Se autodenomina la "oenegé del catalán", pero en realidad, Plataforma per la Llengua (PpL) actúa como un lobi de presión en las políticas lingüísticas de la Generalitat. Hasta el punto de marcar la postura de la Consejería de Educación ante las sentencias judiciales que obligan a aumentar las horas lectivas en castellano en los colegios.

PpL, unas de las entidades más subvencionadas por el Govern --casi seis millones de euros en diez años--, defiende el monolingüismo escolar en catalán, señala y fomenta la delación de las empresas y comercios que rotulan o etiquetan en castellano e invade patios escolares para fiscalizar el idioma utilizado por los alumnos en sus juegos. El propio consejero Josep Bargalló se desmarcó de ese espionaje, pero ha sucumbido dos veces a la presión de esta plataforma, nacida en 1993, presidida por Òscar Escuder y avalada por un consell consultiu integrado por lo más granado de la cultura procesista catalana: Salvador Cardús, Jordi Font, Josep M. López Llaví, Isidor Marí, Jordi Porta, Jordi Sànchez i Picanyol, Josep M. Terricabras, Miquel Sellarès, Vicenç Villatoro, Miquel Strubell y Abelard Saragossà. A este consejo pertenecieron también el filósofo Fèlix Martí y los fallecidos Isabel-Clara Simó, Albert Manent, Francesc Ferrer i Gironès, Patrícia Gabancho y Joan Triadú.

 

 

Sketch de humor "L'hora catalana" de la Plataforma per la Llengua / PPL

La respuesta a las sentencias lingüísticas

Tal como informó ayer Crónica Global, la Consejería de Educación asume que debe dar respuesta a las sentencias judiciales que obligan a impartir un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano, pero el departamento está dividido entre dos opciones. Así lo explicó el secretario de Políticas Educativas, Carles Martínez, en un encuentro con representantes del mundo local. “Por un lado, aceptar los porcentajes de un 25% en castellano y un 75% en catalán para, de esta manera, garantizar ese porcentaje mayoritario de lengua catalana en todos los centros. Esta postura está apoyada por la Plataforma per la Llengua”, dijo. Otra posibilidad es “no entrar en los porcentajes, pues es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico”, y proponer la elaboración de una nueva ley. “Aquí tendríamos un recorrido de unos tres o cuatro años más hasta la sentencia de Tribunal Constitucional”, añadió Martínez.

Las reflexiones de este alto cargo demuestran hasta qué punto es influyente PpL. Ya lo fue 2018, cuando obligó a Bargalló a dar marcha atrás en su idea de flexibilizar la inmersión, plasmada en el documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural. En ese informe se ponía de manifiesto la necesidad de reforzar en castellano en centros escolares donde el catalán tenía un fuerte arraigo social [puede leerse en este enlace]

El ideario de Plataforma per la Llengua

Y es que PpL no engaña. Entre sus objetivos destaca conseguir que “el catalán sea la lengua común, de cohesión social y de interrelación entre todas las personas de nuestro ámbito lingüístico” --y eso va también por los inmigrantes, a los que dirige numerosas campañas--, así como “garantizar y promover el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos y registros para que esté presente como lengua de pleno derecho”.

Defender los derechos lingüísticos y culturales de las personas que hablan catalán y de las que viven en los territorios de habla catalana es otra de sus misiones, así como “impulsar y colaborar en campañas de normalización lingüística de la lengua catalana”.

Subvenciones

Tal es su empeño en tener una sociedad monolingüe --se muestra muy crítica, por ejemplo, con el uso del castellano en TV3-- que, hace dos años, PpL entró en los patios escolares con la finalidad de fiscalizar el idioma que utilizan los menores en su tiempo de ocio y plasmarlo en un estudio. El escándalo fue mayúsculo y Bargalló se desmarcó del proyecto.

Pero el ideario de la autodenominada oenegé del catalán es premiado anualmente por las administraciones catalanas, especialmente por el Govern que en los últimos diez años le ha pagado casi seis millones de euros en concepto de subvenciones directas para “la realización de actividades relacionadas con la extensión del uso social de la lengua catalana”. Los departamentos de Cultura, Presidencia, Empresa, Justicia, Trabajo y Educación contribuyen anualmente a esas ayudas concedidas a dedo, inmunes a los recortes. Entre 2014 y 2018, la cantidad recibida por PpL ascendió a 620.000 euros al año.