Casado propone una ley para relegar el catalán a lengua opcional

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado su visita al Mobile World Congress de Barcelona para afirmar que, si gana las elecciones, la obligación de conocer las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas bilingües será cosa del pasado.

Casado defiende que pedir como requisito el dominio de la lengua cooficial para acceder a la función pública en Baleares, Cataluña o Galicia puede mermar "la igualdad de oportunidades entre los españoles". Así, el líder del PP pretende blindar el español en cuatro ámbitos esenciales: las comunicaciones administrativas, las ofertas públicas de empleo, la educación y la señalización urbana. 

El líder conservador ha asegurado que el catalán, el gallego y el euskera son "riqueza" para el país, pero ha criticado que se usen como "barreras identitarias" por parte de algunos partidos y administraciones autonómicas.

Contra la inmersión

El líder del PP quiere garantizar que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza, lo que choca frontalmente con la inmersión lingüística que hace años que aplica la Generalitat de Cataluña. Casado propone un modelo de educación bilingüe (español-inglés) para las comunidades autónomas monolingües, que sería trilingüe en el caso de las que tienen lengua propia. 

El candidato popular quiere evitar que las multas o comunicaciones oficiales carezcan de validez si estas no se redactan en "la lengua común de todos los españoles", aunque considera que sería posible que la comunicación fuera bilingüe con el otro idioma vehicular. Establecerá el mismo precepto para la rotulación de los espacios públicos en castellano, aunque se podrá duplicar esta información en la lengua cooficial correspondiente. 

Panorama general

La situación lingüística en diferentes comunidades autónomas es muy diversa. En Cataluña, el catalán se usa como "preferente" en la Administración, la educación y los medios de comunicación. Además, existe la obligatoriedad de acreditar un nivel igual o superior al C1 –en algunos casos, el C2– para acceder a la función pública.

La educación es exclusivamente en catalán, a pesar de distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde se obliga a que al menos el 25% de la enseñanza en asignaturas no lingüísticas sea en español. Una situación similar vive Baleares, puesto que la decisión del gobierno presidido por la socialista Francina Armengol de aplicar el requisito lingüístico ha puesto en pie de guerra a los médicos de las Islas.

El caso valenciano

En el caso de la Comunidad Valenciana, donde el catalán o valenciano también es oficial, la situación es muy distinta. La lengua propia es únicamente un mérito para acceder a la función pública. En otras palabras, se puede ejercer de funcionario sin necesidad de conocer el idioma cooficial.

El sistema educativo valenciano, ahora en transformación por el actual gobierno, ha tenido siempre el uso de las dos lenguas oficiales en dos líneas educativas: una mayoritariamente en español y otra mayoritariamente en valenciano. No obstante, este sistema ha generado muchas tensiones durante años, puesto que el PP se negaba a ampliar las clases en valenciano a pesar de la demanda de los padres.