El TSJC tiene la última palabra sobre el polémico tanatorio de Sants

Doble pelota sobre el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para marcar el futuro sobre el polémico Tanatorio de Sants, situado en el barrio del mismo nombre de Barcelona. La segunda instancia judicial analiza dos recursos para detener las obras de la controvertida sala funeraria que abrirá, si nada se lo impide, en una antigua fábrica protegida junto al hub ferroviario barcelonés. 

Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona / CG

Así lo explican fuentes judiciales. Recuerdan que los dos procedimientos se acumulan en la sala contenciosa del TSJC. El primero parte de una demanda interpuesta por la plataforma vecinal Stop Tanatori y se dirige contra el plan urbanístico de la sala de velas; el segundo está firmado por Mémora y va contra la obtención de la licencia de obras. Mientras las dos causas se examinan en el Alto Tribunal, las obras de reforma avanzan entre un gran malestar de los vecinos, como informó Crónica Global. 

Las cautelares detendrían las obras

La primera resolución que se espera es la de petición de medidas cautelares solicitadas por el operador privado. Otras fuentes cercanas al TSJC remarcan que se trata de la "última bala" para detener los trabajos de reforma de la nave Germans Climent. De hecho, Funeraria San Ricardo, el inversor vinculado a la aseguradora Grupo Ocaso que capitanea el proyecto de Sants, pretendía terminar la rehabilitación a finales de año y abrir en 2023. 

El estado actual de los trabajos apunta a que cumplirá con el calendario salvo que los tribunales indiquen lo contrario. Los interlocutores judiciales contactados subrayan que la impugnación del plan urbanístico no tendría la fuerza suficiente para frenar la transformación. Consideran que solo se podría llegar a este escenario si así lo indican los magistrados. Tampoco lo conseguiría un tercer escrito de Stop Tanatori contra la licencia de obras que se dirime en el juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona. Cualquier sentencia de esta sala, sea en el sentido que sea, se podrá recurrir y será analizada por una instancia superior.

Proyecto polémico

La transformación del activo es polémico antes de que concluya. La reforma de Germans Climent, una nave catalogada como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) elevada en 1925, tiene diversos puntos que generan controversia. El dosier de la inversión prevé invadir una plaza pública, eliminar plazas de párking y colocar chimeneas que están enfocadas a un bloque de viviendas situado a unos seis metros de la factoría en rehabilitación, entre otros detalles que han enervado a los vecinos de Sants. 

Asimismo, se contempla la entrada de coches funerarios de gran tamaño por un callejón, lo que provoca reticencias en materia de movilidad. Máxime, cuando la peatonalización de la zona está incluida en los planes del ayuntamiento para pacificar el barrio. Intra muros, no hay previsión de circuito alternativo de electricidad por si se sufren apagones, cuestión nada menor si se tiene en cuenta la naturaleza del servicio que presta, y se señalan fallos burocráticos. Entre ellos, que el altillo de las oficinas no está incluido en la medición global de los metros cuadrados que ocupará el equipamiento fúnebre.

Las obras, problemáticas

El recinto fabril acogía con anterioridad un Happy Park, pero los dueños del inmueble, la familia Heras, expulsaron a los gestores del espacio lúdico infantil con una aumento del alquiler. Los primeros trabajos para lograr este particular cambio de uso han puesto en pie de guerra a los vecinos. Los trabajos de decapado de la estructura interior han levantado una nube de polvo que han obligado al distrito de Sants a intervenir. Hay protestas de los residentes, pero también de los comercios situados frente al recinto.

El Ejecutivo local no ha contestado si las obras que realiza Funeraria San Ricardo se acogen a la normativa tras la consulta de este medio. El operador, por su parte, ha guardado silencio, como viene haciendo desde que Crónica Global avanzó en exclusiva en 2020 que la empresa de la familia Almirall Bellido había pedido permiso municipal para ejecutar la obra. 

Dos realidades: Sants y Sant Andreu

El gobierno local, con el sorprendente apoyo de la Barcelona pel Canvi de Manuel Valls, se lo dio. El plácet a un nuevo tanatorio en pleno tejido urbano contrastó con los obstáculos que puso el bipartito sociocomún a la pretensión de instalar una sala funeraria en los antiguos Cuarteles de Sant Andreu. El distrito de esa zona jugó un papel mucho más beligerante contra la iniciativa. Finalmente, logró un pacto con el impulsor, Mémora, para alejar más de lo previsto en un primer momento el recinto de las viviendas que están en la zona. 

Tras blindar Sant Andreu --un distrito con fuerte voto de Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa Ada Colau-- contra nuevos equipamientos funerarios, el gobierno local aprobó una moratoria contra otros proyectos similares. El veto, de nuevo, olvidó el equipamiento que se proyecta en Sants. Quedó fuera del parón de permisos que tenía un año de duración. 

Los impulsores se esconden

Esa posición del Ayuntamiento de Barcelona ha sorprendido a los vecinos. Casi tanto como la renuencia de Funeraria San Ricardo a presentarse ante los residentes y ante la prensa para anunciar sus planes ambiciosos en la ciudad. Su marca comercial, Próxima Serveis Funeraris, aspira a ser el tercer operador de la capital catalana tras Sfb y Áltima.

La empresa la pilota la familia Almirall Bellido, vinculada a la oficina de Ocaso que está situada en la calle Pau Claris. Con todo, el gigante asegurador ha tratado de desmarcarse de la polémica inversión. Enrique Albiol, dueño de la franquicia, estuvo también vinculado al proveedor Hygeco España. 

Jordi Valmaña, director general de Cementiris de Barcelona, durante una entrevista en una radio / RNE

Cabe tener en cuenta que esta última sociedad ejerce de partner habitual de Cementiris de Barcelona (Cbsa), la mercantil pública que opera en monopolio los nueve camposantos de la capital catalana. Saltó a los titulares por los contratos que le otorgó el exdirector de la firma pública, Jordi Valmaña, cuando su hijo trabajaba como responsable comercial de la empresa. 

Fracaso de la funeraria municipal

En el terreno político, desde el sector se da por sentado que el gobierno de BComú ha dado facilidades a ciertos actores privados para entrar a operar en el sector funerario de Barcelona. Incluso con proyectos tan controvertidos y que generan tanto malestar vecinal como el de Sants. Se apunta a que ha dado el paso tras fracasar el proyecto de dar forma a una funeraria municipal. Los comunes presentaron esta iniciativa hasta cuatro veces al pleno local, pero jamás lograron el apoyo político suficiente para sacarla adelante. 

El consistorio controlaba entonces un 15% del accionariado del operador mixto Serveis Funeraris de Barcelona (Sfb). Es decir, podía influir en la prestación de servicios de este perfil a través del operador mixto. Contaba con representación en el consejo de administración de la compañía, y tenía voz y voto para definir el rumbo que debía seguir. Finalmente, el ayuntamiento desinvirtió y perdió su posición en uno de los negocios que se consideran más estables por su naturaleza. La de prestar servicios dignos en el final de la vida.