La financiación de las guarderías municipales como la de la imagen ha generado una guerra judicial entre ayuntamientos y el Govern / EFE

La financiación de las guarderías municipales como la de la imagen ha generado una guerra judicial entre ayuntamientos y el Govern / EFE

Política

La Justicia ordena al Govern que pague las guarderías de 26 ayuntamientos

La nueva sentencia, que responde a requerimientos de alcaldes en su mayoría socialistas, se une a los fallos favorables a Cornellà y L’Hospitalet

12 enero, 2018 14:23

La Sección Quinta de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a 26 municipios catalanes que, de forma colectiva, exigieron a la Generalitat cumplir con su obligación de financiar las guarderías públicas.

Se trata de los municipios de Barberà del Vallès, Camprodón, Canovelles, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Montmeló, Montseny, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, Pont de Vilomara y Rocafort, El Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpetua de Mogoda, Tarragona, El Vendrell y Viladecans. Todo ellos representan a casi dos millones de habitantes y en su mayoría están gobernados por un alcalde o alcaldesa del PSC.

A mediados de diciembre, la Justicia ya se pronunció favorablemente a una idéntica reclamación por parte de los ayuntamientos de Cornellà de Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat por un valor de 2,3 millones y un millón de euros, respectivamente.

Los recortes de Artur Mas

En 2011, el Govern de Artur Mas, con Irene Rigau en la Consejería de Enseñanza, decidió reducir la aportación comprometida de 1.800 euros anuales por alumno de 0 a 3 años, pasando primero a 1.300 euros y después eliminando totalmente de los presupuestos la partida destinada a sufragar parte de los costes de las guarderías públicas.

La nueva sentencia, que puede leerse en este enlace, reconoce el derecho de esos ayuntamientos recurrentes a recibir, por parte de la Consejería de Educación, 1.300 euros por alumno en relación a los cursos escolares 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

La secretaría de educación del PSC, Ana del Frago, se ha felicitado por el resultado del trabajo realizado esos ediles “que han liderado el proceso de reclamación que ha concluido con la sentencia del TSJC”.

"Para los socialistas –añade-- la educación de 0-3 es una etapa fundamental, y el abandono que ha sufrido por parte del gobierno de Puigdemont y Junqueras ha restado oportunidades educativas y de futuro a muchos niños".