Destapan descontrol en la obra pública de la Diputación de Lleida

La Sindicatura de Cuentas ha aflorado descontrol en la obra pública promovida por la Diputación de Lleida, ente investigado por, presuntamente, adjudicar contratos de trabajos a empresas a cambio de comisiones. El fiscalizador ha señalado que el organismo incurrió en contratación irregular, trato privilegiado y retrasos y sobrecostes en las entregas. Ocurrió en 2017, con Joan Rañé (CDC) como presidente. 

En una nota, la Sindicatura pone negro sobre blanco las anomalías detectadas en la adjudicación de obra civil, entre otras. Algunas de las denuncias más relevantes son, por ejemplo, el uso de la contratación por el procedimiento de urgencia de nueve de los doce contratos analizados. Cuando esta vía no estaba justificada. Sugiere "falta de previsión" y generó "restricción del principio de concurrencia", según el controller. 

"Trato de favor"

En uno de los expedientes analizados, la Diputación de Lleida cayó en "trato privilegiado" de una empresa respecto al resto de licitadores, al adjudicarle una contrata cuando había hecho previamente el trabajo de campo y el análisis previo. En otras licitaciones, se detecta "falta de información sobre los requisitos de solvencia" o sobre los criterios de adjudicación. 

Detecta la Sindicatura que el organismo supralocal que presidía Rañé sobrevaloró el criterio subjetivo en algunas ofertas, castigando la propuesta económica o objetiva. Más preocupante si cabe, en todos los contratos de obra analizados salvo uno hubo sobrecostes. Totalizaron entre un 10% y un 46% del valor inicial. En seis de ellos se ignoraron las mejoras del licitante y se cambiaron por descuentos, y en varios hubo retrasos en la entrega de hasta un año. 

Descontrol en la contratación

En otras tipologías de contratos, como los suministros, el controller apunta a que 1,43 millones de euros se adjudicaron de forma directa en 2017, sin procedimiento público. Otros 273.416 euros en suministros, en este caso de equipos informáticos, se adjudicaron mediante contratos menores sin concurrencia. El importe supera con creces el límite legal. 

Más dinero público si cabe concierne el gasto de 690.895 euros sin justificar mediante una propuesta concreta ex ante, y sin aprobar previamente por parte del órgano competente. Esta cuantía tampoco la pudo fiscalizar la Intervención y no la aprobaron ni el presidente ni el diputado delegado. 

Investigado por presuntas 'mordidas'

Las irregularidades apuntadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de la Diputación de Lleida son relevantes, pero no novedosas. El expresidente del ente, Joan Rañé, fue detenido en octubre de 2018 por, supuestamente, tolerar adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de mordidas. Dimitió a los pocos días. 

El caso está enjuiciado, aunque las escuchas policiales sugieren que un grupo de constructoras se organizaron en una suerte de cártel para optar a contratos públicos del organismo supralocal. El juez lo tendrá que probar.