Los empresarios mantienen su macrodemanda tras el golpe del Constitucional al estado de alarma

“Un revulsivo”. Empresarios y autónomos que impulsaron la primera reclamación patrimonial contra el Gobierno por la gestión del Covid están convencidos de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) da la razón a muchas horas de trabajo y argumentos jurídicos que, añaden, son avalados por la jurisprudencia europea.

El TC considera contraria a la Carta Magna la declaración del primer Estado de Alarma, aunque tal como publicó Crónica Global, el fallo podría cerrar la puerta a la posibilidad de reclamaciones por daños monetarios.

No lo ve así PEACovid-19, Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia, pionera en presentar una reclamación patrimonial por vía judicial. “La sentencia ha sido una noticia trascendental para quienes llevamos año y medio defendiendo los derechos de los empresarios y los autónomos. La noticia refuerza nuestro trabajo”, explica a este medio Javier Candela, portavoz de la plataforma. Al igual que centenares de negocios, la pandemia supuso un mazazo para este empresario dedicado a la distribución de bebidas, afincado en Castelldefels (Barcelona).

La primera demanda colectiva

“Una de las bases jurídicas en la que nos apoyamos es precisamente lo que dice el TC”, explica Candela.

La plataforma impulsó a principios de año una demanda colectiva contra el Gobierno y, con carácter subsidiario, contra las comunidades autónomas por los perjuicios sufridos ante la "nefasta" gestión de la pandemia. Son decenas de negocios y muchos prefieren mantenerse en el anonimato, no así las asociaciones como la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña (Fecasarm), Spain Nightlife, Ocio de Canarias e Ibiza, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) o Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM). Las reclamaciones superan en conjunto los 300 millones de euros.

“El Gobierno tomó malas decisiones y existen sentencias europeas que reconocen la obligación de indemnizar a los afectados”, afirma el portavoz de PEACovid-19, que cuenta con el apoyo de un abogado gerundense con una amplísima experiencia, Juli Prat.

Plazos

Tras la reclamación administrativa previa, el Gobierno tenía seis meses para pronunciarse y, en caso de silencio, se presentaría el recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ese período concluyó el pasado 22 de junio, fecha en la que se abrió otro plazo de un mes para formalizar el recurso, en el que reclaman daños y perjuicios contra la Administración General del Estado por la "nefasta" actuación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y demás organismos intervinientes. Mientras tanto, se ha hecho pública la sentencia del TC. Se da la circunstancia de que los demandantes alegaron infracción de preceptos constitucionales y de legalidad ordinaria.

“Esto no va de ideologías, hablamos del pan de nuestras familias”, precisa Candela.