicas. Lo tienen muy desarrollado. La Autoridad Anticorrupción italiana (ANAC) es de ámbito nacional y tiene potestades que nosotros no tenemos. Las universidades de Módena y de Bolonia están también en nuestro programa. Lo más novedoso es que nosotros no hacemos análisis académicos y luego los traspasamos. Nosotros cogemos a 23 empresas públicas catalanas, algunas grandes como la Agencia Catalana del Agua (ACA), pertenecientes a la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos, y nos ponemos a interactuar. Ellos explican lo que hacen, qué necesitan, qué pueden mejorar. Todo eso lo recogemos, organizamos los datos y lo estudiamos desde diferentes perspectivas: transparencia, garantías, seguridad, protección de datos… Estamos en la fase de edición y supongo que a principios del próximo año lo tendremos. Nuestro plan de integridad lo hacemos en colaboración con la Diputación de Barcelona.

--¿Las empresas públicas son sensibles a vuestras recomendaciones? ¿Las cumplen?

--Las prioridades siempre son coincidentes. Un gobierno como el de la Generalitat tiene prioridades que son netamente políticas, mientras que nosotros hablamos de buen gobierno. En los ayuntamientos, ahora todo el mundo quiere cumplir porque vienen elecciones, pero eso no significa que cumplan. Nosotros no somos una institución pequeña, pero no somos capaces de hacer un traje a medida de cada uno. Lo que hacemos es publicar recomendaciones a los partidos políticos antes de las elecciones, y a los grupos municipales cuando han sido elegidos. En las últimas elecciones, todos los partidos incorporaron a su programa nuestras recomendaciones. Si la pregunta es si lo han cumplido, la cosa cambia. Es verdad que cada día hay más interés en esto. Para nosotros es un esfuerzo tremendo hacer planes de integridad para cada ayuntamiento, que cuando cambiaba de alcalde, se iba por otros derroteros. Ahora ayudamos a las asociaciones de municipios, que son los responsables de confeccionarlos. Para que sea efectivo, igual que ha pasado con los Next Generation, el plan lo debe hacer uno mismo. Hacer un análisis de los conflictos de interés desde fuera es muy difícil. A veces es más fácil comprarlo hecho a una consultoría. Pero eso solo es papel, no está integrado. Lo importante es que todos los funcionarios lo tengan asumido, incluso que haya algún vigilante u officer.

--¿La Oficina necesitaría más competencias, que sus resoluciones fueran vinculantes?

--La vinculación de las resoluciones es una reivindicación que hemos hecho. No tanto que tengamos capacidad sancionadora, sino que aquel a quien hacemos una recomendación, esté obligado a pronunciarse. Nuestras resoluciones no son imperativas, no hay repercusión. Pero si hay un acto administrativo, si se pronuncian sobre las mismas, un particular o la oposición en el control político puede recurrir jurisdiccionalmente. Ahora no pueden. ¿Más medios? Soy partidario de tenerlos, pero que seamos capaces de articularlo. La contratación pública es lenta y nosotros no podemos hacerlo de cualquier manera. Llamamos la atención a terceros y no puede ser que nosotros ni cumplamos (ríe). Nos encontramos muchas veces que los directores de área nos piden esperar a convocar la plaza porque no tienen tiempo de formar a quien la ocupa. La Oficina tiene ahora 60 personas, que está muy bien. Pero tenemos más trabajo. El número de denuncias cada día sube. A fecha 1 de noviembre teníamos 430 y finalizaremos el año con más de 500, cuando la media hasta 2017 era de 150. Un punto débil de la OAC es que somos lentos, igual que la Justicia.

--¿Eso quiere decir que los ciudadanos son más sensibles? Parece que la corrupción no pasa factura a los partidos.

--Eso es curioso. Lo que sí que diría es que hay cabreo, hay enfado, pero no exclusivamente por motivo de la corrupción. La vida es cada vez más difícil y la reacción ante lo que puede hacer bien o mal la administración es mucho más exigente. Creo que hay más sensación de corrupción, pero no creo que haya más corrupción. Lo que hay son bastantes más irregularidades. Al menos en lo que vemos en la Oficina. Somos conscientes de que, con nuestra capacidad, es difícil llegar a la corrupción que hacen las grandes empresas a través de un pool con el que repartirse la obra pública. Luego está algo que, siendo reprochable, no llega a ser corrupción, que es lo que llamamos la captura del Estado, cuando te hacen la ley a tu medida. Ahí están los lobbies, de los que hemos escrito bastante.

--Acabamos que conocer avances en el famoso caso 3%. ¿Es la punta del iceberg de la corrupción en las administraciones catalanas?

--En la gran inversión pública siempre hay mucho problema, a veces lo que hay es abuso tremendo del poder. Estoy convencido de que en estos momentos hay empresas que están haciendo construcciones en el ámbito local que están presionando para hacer modificaciones porque si no no acabarán la obra para las elecciones. Esto es un acto de corrupción. El caso 3% lleva 18 años. La Oficina no existía. Una de las cosas que decimos es que la Oficina nace porque la Convención de Naciones Unidas ordena crear instituciones de lucha contra la corrupción. En Cataluña surge la necesidad cuando se hunde el bloque de edificios de El Carmel y Maragall dice aquello del 3%. Eso fue un revulsivo. La financiación ilegal de los partidos es un problema no resuelto en España de manera definitiva. Yo creo que las organizaciones van ahora con más cuidado. Hacienda, sea quien sea el ministro, es muy celosa de su competencia. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está muy atenta.

--¿Hay avances?

--Estamos todos muy motivados. La fiscalía también. Los asuntos ahora no van a ser tan burdos como los que hemos visto en los últimos 15 o 20 años, como por ejemplo el caso Palau. Pero no me atrevería a decir que esto ha desaparecido. Es la condición humana. Lo que pasa es que los métodos de corrupción son cambiantes y muy adaptativos. Por eso hablaba antes de la captura del Estado. Si logro que hagan una norma a mi medida ¿para qué necesito hacer otra cosa? No se dará dinero al político, se le compensará con las puertas giratorias. Hemos entrado en una etapa donde deberíamos poner el foco en los conflictos de interés, en los lobbies y en la falta de transparencia. Se publican las agendas, los contactos, pero no si se ha presentado un documento y qué es lo que dice. Nosotros lo llamamos la huella.

--Entiendo que hay resistencia a desvelar esos contactos.

--Los lobbies, a priori, son legítimos. Pero debe quedar muy claro para el ciudadano que el gobernante actúa con criterio social o liberal. Y ahí hay mucho por recorrer. Algunos lobbies son muy perspicaces y no lo hacen con quien decide hoy, sino con el que decidirá mañana. Eso provoca que en la administración se produzca una pérdida de conocimiento. Cuando se habla de revertir las externalizaciones, lo que decía de la captura del Estado, hay que preguntar: ¿pero tienes gente suficiente para gestionar?

--La OAC ha participado en la tramitación de la ley española de protección de los alertadores o denunciantes.

--Siempre hemos estado muy concienciados porque es algo que nos falta. Proteger a los informantes es uno de los cometidos de la Oficina, pero nos falta una ley, que llega tarde. Teníamos dos años para hacer la transposición de las directrices europeas, y ese plazo acabó en diciembre del año pasado. Parece que ahora saldrá. El proyecto de ley tiene muchos puntos débiles, y espero que se mejore en su tramitación en el Congreso. Se crea una autoridad, pero no se define cómo se hace esa protección. Es una ley con una perspectiva muy centralista y hemos hecho enmiendas en el sentido de defender las competencias autonómicas. Y luego hay muchas limitaciones, como el de la seguridad del Estado o el Ejército, pero hay que tener en cuenta que ahí se hacen contrataciones multimillonarias. Se tendrá que establecer también algún mecanismo. Y luego creo que se excede al prever contratos de carácter reservado. Acota un gran ámbito donde es necesario que la ciudadanía tenga la certeza de que ahí no se está metiendo la mano. Si compras un avión, inviertes mucho dinero. Ahí un alertador se encontraría sin protección.

--¿Qué otros aspectos fallan?

--Tampoco quedan claros aspectos relacionados con la empresa privada, que requiere adaptar mucha legislación, laboral, por ejemplo. También modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues un denunciante muy probablemente deberá ser testigo, y la ley de protección de testigos que hay ahora es poco efectiva. Además, se habla de un ámbito de delitos e infracciones graves, pero también en las leves puede haber represalias para el denunciante. Hemos presentado unas diez enmiendas. Algún grupo parlamentario las ha aceptado. Para nosotros es vital. Hay otro aspecto, que si esto sale adelante, necesitaremos una ley catalana que garantice que la responsable es la OAC. Y eso exigirá cambiar la estructura de la Oficina, disponer de especialistas.

--¿Cómo se ve a España desde otros países? ¿Un país más o menos corrupto que otros?

--Somos mucho mas autocríticos nosotros que como nos ven desde fuera. Excepto cuando hay intereses políticos, como cuando los holandeses salen diciendo barbaridades. Quizá haya mas cultura, más instituciones en Europa que trabajan en este tema. Pero no nos ven especialmente como unos corruptos. Siempre recuerdo el caso del AVE en Andalucía, que siempre se estudia, donde la corrupta era la empresa alemana y el proceso pasó por Suiza. ¿Que los nórdicos son mejores? Pues todavía no han pagado Aznalcóllar. Sí es verdad que aquí hay un cierto grado de tolerancia que en otros sitios no hay. Pero no somos el último de la fila.