Estevill: la larga noche de la prevaricación y el cohecho

El 22 de septiembre de 2006, el Supremo confirmó las penas de prisión impuestas por el TSJC, respectivamente, al juez Luis Pascual Estevill y al abogado penalista Piqué Vidal, por un caso de corrupción judicial ocurrido en la primera mitad de los años 90. El alto tribunal mantuvo las penas de prisión de los principales imputados, condenados por los delitos de prevaricación, cohecho, detención ilegal y amenazas condicionales. El estallido del caso Estevill marcó el fin de una etapa de crecimiento con grandes concentraciones, en los sectores químico, cementero, siderúrgico y financiero. Los negocios fáciles llegaron a la Audiencia de la mano de los entonces llamados jueces estrella y Luis Pascual Estevill no quiso ser menos; la economía mudaba su piel con vencedores y vencidos gracias a la ola de procesos concursales que apeaban el pasado y allanaban el futuro. Fueron los años de las quiebras fraudulentas convertidas, por la benevolencia de las togas, en quiebras técnicas, que ponían a buen recaudo los patrimonios salientes; los tiempos dorados en los que una suspensión de pagos ventajosa aumentaba el paro y engordaba la caja.

Estevill, un juez de origen humilde, trasladó las ventajas del concurso al ámbito penal. Y allí mordió el polvo. La Fiscalía venía siguiendo sus extrañas imputaciones a titulares de jugosos patrimonios, que primero eran encarcelados por el juez instructor y al poco tiempo salían de prisión previo pago a través del bufete Piqué Vidal. El penalista, que había defendido a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, actuaba de puente.

Pero la larga  noche de la prevaricación y el cohecho empezó a trastabillar la madrugada en la que Estevill encarceló a José Felipe Bertran de Caralt, vicepresidente de Asland, patrón de un emporio agroalimentario, puntal de los consejos regionales de la gran banca en la época de los Siete Grandes y heredero de Bertrán i Musitu, el abogado de la Lliga Regionalista de Cambó, que legó al empresario el Palatzo del Putxet, dotado del mejor jardín privado de Barcelona, obra del paisajista Rubió i Tudurí. Bertrán de Queralt durmió alguna noche en la Modelo y su excarcelación fue aclamada por un sector representativo de la burguesía. Empezó a deshacerse la madeja del delito: Estevill firmaba órdenes de prisión y el penalista Pique Vidal defendía al encausado recibiendo el precio de la libertad.

La sentencia de la instancia de casación que impuso un castigo al delito continuado llegó muchos más tarde, concretamente en octubre de 2006. Mantuvo que Piqué Vidal y Estevill acordaron extorsionar a diversos empresarios entre 1990 y 1994, cuando Estevill era, primero, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Terrassa, y después el titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, mientras que Piqué Vidal era un "afamado" abogado barcelonés. El empresario extorsionado acudía a la defensa de un penalista de postín y este último zanjaba la cuestión con un buen fajo.

La economía rompía fronteras después de la Ley de Anónimas de 1990. Las fusiones y adquisiciones se convirtieron en operaciones corrientes. El vaivén de la contabilidad creativa ya no se regía por la auditoría honrada. El equity sustituyó a la oportunidad de negocio y el ebitda dejó de ser un beneficio bruto para exigirse una variable recurrente. En medio del frenesí de mercados en tiempo real, dos solariegos de la toga y el birrete, Estevill y Piqué, habían inventado la sopa de ajo: la mirada amenazante, la parquedad del trato y el encaje de manos a la vieja usanza al cierre de la cantidad.

Antes de pringarse en este negocio balcánico y arcaico, Estevill ya contaba ya con una condena firme de siete años de cárcel por delito fiscal, de enero de 1999, y otra de seis años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada de julio de 1996. Tal era su sensación de impunidad. Perteneció al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designado por CiU. Confundió el móvil con el objetivo; creyó, como tantos otros, que el respaldo del poder nacionalista bastaba para cometer desmanes y almorzar en el Reno de Tuset o en el Carvalleira de Gran de Gràcia, dejandole al mozo las llaves del coche. Antes de ser juez nombrado por el Cuarto Turno, que designaba a personas de respetabilidad pública y probada madurez intelectual, quiso hacer carrera política. En 1971 intentó ser procurador en las Cortes Españolas franquistas por Tarragona y, en 1982, senador por el CDS, pero en ambos casos fracasó. 

Estevill ha sido el ciudadano circunspecto e inflexible que escogió Pujol para ser miembro del CGPJ, el corazón latiente de la judicatura que hoy preside Lesmes, incumpliendo la Constitución. Cuando desde instancias académicas y mediáticas se dice que Pujol representa a la burguesía catalana se incurre en un desconocimiento sideral. La antigua Convergència germinó entre gremios de comerciantes y cofradías de artes y oficios. Sus más destacados líderes han mostrado una tolerancia ante el delito y el pucherazo indigno de una clase dirigente. En julio de 1996 el juez fue juzgado y condenado por prevaricación continuada y detención ilegal a seis años de suspensión en cualquier actividad judicial; y de aquel primer embate de la Fiscalía salieron nuevas imputaciones y penas, hasta llegar al Supremo.

Los años de la expansión y la alegría desembocaban en un largo paréntesis de incertidumbre. Al conocerse la magnitud del delito, Pujol rehuyó toda responsabilidad. CiU acusaba ya el principio de su larga decadencia y Macià Alavedra, el número dos factual de Pujol, pagó los platos rotos. Los empresarios y profesionales que arroparon a Bertrán de Caralt ante el chantaje de Estevill iniciaron una limpieza todavía pendiente de la alacena donde los nacionalistas guardan sus tesoros y pagan a sus matones.