La sentencia lingüística del Supremo, un órdago para el Gobierno español

El Govern se ha conjurado para incumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en la escuela pública catalana. Y esa desobediencia supone un problema para el Gobierno y para los pactos entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonès. Juristas consultados por Crónica Global aseguran que la ejecución del fallo corresponde al abogado del Estado.

En paralelo, el Gobierno considera que es la Generalitat la que debe cumplir el mandato del alto tribunal, mientras que el Govern invoca la ley Celáa, en la que se reconoce el catalán como lengua vehicular en la enseñanza.

El catedrático de Derecho Procesal, Jordi Nieva, explica que “cualquier interesado puede intervenir, pero este incidente de ejecución lo inició el Ministerio de Educación, por lo que entiendo que es a la abogacía del Estado a quien corresponde decidir si sigue o no adelante. Depende del grado de cumplimiento que observen en el sistema educativo catalán, lo que es altísimamente opinable”.

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional, Joan Ridao, indica que se trata de un auto que inadmite el recurso, por lo que "la ejecución de la sentencia de instancia (TSJC), que fija el porcentaje del 25%, depende de que la pida el Abogado del Estado. O sea, el Gobierno de Pedro Sánchez".

Desobediencia

Por su parte, el consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, ha insistido hoy que el Gobierno no ejecutará la interlocutoria del Supremo y ha instado a los profesores a no acatarla en un carta en la que les pide mantener sus proyectos lingüísticos en la escuelas. Asegura Cambray que la decisión del TS hace referencia a la ley Wert (aprobada por el Gobierno del PP), que "ya no está en vigor", en referencia a la aprobación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) por parte del Gobierno de Sánchez. Es la llamada ley Celáa, que suprime el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. 

Según el conseller, la legislación actual da cobijo a la inmersión solo en catalán, por lo que los enseñantes tienen que continuar con la imposición de esta lengua. Incluso sostiene que el Gobierno le ha asegurado que no ejecutará el auto.

El Gobierno ha asegurado que es la Generalitat la que debe cumplirla se sentencia por ser competente en la materia. Fuentes del Ejecutivo han precisado que la obligación de ejecutar la sentencia es del Govern de Aragonés, no del Gobierno. En la misma línea, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que “el Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos”.

Para rizar el rizo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que no es al Supremo al que corresponde su ejecución y pedir que se cumpla.

Ante esta situación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que asesora a los padres que defendieron la escolarización en castellano, ha anunciado que solicitará la ejecución forzosa si no lo hace el Gobierno.