Las causas judiciales han roto el mandato de Ada Colau en Barcelona. La investigación de la Fiscalía Provincial de Barcelona por las subvenciones al Observatori Desc, la imputación de Janet Sanz por el caso Buenos Aires y otra querella vecinal contra Eloi Badia por presunta prevaricación han caído como una cadena de golpes sobre BComú a dos años de las elecciones municipales de 2023.
El gobierno municipal de Barcelona, que forman el partido de Colau y el PSC, ha quedado con el paso cambiado por al menos una investigación de la fiscalía y un caso judicial que se ha enmarañado, con la imputación por cuatro supuestos delitos de la teniente de alcaldía de Urbanismo y número tres del organigrama municipal, Janet Sanz, y la citación de sus técnicos, como avanzó este medio.
Denunciantes: "Investigar irregularidades"
En conversación con Crónica Global, Manuel Miró, de Abogados Catalanes por la Constitución, se congratuló ayer de la decisión de la fiscalía de incoar diligencias por ayudas directas por valor de 3,4 millones de euros al Observatori Desc y Enginyeria Sense Fronteres, entre otras. "Permitirá investigar presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades y personas del entorno de la alcaldesa de Barcelona", defendió el letrado.
"Máxime cuando el cauce elegido para conceder esas subvenciones --continuó Miró--, que es un cauce de excepcionalidad y de recurrencia frente a la anualidad, tiene una finalidad muy evidente". Según el portavoz de los denunciantes, ese fin es "debilitar la competencia competitiva para que otras asociaciones pudieran concurrir a subvenciones por parte del ayuntamiento". El abogado destacó también que esas circunstancias "fueron puestas de manifiesto por el interventor", como explicó este medio.
Comitiva muy superior a la del 'caso Praktik'
Sea cual fuere la opinión del denunciante, hay nervios en el consistorio. Lo demuestra la comitiva que arropó a Sanz en su declaración ante el juez de la sala de Instrucción número 12 de Barcelona por el caso Buenos Aires el lunes. Acudieron los concejales Jordi Martí y Marc Serra (BComú), amén de Albert Batlle (PSC), aunque este último obligado por su condición de edil del distrito donde se encuentra el palacete, que ha propiciado la investigación de la política forjada en las filas de ICV. Se vio también al secretario municipal, Jordi Casas, y la líder de la defensa, la prestigiosa penalista Olga Tubau.
Janet Sanz (c), tras su declaración judicial por el 'caso Buenos Aires' en Barcelona / CG
La representación de primer nivel contrasta con la declaración de bajo perfil que acompañó a Janet Sanz en el caso Praktik, una querella anterior que, también, interpusieron los inversores de un proyecto hotelero en la zona de Drassanes. El caso acabó archivado en 2018, y la concejal exonerada. Políticamente, la teniente de alcalde, que también había sido imputada por prevaricación, se rodeó de una comitiva de menor nivel. Ahora hay algo diferente, y la oposición ha reparado en ello: el núcleo duro de Colau está tocado.
La justicia lo tapa todo
La declaración del lunes y la carga de profundidad de la fiscalía del martes han sentado mal en el gobierno municipal, indican fuentes de su entorno. Han tapado anuncios de mucho calado, como el de la primera gran intervención en las Ramblas de Barcelona tras una reforma que se ha encallado, la renovación de vía Laietana o incluso el lanzamiento del mayor concurso público que licita el ayuntamiento: el de limpieza y residuos urbanos. Se debatió ayer en comisión y Eloi Badia, concejal del ramo, anunció que elevaría el punto al pleno de marzo.
Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica y presidente de Parcs i Jardins / CG
Pero es que el propio Badia está salpicado por una querella vecinal por un plan urbanístico junto a la ronda de Dalt, como adelantó Metrópoli Abierta. La oenegé en la que trabajó antes de entrar en política, Enginyeria Sense Fronteres, es una de las que peinará la fiscalía para saber si recogió subvenciones municipales con arreglo a la ley. De nuevo, los problemas judiciales tapan todo lo demás y empañan la estrategia política de Colau en anunciar grandes proyectos urbanos.
El peor caso: el de Janet Sanz
De las causas judiciales que cercan al gobierno municipal de Barcelona en Comú, hay una que destaca sobre el resto: el caso Buenos Aires. Está citada como investigada Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, pero es que, además, pasarán por la sala de Instrucción número 12 todos los técnicos que participaron en la tramitación de la catalogación del activo. Y la gerente del área, Laia Balagueró. Los denunciantes, la Congregación de la Misión y Londron Private Company, aportarán documentación que, creen, sostiene la comisión de cuatro delitos.
Son presuntas coacciones, prevaricación, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir un delito. A diferencia de la concesión de subvenciones, un proceso administrativo, el caso Buenos Aires está encharcado porque salpica a técnicos municipales e incluso a Jaume Asens, exconcejal de distrito. La causa, que se deberá probar en sede judicial, podría marcar el ritmo de la política municipal en los próximos meses y torpedear la acción política de los comunes en un momento clave: el ecuador de mandato, cuando hay que empezar a finalizar proyectos para venderlos en clave preelectoral.