Boicot fallido contra el negocio de la familia de Canet tras filtrarse su identidad

Los independentistas recurren a las reseñas de Google para intentar boicotear el negocio de los padres del alumno de un colegio de Canet de Mar (Barcelona) que han exigido el 25% del horario lectivo en castellano. A última hora del viernes se filtraron sus nombres en internet, por lo que algunos indepes dieron con la frutería que regentan y comenzaron a escribir valoraciones negativas de la empresa: “Frutas fachas de poca calidad” y “¿Si hablo en catalán me echarán de la tienda?” son algunas de ellas.

Esto generó un movimiento de personas en sentido contrario que, ante el ataque, se quiso solidarizar con esta familia. Así pues, el perfil del establecimiento comenzó a recibir el doble de reseñas --esta vez positivas-- que elevaron la puntuación a 4,5 sobre 5, una estrategia que hizo fracasar el intento de boicot secesionista.

Denuncia por difundir su identidad

Por el momento, el negocio lleva cerca de 1.100 opiniones, la gran mayoría con muy buena puntuación, según ha avanzado El Confidencial. "Trato excelente y muy buenos productos. Volveré sin duda", puntúa un usuario; mientras que otro hace referencia a la "buena gente" que son. Otros incluso apuntan más alto y afirman que es “la mejor frutería de toda Cataluña”, palabras que muestran una ola de apoyo espontánea que evidencia que la familia no está sola.

No obstante, la filtración de sus nombres en una web independentista supone una invasión de su intimidad, por lo que la Asociación Hablamos Español ha presentado una denuncia contra los responsables. En un comunicado enviado por la entidad, informan que se han difundido también otros datos personales de los que serían sus progenitores, entre ellos, “algunos que facilitarían su localización”.

Posible delito de acoso

En esta línea, la asociación expone que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso contemplado en el artículo 172 del Código Penal. “Hemos solicitado a Fiscalía que, además de procederse a la incoación de diligencias informativas […], se valore si pudiera considerarse que existen unas acciones coordinadas, dirigidas a generar odio, a señalar y a localizar a esta familia”, subraya.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el viernes al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray y a la directora de la escuela Turó del Drac que protejan la intimidad del alumno y su familia así como que preserven “la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”. Asimismo, el alto tribunal ha dado diez días al Govern para aportar un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el 25% del horario lectivo en castellano.

La Fiscalía estudia un delito de odio

En este sentido, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para determinar si los mensajes que se han difundido en redes sociales contra el alumno y su entorno cercano suponen un delito de incitación al odio o de discriminación a instancias de las denuncias presentadas por Hablemos Español, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Vox.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que el Ejecutivo ha ofrecido toda su colaboración a la conselleria de Educación para que se proteja a esta familia del acoso que sufren tras haber pedido más enseñanza en lengua castellana.