La Consejería de Educación de la Generalitat está volcada ahora en dedicar sus esfuerzos y recursos a endurecer la inmersión. Y eso distrae de otros problemas crónicos del sistema público, como los barracones, la insuficiente plantilla de profesores, el caos de la FP, la escuela inclusiva o las guarderías.
1. Inversión que no llega al 3% del PIB
Los nuevos presupuestos de la Generalitat de 2022 aumentan la inversión en educación en 1.009 millones, lo que no representa ni un 3% del PIB, cuando hace años que los sucesivos gobiernos independentistas prometen llegar a un 6%. Mil millones ganados para un pilar de las políticas sociales gracias a los recursos procedentes del Estado, esto es, a los fondos Next Generation y los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, ahora en proceso de revisión a pesar del desprecio del Govern.
Mientras tanto, muchos alumnos catalanes sigue estudiando en barracones, más de mil en toda Cataluña, pero la partida destinada a infraestructuras educativas solo aumenta en 80 millones.
2. El aprendizaje de la tercera lengua.
Todos los esfuerzos del Govern están centrados en blindar la inmersión para que el catalán sea la lengua vehicular en detrimento del castellano. Pero el dominio del inglés, y no ya de una cuarta lengua, es un tema no resuelto que reclaman todos los partidos de la oposición. Así, mientras la escuela pública sigue sin garantizar el aprendizaje del inglés, altos cargos del Govern llevan a sus hijos a escuelas concertadas o privadas donde sí hay un sistema multilingüe… en detrimento del catalán.
Cataluña tiene el récord de barracones escolares en la educación pública / CG
3. El descontrol de la FP
A pesar del descontrol vivido en las matriculaciones de la Formación Profesional (FP) en este curso, cuando centenares de alumnos se quedaron sin plaza (la demanda ha aumentado un 23% respecto al curso anterior), el Govern prevé un plan de choque que no alcanza ni los 23 millones de euros. Los sindicatos reclaman 130 millones.
La situación del centro de automoción de Martorell, infrautilizado y donde ya no sirve de excusa la descoordinación entre ERC y Junts per Catalunya en el Govern –ahora depende todo de la Consejería de Educación--, es el paradigma del fracaso de la administración catalana en el impulso de una verdadera FP dual. Iniciativas como la de Montmeló, pilotada por el Ayuntamiento y empresas del sector farmacéutico, demuestran que con diálogo y colaboración es posible.
4. Plantillas insuficientes
La Generalitat ha hecho un esfuerzo por bajar las ratios de alumnos por profesor hasta situarlas en 25 a 20 y ha prometido la creación de 5.500 plazas nuevas, aunque eso significa un docente nuevo por cada centro educativo catalán en el mejor de los casos.
De ahí que la decisión de destinar dos profesores en las aulas afectadas por la aplicación del 25% de horas lectivas en castellano para preservar el proyecto lingüístico del centro haya encendido las alarmas, tanto en la comunidad educativa como entre los partidos de la oposición. ¿Significa eso una doble línea por aula? ¿Una doble segregación?
CCOO cifra en 8.000 el número de profesionales necesarios para reducir las ratios.
Fachada del centro de FP de Martorell, centrado en la automoción / CG
5. Bolsa de interinos=precariedad
En julio del 2021, el número de interinos en el departamento de educación ascendía a 29.583 interinos sobre 44.128 trabajadores –personal docente, funcionarios–, de los que 20.000 llevan más de tres años en esta situación de provisionalidad. Cataluña, según un informe de CCOO, es la comunidad autónoma que más abusa de esta figura, que según las directrices europeas, plasmadas en varias sentencias judiciales, se tendría que haber superado. La nueva ley española intenta solventar el problema mediante concursos de méritos.
6. Escuela inclusiva y segregación
En Cataluña, según datos del Ministerio de Educación y FP, de los 28.188 alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) que había en el curso 2018-2019 escolarizados, un 21,5% no estaba en un centro de educación especial y el 78,5% lo estaba en centros ordinarios.
En el curso 2020-2021 se ha hecho un esfuerzo importante por aumentar los recursos en 231 centros con 110 dotaciones más (psicopedagogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales) respecto a 2016-2017. Sin embargo, la Consejería cambió los criterios de clasificación educativa lo que redujo en un 20% los centros de máxima complejidad, esto es, las escuelas que atienden a alumnos en situación de riesgo social. Ese nuevo sistema, que además ha utilizado datos de 2019, es decir, anteriores a la pandemia, supone una pérdida de ayudas económicas porque se reduce la complejidad. Todo ello repercute en un aumento de la segregación escolar.
7. Guarderías
Entre los principales objetivos del Govern destaca el de garantizar la gratuidad de la etapa de 0-3 años y revertir los recortes aplicados por el Gobierno de Artur Mas, que redujo a cero las subvenciones en guarderías, de forma que han sido los ayuntamientos los que, de forma ilegal –así lo reconocen varias sentencias judiciales--, tuvieron que asumir los costes.
La Consejería no garantiza la universalización de esa etapa educativa, sino “financiar el coste de la plaza” y “el retorno de la financiación que se dejó de efectuar a partir del curso 2012-2013”. El importe total se debe satisfacer en un plazo de diez años, mediante la creación de un fondo específico.