El Gobierno deja en manos del TSJC determinar si la Generalitat vulnera la enseñanza del castellano

El Gobierno de Pedro Sánchez deja en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) determinar si la Generalitat vulnera los derechos lingüísticos de los menores en los colegios al supuestamente no facilitar la enseñanza en castellano.

Así lo ha dicho en una respuesta escrita presentada ante el Congreso de los Diputados y recogida por Europa Press, después de que el Grupo Parlamentario Vox preguntara el pasado 21 de julio si el Ejecutivo tenía previsto "promover alguna medida frente a la inacción de la Generalitat de Cataluña", después de que el TSJC dictaminara que la inmersión lingüística obligatoria monolingüe en catalán no se ajusta a la legalidad.

Dar al menos un 25% de clases en castellano

El Gobierno sostiene que "los Tribunales de Justicia son los únicos competentes para determinar el incumplimiento de la norma vigente, que pueden requerir el cumplimiento de sus sentencias".

En su escrito, la formación liderada por Santiago Abascal hacía referencia a informaciones publicadas en la prensa en las que se daba a conocer la petición por parte de 28 familias al Govern para hacer efectivo el derecho a que sus hijos tuvieran acceso a una educación también en castellano, tal y como acordó el TSJC el pasado diciembre en una sentencia en la que extendió la obligatoriedad de impartir al menos un 25 por ciento de las clases en castellano a todo el sistema educativo y no solo a las familias que lo reclamasen. Algo frente a lo que el Govern secesionista ha presentado recurso.

Vulneración de derechos lingüísticos

Según sostiene Vox, la Generalitat sigue "sin adoptar las medidas necesarias para garantizar" la resolución dictada por el TSJC, por lo que preguntaba al Ejecutivo si hará algo al respecto.

En este sentido, el Ejecutivo ha señalado que "ante la posibilidad, si es real y contrastada, de que estuviesen siendo vulnerados los derechos lingüísticos en el ámbito educativo y no cumplieran con lo que establece la norma, el Estado en su conjunto, incluidas las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias, pondrían en marcha los mecanismos de control de la legalidad con respeto del reparto competencial que establece la Constitución española".

Preguntado por si instará a la Fiscalía General del Estado para que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes "en orden a la defensa del interés público por la falta de acatamiento de la sentencia del TSJC", el Ejecutivo ha asegurado que "actúa siempre con respeto a la plena autonomía del Ministerio Fiscal".

Asegurar la plena competencia lingüística

En el marco de su respuesta, el Gobierno de Sánchez ha recordado que para conseguir el objetivo que marca la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), de asegurar que "el alumnado adquiera altos niveles de competencia en las lenguas oficiales", la ley establece que los centros puedan adoptar las "medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua castellana como en la lengua cooficial".

Ha añadido, además, que las administraciones educativas aplicarán en consecuencia los instrumentos de control, evaluación y mejora y promoverán la realización de los análisis necesarios por los centros educativos para alcanzar ese objetivo.