Instalación de placas solares en un inmueble
Cataluña arrastra el colapso del Govern de Aragonès en las ayudas para instalar placas solares
La Generalitat está desbordada por las más de 90.000 solicitudes para conectar los hogares a energía limpia
El sistema se ha visto sobrepasado por la cantidad de peticiones y por los estrictos requerimientos europeos para justificar las ayudas
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La apuesta por el autoconsumo energético en Cataluña se ha topado con un cuello de botella administrativo que amenaza con hacer naufragar uno de los programas de ayudas públicas más ambiciosos en materia de sostenibilidad.
El anterior gobierno de Pere Aragonès (ERC) dejó como legado el colapso en la resolución de las solicitudes de ayudas para la instalación de placas solares en domicilios y pymes. Financiadas con fondos europeos Next Generation, llevan años de retraso e incluso el Institut Català d’Energia (ICAEN) sigue tramitando expedientes presentados en 2021.
Renuncia de las operadoras
Este colapso ha obligado a las grandes operadoras del sector a renunciar al servicio. Las compañías de luz se encargaban de la instalación de las placas a cambio de ofrecer un descuento en la factura de la luz. Algunas de las operadoras aseguran a este medio que llegaron a tener 10.000 peticiones, pero que el anterior Govern sólo resolvió 100 solicitudes, es decir, un 1%.
Ante el alud de quejas de particulares y pymes –que habían pagado la instalación y estaban a la espera del reembolso que nunca llegaba–, las grandes operadoras desistieron de ofrecer el servicio.
Desembolsado un 6%
Según los últimos datos publicados por el propio ICAEN en enero, sólo se han pagado 23,7 millones de euros de los 374,1 presupuestados, lo que representa apenas un 6,3% del total.
El Govern de Illa reconoce que la administración catalana está desbordada. En 2022, debido al bloqueo del ejecutivo de Aragonès, las ayudas se pospusieron hasta 2023. Sin embargo, a día de hoy, todavía persisten largas listas de espera.
Consultado por este medio, el Departamento de Territorio ha confirmado que el actual gobierno, al inicio de la legislatura, solicitó un informe sobre el estado real de las ayudas y decidió tomar medidas urgentes.
Entre ellas, la creación de un programa temporal para contratar a 65 nuevas personas dedicadas exclusivamente a acelerar la tramitación de expedientes. Estas nuevas incorporaciones se sumaron al equipo en febrero, tras superar los trámites administrativos pertinentes. Además, se contrataron dos empresas externas encargadas de revisar las justificaciones de las solicitudes.
Mucha demanda y una justificación estricta
Desde Territorio insisten en que estas decisiones buscan desbloquear un sistema que se ha visto sobrepasado por la cantidad de peticiones y por los estrictos requerimientos europeos para justificar las ayudas, lo que ha complicado notablemente los trámites.
Las subvenciones requieren una justificación rigurosa ante la UE. Este factor, junto al alto volumen de peticiones, ha ralentizado la tramitación de expedientes.
Ampliación del presupuesto, otro factor
Según el Govern, el hecho de haber ampliado varias veces el presupuesto —con la intención de llegar a más beneficiarios— también ha contribuido a alargar los plazos. Muchas solicitudes que inicialmente quedaron fuera por falta de fondos volvieron a entrar en el circuito administrativo meses después, retrasando aún más la resolución de los expedientes.
A esta situación se suma la coincidencia temporal con el programa de incentivos a la movilidad eléctrica MOVES III, que ha contado en Cataluña con un presupuesto de 288 millones de euros y ha recibido 52.000 solicitudes. El solapamiento de ambos programas ha sobrecargado aún más la capacidad de gestión de la administración catalana.
El programa de incentivos para la instalación de placas fotovoltaicas arrancó en junio de 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, con financiación de la Unión Europea.
Casi 100.000 solicitudes
En Cataluña, la primera convocatoria fue aprobada en diciembre de 2021, y tras varias ampliaciones, se cerró definitivamente en diciembre de 2023. La acogida fue masiva. Se presentaron 93.000 solicitudes.
El peor escenario posible es que los retrasos acaben impidiendo que se ejecuten y justifiquen a tiempo los fondos europeos. Si eso ocurriera, Cataluña podría verse obligada a devolver parte del dinero recibido de la UE.
