Colau responde solo a la Fiscalía por el 'caso subvenciones'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía en su declaración como investigada por el caso subvenciones. El Juzgado de Instrucción número 21 de la capital catalana tiene abierta una investigación sobre las subvenciones del Ayuntamiento a entidades como Observatori DESC, donde trabajó la primera edil antes de entrar en política, amén de otras entidades afines a los comunes. 

La comparecencia de la alcaldesa se entendía, según fuentes judiciales, como un punto clave para saber si hay visos de las presuntas irregularidades que denunció en una querella la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). Según las mismas fuentes, la líder de los comunes se habría negado a contestar a las preguntas del letrado de la acusación particular, Ernesto Osuna, acogiéndose a su derecho legal de no hacerlo.

No hay elementos nuevos (por ahora)

Al Ministerio Público sí ha contestado. El representante ha repasado todo el auto de archivo sobre una querella anterior similar, que también ponía la lupa en los pagos, que sobreseyó en 2021. Colau se ha explayado con estas cuestiones. El letrado ha cotejado con la alcaldesa lo abordado en las diligencias anteriores abiertas en 2021 a raíz de una denuncia anterior de Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) que no prosperó. A la espera de que avance la instrucción actual, se entiende que Fiscalía está satisfecha de lo explicado por la también líder de los comunes hasta el momento y no pedirá nuevas diligencias. 

Sí está previsto que las solicita la parte denunciante, la ATCD, que plantea llamar a declarar a más concejales e incluso a técnicos municipales. De la nueva información que se pueda aportar ante el juez dependerá la posición final que adopte Fiscalía. 

Colau se defiende

Antes de que ello ocurra, la primera edil ha hilvanado una línea de defensa técnico-política para explicar su gestión con las subvenciones sin concurrencia a Desc, PAH y APE. La munícipe ha recordado que el anterior gobierno municipal de Xavier Trias (CiU) ya inició los convenios sin concurso con estas tres entidades en 2014. En su primer mandato (2015-2019) los renovó en dos ocasiones --2016 y 2018-- y lo volvió a reactivar en 2020. En ese momento Colau y su equipo repetían en la corporación municipal. 

Fuentes jurídicas señalan que, en su declaración, Colau ha recordado al juez que ella no intervino en la atribución de subvenciones salvo para votar a favor en la Comisión de Gobierno donde recibieron el visto bueno final de la tramitación. De hecho, la defensa de la alcaldesa es una espada de doble filo. Ha cargado la responsabilidad sobre las partidas que están baja la lupa del juez en el área de Derechos Sociales, que pilotó Laia Ortiz en el primer mandato y Laura Pérez en el segundo. Ambas, de los comunes. 

La justifica su voto

Desde el entorno del caso se apunta a otra clave. La alcaldesa jamás pidió incrementar las subvenciones adicionales a las entidades que están en la órbita política de los comunes. Se limitó a votar la prórroga de un convenio que ya existía. Negro sobre blanco, Colau intervino solo durante el voto de los pagos en uno de los órganos donde están representado los partidos locales. 

Llevó al límite el deber de abstención que todas las formaciones con representación en los ayuntamientos tienen. Es decir, que se deben quedar al margen cuando se voten partidas públicas a organizaciones con las que existe una vinculación directa y evidente con los concejales. En este caso, la alcaldesa se debería haber quedado al margen de cualquier votación en las que apareciese el Observatori DESC, donde trabajó antes de dar el salto a la política. Fiscalía ya afeó que no lo hubiera hecho en su escrito de archivo de la querella anterior que le afectaba. No obstante, desde el equipo de la defensa se entiende que la secretaría general del consistorio avaló que Colau votara los pagos a las asociaciones.   

No pudieron ser nominativas

Hay otro elemento. Ante el juez hoy, la también exportavoz de la PAH ha recordado que las ayudas públicas a Desc, PAH y APE, entre otras, no pudieron figurar de forma nominativa en el presupuesto municipal de Barcelona porque su gobierno municipal no logró aprobar las cuentas públicas hasta 2020. Por ello, las advertencias del interventor, que avanzó este medio, no pudieron recogerse e implementarse del todo. Colau y su equipo no consiguieron los apoyos políticos necesarios para sacar adelante el documento base de la vida municipal hasta el quinto año de gobierno. 

El interventor de Barcelona ya analizó con detalles las ayudas y, la principal, fue este fallo. Tenían que incluirse en el presupuesto municipal de forma nominativa y no ocurrió. 

Alto voltaje político

La declaración de la alcaldesa en la Ciudad de la Justicia ha tenido un alto voltaje político. Dos concentraciones a favor y en contra de la alcaldesa de Barcelona se han congregado ante la sede judicial. Previo a ello, el partido de la primera edil cargó las tintas contra los medios de comunicación en un intento de reorientar la narrativa antes de su comparecencia ante el juez. 

Porque el caso subvenciones tiene otro carril: el político. En este terreno, la electa ya avanzó que rechazaría cesar de su puesto pese a que lleva al límite el código ético de Barcelona en Comú. En este documento interno del partido se establece que un investigado por presunta corrupción debe dimitir si es citado judicialmente en esta calidad. La oposición se lo ha pedido y ha subrayado que la hoja de buenas prácticas políticas la firmaron los propios comunes. El debate se circunscribe en el terreno de la política local, en el que se enmarca también el intento de evitar la fotografía de la dirigente llegando a la Ciudad de la Justicia, tal y como ha explicado Crónica Global.