Nunca antes fue más cierto el dicho de que “torres más altas han caído”. Y el futuro de Jaume Roures es más incierto que nunca. Su vinculación con los investigados del caso Triacom, la desaparición de Preguntes Freqüents, programa estrella de TV3 producido por Mediapro, así como la transparencia, la pluralidad y las medidas antimonopolio que establece el acuerdo político entre ERC, Junts per Catalunya y PSC sobre la reconversión de la cadena catalana, ponen fin a la etapa dorada del empresario.
El pasado viernes, la Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) del Parlament aprobó que se pida la comparecencia de Roures sobre su supuesta implicación en el caso Triacom, donde se investiga el supuesto desvío de dinero para financiar a Convergència (CDC) a través de la productora Triacom. Según consta en el sumario de la Audiencia Nacional, Triacom habría sobrefacturado un 50% de sus servicios a TV3 con la finalidad de financiar campañas de Artur Mas, entre otros gastos. Una ramificación, en definitiva, del llamado caso 3%.
Oriol Carbó, exgerente de Triacom
También deberán dar explicaciones por el mismo motivo los expresidentes de la Corporació Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) Núria Llorach y Brauli Duart.
Las comparecencias fueron propuestas por PSC-Units y Ciudadanos, y solo los socios del Govern, ERC y Junts, votaron en contra. Roures no ha sido imputado en la causa que investiga el juez el Santiago Pedraz, que acaba de reactivar las diligencias con nuevas citaciones. Pero sí Oriol Carbó, administrador de Triacom, que trabajaba para Mediapro para acceder a las adjudicaciones de TV3.
Estos hechos judicializados han aflorado de nuevo la concentración de programas de los medios públicos catalanes, ya denunciada en su día por la la Sindicatura de Cuentas, en un puñado de productoras entre las que destaca Mediapro. A modo de ejemplo, tal como publicó Crónica Global, en el año que siguió al primer estado de alarma por la pandemia (de marzo de 2020 a abril de 2021), las empresas de Roures obtuvieron una treintena de contratos con los medios audiovisuales de la Generalitat, por un valor total de 8,3 millones de euros.
La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, en la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el Parlament / CCMA
Su programa más caro es el espacio de debate político Preguntes Freqüents (FAQS), que se emite los sábados por la noche en TV3. Está producido por El Terrat Gestiones XXI --perteneciente al grupo Mediapro-- y su producción asciende a 1.494.689 euros por temporada. Sin embargo, FAQS saltará de la parrilla el próximo año. Su notorio sesgo independentista le ha situado como uno de los ejemplos de programas que no encajan con la pluralidad exigible a un medio público. De ahí que, junto a Està Passant, producido por Minoria Absoluta, con Toni Soler al frente, esté en el punto de mira de los acuerdos alcanzados por ERC, JxCat y PSC para renovar TV3.
"Imparcialidad e independencia"
Según lo pactado, el futuro de los medios catalanes no solo pasa por un endurecimiento de las condiciones de “imparcialidad e independencia de las influencias e ideologías políticas y comerciales”, sino que “se deben continuar implantando y mejorando sistemas de contratación públicos transparentes, que cubran las necesidades del interés público y general, con reglas claras hacia el sector privado. Esto, más allá de la exigencia legal, es garantía de fomento e impulso del sector, de regeneración permanente de la industria, de competencia para la calidad y competitividad de las empresas audiovisuales”.
Mediapro, en efecto, es una de las empresas que más contratos han suscrito con la CCMA. Pese a ello, el grupo de Roures atraviesa por malos momentos y recientemente ha llegado a un acuerdo con sus fondos acreedores para refinanciar deuda financiera por un importe de 900 millones.
Auditorías
En esos contratos con la Corporación destacan los seis millones de euros pagados por el derecho de emisión de los resúmenes de La Liga y la Copa del Rey y los 2,6 millones pagados por el programa Tarda Oberta --213 espacios de 210 minutos--. En este caso, existe una cláusula de transparencia, pero no contempla auditorías de control del precio. Tampoco las hay en el contrato de un cortometraje de 17,9 millones, en el que la CCMA solo aporta 200.000 euros; ni en el del concurso Atrapa’m si pots, por un precio de 745.319 euros --86 programas de 53 minutos--, ni en el programa En guàrdia, que cuesta 51.600 euros --86 emisiones--.
'Atrapa'm si pots', concurso de TV3
Asimismo, la empresa Mediaproducción SLU, que también forma parte del grupo de Jaume Roures, cobró 683.412 euros por 13 capítulos del programa Arrelats, con cláusula de transparencia, pero sin control del precio.
“Los abusos de la era Triacom ya pertenecen más a un tipo de gestión pasada que presente, pero hasta ahora nadie ha rendido cuentas, desde luego no en el Parlament, y en la Audiencia Nacional la investigación sigue abierta. Yo voy a pedir al director de TV3 que me enseñe esas auditorías que dice que han hecho”, explica la diputada de Ciudadanos Anna Grau.
Anna Grau, diputada de Ciudadanos en el Parlament
El acuerdo entre los tres citados grupos parlamentarios establece que “tan importante como la conversión de los contenidos es la necesidad de establecer los mecanismos de medición y evaluación del rendimiento de los medios de la CCMA. Y debe hacerse de forma cuantitativa y cualitativa, para poder evaluar la percepción y la satisfacción de los catalanes con sus medios públicos. Por eso es imprescindible consensuar los objetivos medibles. El marco de medición del rendimiento debe cubrir diferentes ámbitos: mandato y visión (indicadores de encuesta de percepción), implementación de la nueva estrategia (indicadores estratégicos) e indicadores de impacto social y económico”.
La no inclusión de auditorías en las condiciones de los contratos de TV3 y Catalunya Ràdio con productoras externas contraviene las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, que hace tres años analizó los contratos de la CCMA en 2016. Concluyó que seis empresas se repartían el 74% de las producciones externas que TV3 contrata, y cuestionaba los altos sueldos de algunos presentadores “estrella”, los desvíos presupuestarios y el pago del 10% de los ingresos publicitarios a esas productoras. Algo que la CCMA, el ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, justifica en las audiencias, en un mercado competitivo y en la necesidad de incentivar al sector audiovisual.