Puigdemont llama a la movilización social contra la sentencia del Supremo
El Consejo para la República enmarca la resolución judicial en un "modelo de asimilación" del Estado cuyo "objetivo último es la desaparición de Cataluña como Nación"
24 noviembre, 2021 12:47El Consejo para la República, el gobierno paralelo liderado por Carles Puigdemont desde Waterloo, llama a la movilización social contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en los colegios catalanes. Enmarca esa resolución judicial en un "modelo de asimilación" del Estado cuyo "objetivo último es la desaparición de Cataluña como Nación".
"La sentencia del TSJC contra el modelo de inmersión lingüística es un ataque directo al principal eje vertebrador de Cataluña como nación. La inmersión lingüística es un modelo que cuenta con el
apoyo de la mayoría política, social y pedagógica del país, puesto que es fruto de un consenso político y social consolidado en los últimos cuarenta años. Atacar la inmersión lingüística es atacar la cohesión social y la igualdad de oportunidades de nuestro país. Cuando el Estado español ataca de forma sistemática nuestra lengua lo hace para debilitar tanto nuestra cohesión social como la nuestra construcción nacional".
Recurso de la Abogacía del Estado
Recuerdan que esta sentencia del TSJC "es el resultado de un recurso del Gobierno, llevado a cabo a través de la Abogacía General del Estado, a unas cuantas resoluciones del Departamento de Educación en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza. Reafirmamos que sólo con la República catalana podremos garantizar la supervivencia del catalán". Sin embargo "en el impasse hasta convertirse en un Estado independiente, ahora, más que nunca, necesitamos la firmeza de las instituciones catalanas y del conjunto de la sociedad para forjar una actitud colectiva
de obediencia al derecho de defender la lengua propia, incompatible con la obediencia de la sentencia del Supremo".
Por ello, insta al Govern a "hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, la Ley de política lingüística y la Ley de educación, especialmente en lo que hace referencia a la protección de la nuestra
lengua y en todos los ámbitos de la sociedad catalana. En consecuencia, el Govern no se puede resignar a hacer cumplir esta sentencia y debe blindar a los profesionales de la educación y las familias catalanas para que puedan proseguir su ingente labor de defensa y protección de la nuestra lengua en el sistema educativo y en la vida social en general.
El Consejo para la República "insta a las instituciones catalanas a impulsar iniciativas en el ámbito legislativo y ejecutivo con el fin de revertir la tendencia actual del catalán, especialmente en educación, salud, policial, judicial, comunicación y el audiovisual" y se reafirma en que "la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente" y por eso urge la proactividad desde las Instituciones, partidos y entidades de la sociedad civil en el impulso de un gran pacto de país que urga a revertir la actual situación de bajón del uso del catalán".
"Movilización sostenida"
También hace un llamamiento a la movilización sostenida de la sociedad civil en defensa de la nuestra lengua y cultura, tanto en el espacio público como en la esfera privada, desde la convicción de que ésta defensa está estrechamente vinculada con la lucha democrática por la independencia. Hoy tenemos aún más razones para terminar lo que empezamos en octubre de 2017. Desde el Consejo seguiremos trabajando para poner las bases institucionales para preparar el desbordamiento democrático del Estado y la defensa de la lengua, como base de la Nación política, forma parte de esa preparación. Por esto, nos ponemos a disposición del conjunto de la sociedad civil catalana para hacer un frente común en defensa de nuestros derechos políticos y lingísticos como comunidad nacional.
Por último, constatan "una vez más que el proyecto de la construcción Nacional Española se sustenta sobre el modelo de asimilación Y, por tanto, tiene como objetivo último la desaparición de
Cataluña como Nación. La única vía realista de supervivencia es convertirse en un Estado Independiente. Sólo la constitución de la República Catalana Independiente salvará nuestras palabras".