El equipo de Colau pidió usar el parking para evitar la foto como imputada

El equipo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, negoció entrar en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por el parking para evitar la foto acudiendo a declarar como imputada por el caso subvenciones hoy. Sus responsables de protocolo y seguridad pidieron también aplazar su comparecencia ante el juzgado de Instrucción número 21 por "seguridad", pero el decanato del complejo judicial se negó. 

Es lo que explican fuentes municipales a este medio, citando reuniones clave que tuvieron lugar en la ciudad judicial ayer. En los encuentros, a los que acudió personal del Ayuntamiento de Barcelona, se solicitó que Colau entrara al recinto por el parking, esquivando la presencia de periodistas que pudieran estar interesados por su llegada. 

Como una ciudadana

La respuesta fue no. La cúpula de la Ciudad de la Justicia y responsables policiales respondieron que la primera edil tenía que acceder a las dependencias "como cualquier otro ciudadano", esto es, por alguna de las dos puertas que dan entrada al recinto, explican fuentes de la oposición municipal. 

De hecho, se recordó a los técnicos municipales que el uso del parking se reserva a personas detenidas o en custodia policial, por lo que no procede que un investigado use esa entrada, máxime cuando mantiene todos sus derechos en pie, incluida la presunción de inocencia. 

Aplazar el juicio

En paralelo a ello, las fuentes conocedoras indicaron que desde la Administración local se pidió también aplazar la comparencia de la munícipe por seguridad. Para ello, se citaron los problemas técnicos que ha experimentado la ciudad judicial en los últimos días, que incluyen apagones, como explicó este medio. 

Todas las fuentes consultadas indican que esa petición es extemporánea, por cuanto la seguridad del recinto está garantizada. Por ello y como la petición de entrar por el párquin, se negó. 

La defensa ve mala fe procesal

Las dos peticiones de los técnicos municipales llegaron en la víspera de la declaración de la jefa de corporación por el caso subvenciones. El procedimiento se sigue en el juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, y trata de dilucidar si hubo indicios de ilícito penal en las ayudas sin concurrencia concedidas a Observatori DESC, la PAH y Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). 

A este respecto, la defensa de Colau defendió ayer que la querella que generó el caso "destila un gran posicionamiento ideológico" y supone "un intento más de judicializar la política" municipal de Barcelona. Álex Solà, letrado, recordó que una denuncia anterior a Fiscalía por motivos similares se archivó, y detectó "mala fe procesal" e "ideológica" de los denunciantes. 

Investigada

Estos son la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que alertaron a la justicia de los pagos municipales a las tres entidades por medio de convenio. Como consecuencia de ello, se abrió un procedimiento judicial en la sala de Primera Instancia número 21 de Barcelona. El juez titular citó a la alcaldesa Colau como investigada por presunta prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias.

La defensa de la primera edil recurrió el auto de admisión a trámite, pero el magistrado lo descartó. A consecuencia de ello, la primera edil tendrá que exponer su versión ante el juez hoy. 

Fiscaía archivó, pero vio problemas administrativos

En efecto, el procedimiento que se sigue hoy guarda relación con unas diligencias que abrió la Fiscalía Provincial de Barcelona en 2021, y que acabó archivando al no detectar indicios de delito. En aquella ocasión, el trabajo del ministerio público se inició por un escrito entrado por Abogados Catalanes por la Constitución. 

En efecto, Fiscalía acabó archivando las pesquisas por también, las subvenciones recurrentes y excepcionales a Desc, PAH y APE. No obstante, se deslizó que la concesión de ayudas pudo tener aristas administrativas, como el hecho de que se aprobaron en el consejo municipal, del que formaban parte Colau y otros ediles que habían trabajado anteriormente en Desc. Este medio ya avanzó, de hecho, la posibilidad de que los votos en el órgano de gobierno municipal supusieran un posible conflicto de intereses. Desde el Ayuntamiento de Barcelona jamás se ha respondido qué votó cada concejal en aquellas sesiones.