El jefe de los servicios jurídicos del Govern vincula el Estado de Alarma y el 155

Esteve hizo estas reflexiones en el seminario Las relaciones de colaboración y de conflicto entre el Estado y las comunidades autónomas en el marco de la cogobernanza de la Covid-19, organizado por el Institut d'Estudis de l'Autogovern y el Gabinete Jurídico de la Generalitat el pasado 23 de julio. El máximo responsable de los juristas que asesoran al Govern dividió su intervención en cuatro etapas de la pandemia.

Recentralización

Arrancó con la declaración del Estado de Alarma, lo que a su juicio supuso “una recentralización muy importante de competencias. En Cataluña se interpretó como un ataque frontal al sistema de distribución competencial”. En ese sentido, recordó el “contexto de enorme tensión entre Estado y Cataluña” existente en aquel momento, pues “en marzo 2020, habían pasado 20 meses de la intervención de Cataluña por la aplicación del artículo 155” de la Constitución, en respuesta al desafío independentista.

“Hacía pocos meses que había ruido político sobre la reacción ciudadana a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y una amenaza constante de aplicación de la ley de seguridad nacional y la intervención en competencias de ciertas funciones de seguridad". Eso planeaba en el ambiente.

Esteve explicó que Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas en adoptar medidas en España contra el Covid, concretamente el confinamiento en cuenca de Ódena. “No hubo cuestionamiento de ningún tipo, por lo que no era necesario aquel decreto del Estado de Alarma”, sostiene.

Prisas por salir del Estado de Alarma

En una segunda etapa, que sitúa en junio de 2020, el jurista alude a la “prisa del Estado por salir del Estado de Alarma” ante la mejora de los datos pandémicos. Fue entonces cuando comenzó la desescalada y, el 18 de junio, el Govern dicta decreto cogobernanza y el Procicat asume la gestión.

En una tercera etapa –que Esteve llama La cruda realidad–, centrada en julio de 2020, se producen rebrotes y Procicat propone restringir los accesos a la comarca del Segrià. Un Juzgado de Lleida rechazó la medida solicitada por la Generalitat al entender que se trata de “una competencia estatal” que exige “pedir la declaración del Estado de Alarma”. Y en octubre de 2020 “mordemos la fruta del árbol prohibido”, afirma Esteve, quien alude a las diez comunidades autónomas que solicitaron el Estado de Alarma.

Reconocimiento de la labor de los juristas

“El virus, en marzo 2020, era un auténtico desconocido, nadie sabía de sus efectos. En estos meses se ha estudiado, el sistema sanitario se ha preparado, científicamente se han dado vueltas para conocer el virus. Jurídicamente hemos dado mil vueltas, sobre las competencias, si era una situación de alarma o excepción, modificaciones legislativas, polémicas políticas, interacción con el poder judicial… Y tenemos la sensación de que no se ha avanzado en la coordinación entre administraciones, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional”. Se refiere al fallo que declara ilegal el Estado de Alarma.

“En Cataluña se actuó en base a acción/reacción, en función de cómo evolucionaban las resoluciones. La inseguridad jurídica que todavía dura”, según el director de los servicios jurídicos del Govern, quien acabó su intervención con un reconocimiento a la labor de los juristas que forman parte de su equipo: 60 solicitudes de ratificación judicial de medidas, 164 recursos contenciosos, 160 resoluciones conjuntas de consejerías y 39 decretos ley es el balance.