Aragonès, en su momento más débil tras la refundación de JxCat

Los consejeros de Junts per Catalunya (JxCat) en el Govern marcan perfil. No en vano, el partido acaba de celebrar un congreso de refundación donde el sector turullista --bien representado en el consell executiu y que se abre a acuerdos con el PSC-- se ha impuesto. De ahí que los altos cargos neoconvergentes se reivindiquen mediante un pulso al presidente Pere Aragonès, que atraviesa su momento más débil.

Sin el apoyo de la CUP y con una mesa de diálogo fallida, el president sucumbe a sus socios de JxCat en la reclamación de inversiones estatales, crucial para los empresarios aunque el nivel de ejecución del propio Govern deja mucho que desear, así como en lengua, a pesar de que los neoconvergentes nunca tuvieron una propuesta alternativa a la ley de usos lingüísticos en las aulas que amenazaron con boicotear.

Los asistentes a la reunión de la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Estado / David Zorrakino (EP)

La semana pasada se cerró con la aprobación in extremis de un decreto ley que rechaza las cuotas lingüísticas fijadas por los jueces. Es el peaje que Aragonès tuvo que pagar por incluir a JxCat en el gran pacto parlamentario firmado por ERC, En Comú Podem y PSC para impulsar una ley sobre usos lingüísticos en la enseñanza, que el Parlament aprobará en el Pleno que comienza el próximo miércoles. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que JxCat nunca tuvo una propuesta alternativa, esto es, que presionaron al president con desmarcarse sin ofrecer nada a cambio.

La negociación de Sànchez y Batet

El exsecretario general de los neoconvergentes, Jordi Sànchez, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, pilotaron las negociaciones, en las que pidieron tiempo para ver la reacción de Laura Borràs. Como luego se vio, la presidenta del Parlament y ya oficialmente presidenta de JxCat, se mostró crítica desde un principio con la flexibilización de la inmersión, que ya había intentado el republicano Josep Bargalló en el anterior mandato cuando era consejero de Educación.

Las mismas fuentes subrayan la predisposición de Aragonès en encontrar fórmulas para desencallar el debate sobre el castellano en la enseñanza, pero también su sumisión a JxCat, que vendría propiciada por el deseo de Aragonès de controlar el futuro de la alianza ERC-Junts. Encontrar el momento adecuado para una hipotética crisis de gobierno pasa por unas elecciones municipales en las que los republicanos parten con buenas perspectivas, a diferencia del declive que arrojan los sondeos para JxCat. Una formación que acaba de celebrar su congreso de renovación con una sorpresa: la victoria de Jordi Turull sobre Borràs. Y también con una incertidumbre: el futuro judicial de la presidenta del Parlament.

El futuro de Borràs

La situación política y judicial de Borràs también está condicionando las decisiones a corto y medio plazo de Aragonès, desvinculado ya de ese “mandato del 52% independentista” que salió de las urnas el 14F. El desmarque de la CUP del acuerdo lingüístico se une al rechazo a los presupuestos de la Generalitat de 2022, que fueron aprobados gracias a los comunes con la vista puesta en Barcelona. Es decir, en unos comicios municipales en los que ERC y BCN en Comú han sellado su alianza.

Reunión del Pacto Nacional por la Lengua impulsado por el Govern / GENCAT

JxCat teme que esa entente con los comunes sea el primer paso hacia un tripartito con PSC que les deje en la estacada. De ahí que los consejeros de Junts del Govern, que son precisamente quienes no rechazarían un acuerdo sociovergente, hayan marcado perfil tanto en materia de lengua --controlan la Consejería de Cultura-- como en infraestructuras --están al frente de Economía y Territorio--.

La polémica sobre la lengua, cuya complejidad augura nuevos embrollos judiciales, será menos efímera que la de la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña, aunque cada año es una queja que el ejecutivo catalán suele sacar a relucir. El consejero de Economía, Jaume Giró –un sector de JxCat le ve como candidato a la presidencia de la Generalitat— y el vicepresidente de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, lideran la ofensiva contra los agravios comparativos entre el gasto del Gobierno en Madrid y Cataluña. Sin embargo, tal como publicó Crónica Global, la inversión real del Estado en Cataluña desde mediados de la pasada década es proporcionalmente idéntica a la media del conjunto de las comunidades autónomas.

Guerra de cifras

La guerra de cifras no disuade a JxCat de poner el acento en un tema que interesa al empresariado catalán, que lleva años reivindicando más inversión en infraestructuras. Y aunque la ejecución de la Generalitat deja mucho que desear, pues 2021 cerró con incumplimiento de plazos del plan de choque de empleo 2021-22, financiado por el Gobierno y la UE, como ya ocurrió con el Plan Nacional por la Industria. Los superávit presupuestarios --que en los últimos años han rozado los 900 millones-- también apuntan a una falta de inversión del Govern.

Ambas Administraciones analizarán en la próxima reunión de la comisión bilateral de infraestructuras, aún sin fecha definida. Como igualmente está en el aire la reanudación de las negociaciones de la mesa de diálogo para encontrar una salida política al conflicto independentista. Se trata del principal punto flaco de Aragonès. Y JxCat torpedea en el mismo siempre que puede. De hecho, los socios del president no tienen representación en esa mesa, de la que es prácticamente imposible que salga la amnistía y el referéndum de independencia que reclaman los secesionistas. El propio dirigente republicano admitió, en su balance de primer años de legislatura, que tanto la lengua como la mesa de diálogo son sus grandes asignaturas pendientes. Por no decir sus principales debilidades.